La persecución política de Pablo Motos y Miguel Lago

En las venideras elecciones autonómicas y municipales, Podemos corre el grave riesgo de no alcanzar el umbral mínimo de votos en muchas plazas como para obtener representación. Y si un partido se desangra territorialmente de ese modo, puede terminar desapareciendo: si el objeto de un partido es el poder y pierde el poder en todas partes, poco a poco va cayendo en la marginalidad (máxime si aparecen otras opciones rivales que contribuyen a desplazarlo del tablero, como sucede con Sumar). De ahí que los de Ione Belarra necesiten llamar la atención: dar que hablar para que se coloque el foco mediático sobre ellos y se movilice a sus votantes tradicionales.

Así se entienden mejor el cartel del candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, insultando como "cayetanos" a los vecinos del barrio de Salamanca, el cartel con la cara del hermano de Díaz Ayuso a cuenta del caso de las mascarillas que la Justicia ya ha archivado, o la negativa de la candidata de Podemos a la Asamblea Regional de Murcia de ceder el atril a la candidata de Más Región-Equo. También así se entienden mejor las declaraciones de Irene Montero a propósito de Pilar Lima: "Eres la alcaldesa que necesita Valencia: una mujer sorda, bollera, feminista, valiente... que no se va a poner de perfil". Si nadie (o casi nadie) conoce a Pilar Lima, ¿qué mejor que soltar una absurdidad (que ser bollera o sorda son cualidades que predisponen a alguien a ser una buena alcaldesa de Valencia) para que se viralice en redes y, tan pronto como algunos lo critiquen, poder victimizarse como si fueran ataques dirigidos a los discapacitados o personas LGTBI?

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No en vano, la primera reacción de Podemos a la mofa que perpetraron dos humoristas, como Pablo Motos y Miguel Lago, sobre las palabras de Montero fue la de victimizarse y dar a entender que la mofa era, no contra Irene Montero, sino contra sordos y lesbianas. Es burdo, pero vamos con ello: si bien, es verdad, nada demasiado distinto a lo que otros partidos no hayan hecho en otras ocasiones. Así es la política, al cabo: tratar de manipular al votante para que se convierta en tu siervo moral.

Sucede que en este caso sí se ha dado un paso que va mucho más allá de la típica toxicidad del discurso electoral: se han instrumentalizado las instituciones públicas para iniciar una cacería política contra estos dos ciudadanos. Así, el Real Patronato sobre Discapacidad (organismo dependiente del ministerio de Ione Belarra) ha amenazado con denunciar a ambos humoristas ante la Fiscalía (que depende de quien ya sabemos): "No vamos a permanecer impasibles ante prácticas que estigmatizan y ridiculizan a personas con discapacidad y abrimos un expediente de queja y lo denunciamos ante la Fiscalía General del Estado por vulnerar el derecho antidiscriminatorio y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por las declaraciones de este vídeo".

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En un Estado de derecho funcional, ni Motos ni Lago tendrían absolutamente nada que temer: más bien al contrario, quienes sí deberían tener mucho que temer son aquellos políticos que abusan de sus cargos para amenazar a ciudadanos particulares a modo de reclamo electoral. Pero en España, el Estado de derecho, la protección de la libertad individual frente a la arbitrariedad de nuestros gobernantes, se halla cada vez más erosionado y debilitado. La aprobación de leyes que criminalizan las palabras por las que otros se sientan ofendidos o la progresiva anulación de los pesos y contrapesos estatales llevan a que este tipo de amenazas políticas contra dos ciudadanos queden impunes e incluso puedan llegar a resultar fructíferas.

Si seguimos colocando el foco sobre las víctimas (Motos y Lago) en lugar de sobre los verdugos (Podemos, por instrumentalizar la Fiscalía desde el Gobierno para amedrentar a dos ciudadanos como parte de su campaña electoral), solo continuaremos avanzando por la senda de la degeneración institucional y de la desprotección del individuo.