Venezuela se convierte en una tiranía totalitaria

Venezuela es, desde hace tiempo, una dictadura. Cuando la oposición ganó de manera rotunda las elecciones al Congreso, Maduro se encargó de anular sus competencias convocando una Asamblea Constituyente cuya composición estuvo impregnada del más obsceno de los pucherazos. Desde entonces, las sanciones de la comunidad internacional fueron continuas para tratar de asfixiar la incipiente tiranía chavista. Sin embargo, a raíz de la crisis energética vinculada a la Guerra de Ucrania, EEUU –y, en consecuencia, su comparsa diplomática, la Unión Europea– inició un proceso de deshielo de las relaciones con el país hispanoamericano con el presunto objetivo de trocar el levantamiento de las sanciones (y la compra de crudo que ello implicaba) a cambio de una progresiva apertura democrática del régimen.

Pues bien, cualquiera que tuviese la más remota expectativa de que este cambalache fuera a funcionar, se habrá deslomado desde lo alto del guindo durante estos últimos días: en lugar de abrirse hacia la democracia y el respeto a las libertades individuales, el chavismo ha pisado el acelerador en la construcción de una tiranía absoluta dentro del país.

De entrada, el régimen de Maduro no solo ha impedido que María Corina Machado, la candidata escogida abrumadoramente por las fuerzas de la oposición (respaldo del 90% en las primarias), concurra a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, sino que hace una semana también impidió la inscripción de la que había sido escogida como su sucesora, la académica Corina Yoris. Este veto a Yoris despertó el repudio de gran parte de la comunidad internacional (con la deshonrosa excepción del gobierno español), incluidos tradicionales aliados de Maduro como pueden ser Petro o Lula. Y es que no había forma de justificarla: Yoris jamás ha tenido cargo público alguno, no pesa ninguna condena sobre ella y es una persona que no se había manchado previamente por el lodo de la política.

Sin embargo, aun cuando este haya supuesto un golpe muy duro contra las libertades de los venezolanos (en tanto en cuanto imposibilita la alternancia pacífica en el poder y, por tanto, su desvinculación de la autocracia chavista), el golpe más duro ha venido esta semana de la mano de la llamada "Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares". El objetivo de esta ley, por decirlo con claridad, no es otro que perseguir, censurar y encarcelar a todo opositor al régimen chavista con el pretexto de que el Estado está luchando contra el fascismo.

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No en vano, el artículo 4 de la Ley define fascismo como "postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional (…) Son rasgos comunes de esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano (…)". Es decir, que (neo)liberalismo y conservadurismo son facetas del fascismo que deben ser perseguidas por la Ley. Y es que, si hubiese alguna ambigüedad respecto a este último punto (si el fascismo requiere que todas las condiciones anteriores estén presentes o solo algunas de ellas), el propio artículo 4 define el neofascismo como "toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo". Por consiguiente, la Ley otorga plena cobertura jurídica en Venezuela para perseguir el liberalismo o el conservadurismo (así como el antifeminismo o el patriotismo).

¿Y qué implica que esta Ley te persiga? Primero, los medios de comunicación que den cabida a mensajes "fascistas o neofascistas" (es decir, liberales o conservadores) podrán ver revocada su licencia o sancionados con muy altas sanciones monetarias (artículo 28). Segundo, las manifestaciones convocadas para defender mensajes "fascistas o neofascistas" (es decir, liberales o conservadores) podrán ser disueltas o prohibidas (artículo 26). Tercero, los partidos políticos con un ideario "fascista o neofascista" (es decir, liberales o conservadores) podrán ser disueltos y, por supuesto, se les prohibirá concurrir a elecciones (artículos 15 y 16). Cuarto, todo aquel que haya defendido ideas "fascistas o neofascistas" (es decir, liberales o conservadoras) en el pasado tendrá prohibido acceder o permanecer en un cargo público (artículo 17). Y, por último, las personas que defiendan en público ideas "fascistas o neofascistas" (es decir, liberales o conservadores) podrán ser encarceladas hasta por diez años. A este respecto, permítaseme adjuntar el artículo 23 de la Ley para despejar dudas: "Toda persona que haga apología o promueva los principios, hechos y métodos propios del fascismo, neofascismo y expresiones similares será sancionada con prisión de seis a diez años e inhabilitación política por el tiempo de condena".

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En definitiva, a través de Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, Venezuela se consagra como una tiranía absoluta y totalitaria: un Estado que vulnera de raíz la libertad de expresión, de conciencia, de asociación, de manifestación y de participación política de sus ciudadanos. Un Estado que suprime toda distinción entre el ámbito político y el ámbito público y entre el ámbito público y el ámbito privado porque todo —absolutamente todo— pasa a tener un significado político que merece ser controlado por el Estado en aras de salvaguardar la revolución, esto es, el chavismo oligarquizado.

Aterroriza pensar, con todo, no solo el abismo liberticida en el que, ya sin cortapisa alguna, pasarán a vivir los venezolanos, sino también que la implantación de esta tiranía totalitaria, contra la que muchos llevamos años alertando, ha contado con el entusiasta respaldo de intelectuales y políticos españoles. Algunos de ellos incluso han llegado a considerar a Venezuela como un modelo del que debería aprender España. Y ahora, esos intelectuales y políticos, que han afianzado este régimen totalitario, callan: ya sea porque están en deuda con él o porque, en el fondo, están de acuerdo con esta legislación totalitarista. O por ambos motivos. Sea como fuere, todo aquel que siga defendiendo el chavismo a estas alturas debería ser considerado un peligro público dentro de España: no para encarcelarlo como haría el propio chavismo, pero sí para que todos los españoles sean conscientes de cuál es el objetivo último de los apologistas de esa tiranía. A saber, implantar el totalitarismo en España en cuanto tengan oportunidad y poder suficiente para hacerlo.