Las ocurrencias antivivienda de Sumar

El acceso a una vivienda es, desde luego, uno de los mayores problemas económicos y sociales a los que se enfrenta España o, como poco, una generación de españoles: frente al período 2002-2011, cuando entre el 60% y el 70% de los hogares de menos de 35 años eran propietarios de una vivienda, en la actualidad apenas alcanzan el 30%. Y no porque hayan optado por sustituir, dentro de su patrimonio personal, el ladrillo por otros activos como la renta variable, sino porque su escasa capacidad de ahorro se ve fagocitada por unos alquileres cada vez más altos y, ante la imposibilidad de ahorrar, tampoco les resulta factible recurrir a la financiación hipotecaria para convertirse en propietarios de un inmueble.

El problema, pues, existe y es muy serio, pero no por ello debería intentar atajarse a través de cualquier ocurrencia o prejuicio ideológico que ponga sobre el tapete nuestra casta política con el más que evidente propósito de captar votos a su favor. Esta semana, por ejemplo, Sumar ha defendido a capa y espada dos medidas que no tienen ninguna lógica si de facilitar la accesibilidad a una vivienda se trata.

La primera, estrangular el alquiler de temporada. La proposición de ley que felizmente acabó tumbando Puigdemont (y que ahora Sumar pretende volver a llevar al Congreso) convertía en alquiler residencial cualquier contrato de arrendamiento de más de seis meses de duración. Eso significa que estudiantes o profesionales temporalmente desplazados a alguna urbe consolidarían el derecho a permanecer en un inmueble entre 5 o 6 años, a que la renta del alquiler no pueda aumentar durante ese período más que el IPC y a que, en aquellas autonomías que así lo dictaminen, se someta a los topes de precios que impone la Ley de la Vivienda, o a una fortísima protección frente al desahucio en caso de impago. Después de que estas mismas medidas hayan destruido el mercado del alquiler residencial, parece que ahora los grupos políticos ambicionan a hacer lo mismo con el alquiler de temporada.

La segunda, prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas para finalidades distintas al uso habitual o al alquiler asequible. Se nos dice que se trata de una propuesta inspirada en Países Bajos, pero es un bulo: en Países Bajos, muchos ayuntamientos han prohibido alquilar, durante cuatro años, las viviendas que se adquieran en zonas tensionadas y cuyos precios se ubiquen por debajo de determinados baremos (por ejemplo, en La Haya, esta restricción solo afecta a las viviendas con un precio inferior a 255.000 euros: las viviendas vendidas a un precio superior, pueden seguir alquilándose libremente).

Tras el control de alquileres en Cataluña, los precios han comenzado a bajar, pero no sabemos si existe una relación de causalidad

Pero es que, además, la evaluación preliminar de los efectos de esta medida resulta más bien descorazonadora: los precios de compraventa no fueron impactados negativamente y, en cambio, los precios de los alquileres sí se incrementaron. La razón es que los inversores sí redujeron su demanda de inmuebles para alquilar (de modo que la oferta de vivienda en alquiler también cayó) pero esa menor demanda inversora fue reemplazada por una mayor demanda final en forma de compraventa (de modo que la demanda total de vivienda en las zonas reguladas no se redujo). Lo único que sucedió, pues, fue una gentrificación de los barrios: en lugar de alquilar las viviendas de las zonas tensionadas a jóvenes con ingresos bajos-medios, esos inmuebles se vendieron a familias con ingresos medios-altos.

Por eso tampoco tiene mucho sentido celebrar, como han hecho varios dirigentes de Sumar, la noticia recogida por este periódico de que, tras el establecimiento del control de alquileres en Cataluña, los precios de compraventa de vivienda han comenzado a bajar. Por un lado, porque no sabemos si existe una relación de causalidad: como la propia noticia indica, los precios de compraventa en Cataluña tocaron techo en julio de 2023 y desde entonces han mostrado una tendencia irregular; por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2023 también cayeron a pesar de que entonces no había en vigor ningún control de alquileres. Por otro, porque, aun cuando la causa de la reducción de precios de compraventa fuera la imposición de topes a los alquileres, el proceso que lo explica (y dado que los alquileres sí siguieron subiendo en el segundo trimestre de 2024) sería similar al del párrafo anterior: parte de la oferta de vivienda en alquiler se redirige a la venta, lo que hace bajar los precios sin necesariamente incrementar la accesibilidad para quienes no tienen capacidad de comprar un inmueble pero sí de alquilarlo.

"Ser de izquierdas implica vivir permanentemente con el miedo de que alguien, en algún lugar, pueda estar ganando dinero"

Por consiguiente, ninguna de las anteriores constituye una solución general al problema de la vivienda (facilitarán la accesibilidad para algunas personas, pero lo reducirán para otras). Y no lo es porque son políticas que se centran en actuar sobre la demanda (bien aumentando su poder de negociación o bien cambiando su composición) o en reprimir la oferta (por ejemplo, mediante controles de precios) cuando el problema clave es de falta de oferta tanto en el presente como previsiblemente en el futuro (recordemos que el Gobierno PSOE-Sumar ha fiado la solución de otro gravísimo problema, el de las pensiones, a la entrada de aproximadamente 300.000 inmigrantes al año, los cuales se convierten en nuevos demandantes de vivienda).

La izquierda nacional bien podría redirigir su discurso en materia de vivienda hacia la propuesta de aumentar sostenidamente la construcción pública de inmuebles (de hecho, algo en esa dirección empieza a dejar entrever tímidamente Sumar), pero como prefiere la batalla propagandística a las soluciones reales, casi todo su arsenal de reformas se dirige a demonizar al inversor, al constructor y al arrendador, esto es, a todos aquellos que, desde el sector privado, deberían contribuir a atacar la raíz de nuestro problema de vivienda. Como suele decir el economista Alex Tabarrok, ser de izquierdas implica vivir permanentemente con el miedo de que alguien, en algún lugar, pueda estar ganando dinero. Tanto peor si está ganando dinero con un bien que se considera esencial. Por eso, para nuestra izquierda, es preferible que el sector privado no invierta, no construya y no alquile inmuebles, aun si ello supone empeorar la accesibilidad a la vivienda del grueso de la población.