Diecisiete pequeñas Grecias

Imaginen un padre de familia y su mujer sentados con el director del banco de la esquina para negociar la ampliación de la hipoteca mientras sus diecisiete hijos aporrean la puerta del despacho reclamándole a sus padres: ¡Papá, dame más dinero! ¡Mamá, súbeme la paga! ¡Papá, dame un adelanto, que no llego a fin de mes! ¡Mamá, paga mis deudas que no tengo dinero! ¡Papá, fírmame un aval para un coche nuevo! Además, mientras el banquero sopesa si conceder o no la ampliación y a qué tipo de interés, observa con preocupación que el matrimonio no sólo no se pone de acuerdo en el control del gasto familiar sino que andan a la gresca denunciándose el uno al otro en los tribunales.

¿Creen ustedes que el director de la sucursal les va a prestar el dinero del banco? ¿Dirían que el banquero está atacando a esta desdichada familia si no se lo presta? Pues bien, algo parecido le ocurre a los inversores con el gobierno español: que tienen dudas razonables —y razonadas— sobre su capacidad para mantener a raya a sus diecisiete “hijos”.

Así las cosas, no debe extrañarnos que la prima de riesgo —la diferencia entre la rentabilidad de los bonos español y alemán— esté en plena escalada, reflejando la triste realidad de que el inversor prefiere prestar su dinero a los aburridos alemanes por un paupérrimo 1,7% (por debajo de la inflación) que a la jaula de grillos que es el estado [de las autonomías] español por un excitante 6%.

Algunos piensan que esto es un ataque injustificado de los mercados —me gustaría saber qué es lo que entienden por los mercados—, y argumentan que España no es Grecia. Y tienen razón: España no es Grecia, no. España son diecisiete pequeñas grecias.

Una por cada comunidad autónoma y cada una con su gobierno, su parlamento, su sistema judicial, su estructura para-estatal de agencias y empresas públicas, sus televisiones autonómicas, su defensor del pueblo, su consejo consultivo, su tribunal de cuentas, su universidad pública en cada provincia y hasta su parque temático financiado con fondos públicos —y al principio de la crisis, podíamos decir que hasta sus propios bancos centrales encarnados en las malogradas cajas de ahorro. Para más detalles sobre este disparate económico les recomiendo leer el interesantísimo informe sobre el coste del Estado Autonómico presentado por UPyD hace justo ahora un año y al que lamentablemente muy pocos han hecho caso (el informe se puede descargar aquí).

Descentralización o descontrol

De Montesquieu es universalmente conocida —salvo quizás para los sufridores de la LOGSE— la separación que promulgaba de los tres poderes del estado —legislativo, ejecutivo y judicial. Ésta, que es una división de carácter horizontal, se complementa con la separación vertical de poderes en los diferentes niveles de la administración —nacional, regional y local— y que es tan necesaria como la primera para garantizar un mínimo de protección al ciudadano frente a los abusos de la coacción estatal.

Lo que habitualmente se obvia es que el espíritu de la división de poderes no es generar islas dentro de las cuales cada uno hace y deshace a su antojo. Su objetivo es más bien asegurar un sistema de contrapesos entre todos los poderes estatales —lo que los americanos llaman el sistema de checks and balances— de forma que se contrarresten mutuamente los unos a los otros en su capacidad de hacer daño y de explotar al ciudadano.

¿Por qué les cuento esto? Porque desde que Alfonso Guerra enterrara a Montesquieu en los años 80, en España más que una división horizontal de poderes tenemos un totum revolutum en el que mandan los partidos políticos, mientras que en la dimensión vertical, tenemos verdaderos cotos privados de los barones regionales, que hacen y deshacen a su antojo sin ningún tipo de control ni responsabilidad ni rendición de cuentas. O sea, diecisiete pequeñas grecias.

Las consecuencias del descontrol: déficit, deuda y sube la prima

Warren Buffet suele decir que cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo y quién no. Cuando nadábamos en la abundancia del crédito, fomentado por los tipos de interés artificialmente bajos, y nos creíamos ricos —aunque vivíamos de prestado— a nadie parecía importarle la duplicación innecesaria de organismos ni los excesos cometidos ad maiorem gloriam de los barones o reyezuelos autonómicos.

Pero la expansión del crédito, como siempre sucede, se detuvo, y estalló la burbuja. Y tras años de crisis, no es que haya bajado la marea, es que el agua nos llega ya por los tobillos. Adivinen cómo nos ha pillado a los españoles con nuestros diecisiete «mini-estados», imagínense qué es lo que ha quedado a la vista de los inversores y pregúntense por qué sube la prima de riesgo.

El hecho es que a estas alturas de la película parece que todo el mundo tiene claro que el Estado de las Autonomías no funciona como debiera. Y los inversores, que serán malditos especuladores —especialmente cuando no compran nuestra deuda pública, como dice Daniel Lacalle— pero no tontos, lo saben tanto o más que nosotros mismos.

Y esto lo ve todo el mundo menos nuestros políticos, que siguen a lo suyo, en su pequeña grecia sin querer enterarse de que lo que verdaderamente estrangula el crecimiento es el déficit y la deuda pública.

Qué puede (y debe) hacer el Gobierno

Afortunadamente hay alguna notable excepción —hay que ser justos—, como son los miembros del partido de Rosa Díez, que no piden menos estado sino cambiar éste de sitio para que sea más eficiente. Además de Esperanza Aguirre en el propio PP, que con inteligencia y oportunidad política se ha unido a la iniciativa de quitar poder a la autonomías para devolvérselo al estado central.

Y aunque, ya que de devolver competencias se trata, uno preferiría que nos la devolvieran a los ciudadanos, siendo prácticos y realistas un buen comienzo sería escuchar estas ideas —que cada vez más son un clamor popular— y tomarlas en serio, en vez de apartarlas de un manotazo como ha hecho Rajoy. Esto tendría un doble efecto: volver a ganar la confianza de los inversores en el gobierno de España y liberar recursos para permitir el crecimiento de la economía privada.