Las cajas de ahorros y las fusiones placebo

La proliferación de noticias sobre presuntas fusiones o “integraciones” de cajas de ahorros puede hacer pensar que se ha iniciado la ordenación de una parte de nuestro sistema crediticio, muy afectado por la crisis inmobiliaria y el declive del conjunto de la economía española. Ojalá fuera así, porque las cajas tienen una importancia capital en el buen funcionamiento del crédito para familias y empresas, además de cumplir un papel social integrador en sus regiones de actuación. Pero da la impresión de que, más que de reestructuración en sentido estricto, se trata de movimientos con tintes lampedusianos, algo debe cambiar para que todo siga igual, para seguir embalsando los problemas reales, mediante la obtención, en algunos casos, de las ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos  y, en otros casos, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, recién creado.

 

Como consecuencia de los procesos de absorciones y fusiones de décadas pasadas, las dimensiones de las 45 cajas de ahorros existentes, salvo las cinco primeras, son bastante homogéneas en cuanto a volumen de activos y también en la composición de los mismos: el sector inmobiliario, compuesto de préstamos a promotores y concesión de hipotecas a particulares, es la estrella del balance de las cajas. Esa actividad es la que les ha permitido crecer hasta representar más del 50% de los activos de nuestro sistema crediticio. De las 45000 oficinas de entidades de crédito casi 25000 son de las cajas de ahorros que, en los últimos 5 años, han crecido un 21%, fundamentalmente en aquellas regiones más destacadas en el boom inmobiliario.

Para hacer posible ese crecimiento se ha recurrido al endeudamiento en los mercados financieros  exteriores, aprovechando los bajos tipos de interés existentes, dando así un giro copernicano a su operativa tradicional, que se basaba en escaso o nulo endeudamiento interbancario, aunque el aumento del negocio fuera más modesto. Pero el cambio abrupto de las circunstancias de los mercados financieros en el verano de 2007 y la caída posterior de la economía real nos sitúa, como país, ante grandes dificultades presentes y futuras, teniendo en cuenta nuestra dependencia del exterior. Las evidencias son  abrumadoras y dramáticas.

Las cajas de ahorros están acusando el golpe, bien es verdad que unas más que otras en función de la gestión que hayan realizado. Por eso, se podía pensar con fundamento que abundarían las absorciones y fusiones para superar la crisis sobrevenida, como la salida natural y menos traumática en materia de entidades de crédito. No resultaba aventurado prever la desaparición de 25 o 30 cajas, con un mapa resultante de alrededor de 15 entidades de ahorros. Estas “nuevas” cajas deberían recuperar su tradición de banca limitada, algo análogo a la narrow banking, dejando las otras actuaciones para una Confederación de Cajas de Ahorros fortalecida y complementaria de aquellas. En mi opinión, ese modelo justificaría la permanencia de las cajas, como entidades de crédito singulares, y merecería el protectorado del poder público, desechando los excesos y omisiones del pasado decenio.

Una  reestructuración así supondría que algunas regiones quedaran sin cajas autóctonas por la imposibilidad financiera de resolver los problemas con entidades de la región, bien por su escaso número bien por la homogeneidad de sus dimensiones. Porque una caja con problemas no debe ser absorbida y/o fusionada con otra de características análogas, que opere además en la misma región. Desde el punto de vista técnico, parece necesario y conveniente recurrir al concurso de cajas de otras regiones para atenuar los riesgos inherentes a toda fusión o absorción obligada por problemas financieros. La pérdida de cajas autóctonas, mejor dicho de marcas, sería una factura poco relevante, si a cambio se consigue mantener la presencia de las oficinas de ahorro, que representarían un sector renovado y homogéneo en sus fines en toda España, como lo fue siempre.

Después de la gran crisis de liquidez del pasado otoño, que obligó a los gobiernos, también al español, a arbitrar medidas urgentes para evitar el colapso del sistema, llegó el momento de pasar a la segunda parte que era abordar la reconversión del mismo: y en España la parte del león son las cajas de ahorros, sin que ello signifique que nuestros bancos sean ajenos a los problemas; lo que sucede en el caso de estos últimos es que el duopolio bancario facilitará su resolución. Para ello se creó meses atrás, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, un instrumento complementario de los ya existentes en nuestro país.

Porque no por casualidad, España es uno de los países europeos con mayor experiencia en el tratamiento de la reestructuración de entidades de crédito: la crisis industrial de mediados de los años 70 del pasado siglo, unida a la gestión imprudente de algunos administradores bancarios, provocó en nuestro país una crisis bancaria, la mayor de Europa entonces, que se llevó por delante más de 50 bancos y requirió ingentes ayudas públicas para superarla. La gestión de aquella crisis saneó nuestro sistema crediticio y puso las bases normativas de los Fondos de Garantía de Depósitos, que se convirtieron en instrumento inapreciable para afrontar los problemas de bancos, cajas y cooperativas de crédito, contando además con el concurso del Banco de España.

Con tales antecedentes y experiencias, había confianza en que el camino se recorrería con dificultades, pero con rigor e independencia. Y hay que esperar que sea así, aunque existen síntomas que suscitan dudas. El nacimiento del FROB, y las controversias competenciales creadas a su alrededor, ha alertado sobre las limitaciones políticas que se derivan del reparto del poder público en España: las Comunidades Autónomas, que tienen amplísimas competencias en materia de cajas de ahorros, hacen valer su poder y no parecen dispuestas a ponerlo al servicio de políticas estatales de ordenación de carácter general, aunque, que se sepa, no disponen de las alternativas financieras, de las que sí dispone el Poder Central. Por eso, éste podría ver mermado el vigor y la autonomía que se requieren para la ejecución de los proyectos de reestructuración del sector del ahorro.

El nudo gordiano de las limitaciones políticas explica, desde mi punto de vista, que se empiecen a plantear movimientos netamente regionales casi endogámicos de escaso valor añadido o chocantes técnicamente. Algunos son francamente irrelevantes y otros meras coartadas para mantener o prolongar mandatos de administradores. La mayoría pueden interpretarse, de forma benévola, como tanteos a las autoridades responsables de la ordenación, con el fin de obtener sus ayudas para las necesidades más perentorias, sin alterar el statu quo. No parece fácil vender tales mercancías cuando de recursos públicos se trata, pero se intenta. En fin, ya se verá en qué paran estos escarceos, porque, desgraciadamente, los problemas son reales y graves hasta el punto de que los placebos no pueden ser ni siquiera pan para hoy y hambre para mañana.