Con una fiscalidad desleal pierden los ciudadanos y ganan las multinacionales

Los comisarios Europeos de Competencia y de Asuntos Económicos publican hoy esta tribuna en exclusiva para los medios europeos que han participado en la investigación del 'caso LuxLeaks'

2014 ha sido el año en el que el mundo descubrió que un «doble irlandés» tiene tan poco whisky como un «sándwich holandés» queso. Lo que sí ha aperecido con frecuencia en los menús fueron los debates sobre fiscalidad equitativa y elusión de impuestos. Hemos asistido a un cambio muy positivo, tanto en la percepción pública como en las posiciones políticas, que reclama medidas para luchar contra el fraude y la evasión fiscales y asegurar que todas las empresas pagan la cuota de impuestos que les corresponde. Este cambio nos ha permitido además entrar en acción: el 2015 será un año crucial para conseguir, gracias a este impulso, resultados concretos.

Actualmente, algunas empresas llevan a cabo políticas de planificación fiscal agresiva lo que es posible por la falta de armonización fiscal en la UE y las lagunas en los sistemas tributarios nacionales. Para ello, recurren a asesorías y a veces incluso a las autoridades fiscales nacionales. Si esta práctica se aplica para favorecer exclusivamente a unas cuantas empresas, ello afecta a nuestro mercado único y perjudica directamente a los ciudadanos europeos que, en una coyuntura económica complicada, se han tenido que apretar el cinturón. Por ello, es más importante que nunca que las grandes empresas paguen la parte de impuestos que en equidad les corresponde.

En sus orientaciones políticas presentadas el pasado mes de julio ante el Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker dejó muy clara su intención de redoblar los esfuerzos para luchar contra la evasión de impuestos y el fraude fiscal.

Hace también sólo unas semanas, los dos autores de este artículo nos dirigíamos junto con los demás comisarios a jurar nuestro cargo ante el Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo. Casualmente, el autocar que allí nos conducía y que había sido alquilado al equipo de fútbol belga de Brujas (¡y que conste que no pretendemos manifestar nuestra preferencia por ningún equipo!) llevaba la inscripción "No sweat, no glory" ("No hay éxito sin sacrificio"), idónea para la ocasión. Como órgano colegiado, la Comisión Europea ha demostrado ya haberse puesto manos a la obra, presentando en un plazo récord un Plan de inversiones de 315.000 millones de euros que contribuirá a reimpulsar el crecimiento en Europa. Y nosotros, comisarios de Competencia y Fiscalidad, tenemos el firme compromiso de seguir luchando contra la competencia fiscal desleal y la evasión de impuestos, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad pero colaborando hacia un objetivo común.

Desde junio del año pasado, la Comisión investiga los llamados tax rulings en varios países de la UE. Nuestros servicios han otorgado carácter prioritario al escrutinio de estos asuntos pendientes y nos hemos comprometido a presentar los primeros resultados de estas investigaciones antes de que concluya el segundo trimestre del año.

Es necesario precisar que los tax rulings no son en sí mismas un instrumento de distorsión. Casi todos los países de la UE recurren a esa herramienta fiscal para aportar a las empresas seguridad jurídica en cuestiones tributarias. No obstante, se ha denunciado que estos instrumentos han sido utilizados indebidamente en beneficio de las grandes sociedades.

Existe una diferencia entre ofrecer un incentivo fiscal a todos y dispensar un trato preferente a algunos, lo que puede equivaler a otorgar una ayuda estatal injustificada. Esta última posibilidad preocupa tanto a los ciudadanos europeos como a la Comisión Europea, que está examinando detenidamente la cuestión. La información procedente del formidable trabajo periodístico sobre el caso Luxleaks nos ha aportado nuevas claves que se tendrán cuidadosamente en cuenta. Sin embargo, necesitamos tener una visión completa de todo cuanto está sucediendo y adoptar para ello un enfoque estructurado.

Por ese motivo, en paralelo a nuestras propias investigaciones en curso, en diciembre solicitamos a todos los países de la UE que nos detallaran sus prácticas en materia de decisiones tributarias. Gracias a esa información podremos fijar un enfoque coherente y formarnos una idea más precisa de la amplitud de las distintas prácticas y los posibles problemas que entrañen.

Hacia un impuesto de sociedades común

Según la hipótesis más pesimista, la competencia fiscal desleal podría crear una competencia a la baja, en la que los distintos países se sintieran obligados a dar a las multinacionales prebendas en forma de desgravaciones fiscales. Quienes pierden en esa situación son los contribuyentes que pagan la factura, las pequeñas empresas que no consiguen competir y los gobiernos nacionales que dejan de recaudar los ingresos fiscales necesarios para construir carreteras, redes eléctricas y colegios. Quienes ganan son las grandes empresas que enfrentan a unos países europeos con otros.

No se trata de un problema limitado a un pequeño número de países de la UE: es un problema europeo que requiere una solución europea. Ese es el motivo que ha impulsado a la Comisión a proponer nueva legislación en el ámbito de la fiscalidad. En la próxima primavera, presentaremos una propuesta sobre el intercambio automático de información en las decisiones tributarias transfronterizas. Consideramos que las autoridades fiscales deben saber qué empresas disfrutan de un trato favorable en otro país y la mayor parte de los Estados miembros de la UE son partidarios de esta medida. Estamos convencidos de que podemos obtener el apoyo de aquéllos que aún se muestran dubitativos.

Hace muy poco tiempo los Estados miembros dieron luz verde a dos propuestas de la Comisión: la primera, dirigida a impedir que las empresas apliquen de forma indebida las normas que configuran el régimen fiscal de las sociedades matrices y sus filiales; la segunda, relativa al intercambio automático de información entre las autoridades tributarias nacionales. Tales iniciativas fueron una respuesta directa a las nuevas reglas de transparencia y cooperación acordadas por los ministros de economía y finanzas del G-20. Si en la última cumbre del G-20 celebrada en Brisbane los líderes mundiales asumieron un compromiso de transparencia en materia de decisiones tributarias, fue por iniciativa del presidente Juncker. Seguiremos impulsando este proyecto en el plano internacional, dentro de la OCDE, donde estamos trabajando en la modernización de las normas fiscales internacionales, labor que concluirá antes de que termine el año.

No obstante, hemos de ir todavía más lejos. La lucha contra la elusión fiscal no consiste en enfrentarse a esas empresas que crean empleo y ayudan a Europa a crecer. Se trata más bien de aportar soluciones transparentes y adecuadas para la actividad empresarial. Ese es el contexto en el que la Comisión se ha comprometido a reactivar su propuesta de base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, cuya adopción significaría que un grupo activo en más de un país de la UE únicamente tendría que atenerse a un conjunto de normas comunes para elaborar su declaración fiscal. Los Estados donde se implantasen las filiales del grupo se repartirían los impuestos. Además de permitir una competencia fructífera en materia de tipos impositivos, esta propuesta erradicaría muchas de las posibilidades actuales de planificación fiscal agresiva.

Ahora tenemos una magnífica oportunidad para hacer la competencia fiscal en el mercado único europeo más equitativa y transparente. Naturalmente, las decisiones en materia de política fiscal han de ser adoptadas unánimemente por todos los Estados miembros de la UE. A pesar de esa limitación, tenemos el firme convencimiento de que debemos aprovechar la dinámica existente. Estas iniciativas no son sino el comienzo de la implantación en Europa de un sistema fiscal más justo, en virtud del cual los beneficios se graven donde se genere el valor. Al mismo tiempo, seguiremos aplicando nuestras normas sobre ayudas estatales cuando consideremos que las ventajas fiscales selectivas falsean la competencia leal. Nuestro compromiso político es muy sencillo: todas las empresas tienen que contribuir en la medida que les corresponde. En 2015 cumpliremos este compromiso.

*Pierre Moscovici es Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros. Margrethe Vestager es Comisaria Europea de Competencia