Las explicaciones pendientes de Bahamas Leaks

El pasado miércoles, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y, en España, El Confidencial y La Sexta, desvelaban un nuevo escándalo fiscal, ahora con epicentro en Bahamas. Como en el caso de la situación política en España, todo esto deja un aroma de 'déjà vu', o de día de la marmota, como prefieran. Sin embargo, es una impresión engañosa: debido a estas revelaciones periodísticas, muchas cosas están cambiando en el mundo económico.

La clave para que funcione un sistema fiscal es la información. Si los estados no pueden conocer la fortuna de los más acaudalados, acabarán necesariamente cobrando impuestos a los de siempre, a los que tienen una nómina y no se pueden escapar. Si esto no es suficiente, a menudo vienen recortes indiscriminados que no solo amenazan el Estado del bienestar, sino también la cohesión social.

Los agujeros negros del sistema fiscal son los paraísos fiscales. En estos territorios no solo hay secreto bancario blindado y bajos impuestos: también, y esto es lo más importante, opacidad y nula cooperación con los demás estados en materia judicial y fiscal. Por eso, los evasores fiscales, y otros delincuentes que quieren esconder el dinero procedente de otros delitos, los blanqueadores de capitales han estado a salvo en estos 'refugios del delito'.

Estos no son los únicos inconvenientes de los paraísos fiscales: la ausencia de información dificulta también la supervisión financiera de los bancos y fondos gestionados desde esos territorios. Durante esta crisis financiera, e incluso antes, como en el caso del 'Long term capital Management', el contribuyente que paga sus impuestos tuvo que socorrer a estos 'aventureros' que operaban sin control desde paraísos fiscales. Por último, las multinacionales utilizan estos territorios para desviar ingentes beneficios, obtenidos obviamente en otros lugares, y no pagar apenas impuestos por sus beneficios.

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Pues bien, todo esto está empezando a cambiar: la luz del sol es el mejor desinfectante. Así, las revelaciones de ICIJ y El Confidencial, en el caso de Lux Leaks, hicieron público un secreto a voces: los acuerdos o 'ruling' que los estados utilizaban para que las grandes multinacionales no pagasen impuestos. Esto tenía mucha relación con los paraísos fiscales: en estos acuerdos, lo que se santificaba era, en muchos casos, la deducibilidad de los pagos a filiales del grupo en paraísos fiscales. Traducido a román paladino, que los grupos multinacionales no acababan pagando impuesto de sociedades en Europa, sino en paraísos fiscales. Es decir, que en muchos casos no acababan pagando impuesto de sociedades en absoluto.

Las autoridades comunitarias han reaccionado abriendo expedientes de comprobación de ayudas de Estado en el caso de los 'ruling'. Evidentemente, una empresa que no paga impuestos compite en desigualdad de condiciones con las que sí los pagan. Estos acuerdos en la práctica son subvenciones, es decir, ayudas de Estado, muy probablemente incompatibles con el derecho comunitario. Como se ha visto en algún expediente reciente, se están exigiendo cuantías muy importantes.

Sin embargo, en relación con los papeles de Panamá, y ahora de Bahamas, quienes tenían que haber reaccionado son los estados. Algunos países como Francia volvieron a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales. En España, no hemos reaccionado, y eso que el Gobierno socialista de Zapatero sacó en 2011 tanto a Panamá como a Bahamas de la lista de paraísos fiscales. El caso de Bahamas es, incluso, más inexplicable que el de Panamá. Por una parte, aquí no hay ningún concurso internacional para adjudicar un contrato millonario como el del Canal donde compitan empresas españolas. Por otra parte, Panamá tiene un sistema fiscal y Bahamas no.

Si se tiene un sistema fiscal, hay mecanismos para que Hacienda consiga información. Si no se tiene, como en el caso de Bahamas, es poco probable que una Hacienda que no tiene un sistema fiscal que supervisar solo trabaje para conseguir información para otras haciendas. De hecho, a Bahamas se la considera un 'candidato' en la lista europea de paraísos fiscales, que está promoviendo la Comisión. Por otra parte, la OCDE considera Bahamas una "jurisdicción no cooperativa".

En fin, estamos hablando de un país que los organismos internacionales consideran un paraíso fiscal, que no tiene impuestos, y que el anterior Gobierno socialista sacó de la lista española de paraísos. Hasta ahora, como en el caso de Panamá, el Gobierno del PP, antes y después de estar en funciones, no ha tomado, que sepamos, ninguna medida para volverlo a incluir.

No solo es una cuestión de sentido común, sino también de respeto al acuerdo de investidura al que llegó el Partido Popular con Ciudadanos

Por esas razones, Ciudadanos solicitó ayer la comparecencia del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. El ministro debería explicar qué ha hecho para atajar el fraude fiscal ligado a estos paraísos fiscales. Como mínimo, debería informar a una opinión pública particularmente preocupada sobre el estado de la cooperación y el intercambio de información con Bahamas y Panamá. Si, como todos sospechamos, no es precisamente satisfactorio, habría que volver a incluir a ambos territorios en la lista española de paraísos fiscales.

No solo es una cuestión de sentido común, y de eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Es simplemente el respeto al acuerdo de investidura al que llegó el Partido Popular con Ciudadanos. En ese acuerdo, como en el acuerdo al que llegamos con el PSOE, recogimos expresamente volver a incluir a los territorios que no colaborasen con la Hacienda española en la lista de paraísos fiscales. Es algo que deberíamos hacer de inmediato, por razones recaudatorias, pero también, sobre todo, de justicia y legitimidad. El Gobierno está en funciones, pero la lucha contra el fraude y el Estado de derecho NO deberían estarlo.

* Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos, presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso e Inspector de Hacienda.