Eliminar las sicavs ataca a la senda de estabilidad

El debate sobre las sicav y su regulación no es nuevo. Ni innecesario. Pero la argumentación sobre su idoneidad o el marco regulatorio a que deben ser sometidas debería alejarse de demagogias e ideologías que, ceñidas al ámbito político y con fines claramente electoralistas -o como pieza de trueque para conseguir ciertos objetivos a corto plazo, como hemos visto recientemente en nuestro actual Ejecutivo- , desvirtúan peligrosamente una realidad aplastante: una sicav es un instrumento utilizado (principalmente pero no de forma excluyente) para invertir en activos financieros que, vaya por delante, si bien tiene un trato fiscal favorable, no cuenta en este sentido con ningún tipo de privilegio con respecto a otros vehículos de inversión ajenos al debate demagógico, como los fondos y planes de pensiones. La sicav es un instrumento totalmente legal, controlado y con garantías. Para inversores y para administraciones tributarias.

Recordemos que una sicav tiene una tributación idéntica a la de los fondos y planes de pensiones, al 1% en sociedades; y las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones para las personas físicas tributan en la base imponible del ahorro que establece el IRPF, entre un 19% y un 23%, en función de las ganancias. Destaquemos también que para crear una sicav se deben cumplir ciertos requisitos, como contar un mínimo de cien accionistas; asimismo, existen restricciones claras a la inversión del capital en ella: debe estar destinada a valores admitidos a cotización y diversificada entre distintas sociedades.

La incertidumbre general sobre su futuro, sumada a la decisión de elevar su tributación tomada por el País Vasco y Navarra durante los años de crisis (con su desaparición en ambos territorios forales como resultado final), han convertido a las sicav en una fórmula de inversión que, si bien ha seguido suscitando interés entre los inversores, ha ido la baja. Según los últimos datos de que disponemos, en España existían en el primer trimestre de 2018 un total de 2.783, el 8,57% menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, el patrimonio de estas sociedades se redujo el 5,78%, hasta los 30.755 millones de euros, con algo más de 419.000 accionistas.

¿Qué implica esto? Entre otras cosas, que incrementar su fiscalidad, modificar de forma sustancial el régimen jurídico o, en el punto más extremo, hacerlas desaparecer en España, implica que estos vehículos se trasladen a otros países de la zona euro, por ejemplo Luxemburgo, donde esta figura está consolidada y muy extendida. El capital y la inversión ligados a las sicav dejarán de aportar a las arcas de nuestro país. Eliminar esta figura supone, en definitiva, un ataque frontal y directo a la línea de flotación de la senda de estabilidad en España que tanto ha costado trazar en los últimos ejercicios.

Desde nuestro punto de vista, las sicav suman. Y sería muy deseable que, dentro de un marco regulatorio claro y controlado -como el que, reiteramos, ya existe- en España se continuase alentando la inversión en ellas. Especialmente y más allá de todo lo expuesto hasta ahora, porque son vehículos que invierten fundamentalmente en compañías españolas. Su eliminación como instrumento de inversión implica que los inversores busquen estas -u otras- estructuras con fiscalidad similar en otros países de la Unión Europea. Como resultado, la economía española pierde una importante inyección de capital y un apoyo clave para la llegada de nuevas inversiones.

*Francisco Gómez-Trenor, director general de Mirabaud & Cie en España.