La maquinaria mediática institucional al servicio del interés partidista

Una moción de censura, dos presidentes y el gobierno más breve de la historia de nuestra democracia. Una legislatura para el recuerdo no exenta de sobresaltos, sin duda. El sanchismo vio consumado en la negativa a la aprobación de sus presupuestos, “los más sociales de la última decada”, el final de su gobierno. Con todo, la comparecencia pública en Moncloa del aún presidente para anunciar el adelanto electoral posiblemente fuera una de sus alocuciones más brillantes, por todo menos por el tufillo a mitin electoral.

“Consolidar el crecimiento económico”, “Mejorar el Estado de Bienestar”, y “Reforzar las instituciones”; las tres líneas maestras de un gobierno legítimo, nacido al amparo constitucional (art. 113), del que se expuso durante algo más de veinte minutos lo que fue su virtuosa composición (profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional en sus respectivos ámbitos de actuación, y un gobierno abierto y europeísta, con el mayor número de mujeres en un consejo de ministros de todos los países de la OCDE); sus principales logros (subida salario mínimo, revalorización de las pensiones e incremento salarial a los empleados públicos), y sus mayores retos pendientes, motivados, claro, por el bloqueo y la parálisis de la Oposición (derogación de la “Ley Mordaza”, derogación de la ley de la reforma laboral, la aprobación de ley de la eutanasia o la ampliación de la cobertura del subsidio por desempleo, entre otras).

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Javier G. Jorrín

Un balance global de un período de casi nueve meses en un escenario apto para la rendición de cuentas, pero poco pertinente, eso sí, para la propaganda política y partidista. Y es que la Moncloa se convirtió en el punto de partida para el arranque de una campaña electoral inminente, donde, además, la fecha fijada para acudir a las urnas deja aún dos largas semanas al Ejecutivo para aprovechar toda la maquinaria del Estado al servicio de su propio interés partidista.

La fecha deja aún dos largas semanas al Ejecutivo para aprovechar toda la maquinaria del Estado al servicio de su interés partidista

Y es que, si Sánchez dio, de forma más o menos sutil, el pistoletazo de salida a la campaña con “algunos mensajes para la ciudadanía española”, mucho más abrupta se mostró su portavoz, Isabel Celaá, quien, durante la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo ordinario, no dubitó en arrancar con un exordio en el que presentó a Sánchez como un hombre “de Estado”, envuelto en la bandera del diálogo, con un horizonte que ofrecer, un futuro que conquistar y un modelo de sociedad que construir para España, con “medidas dirigidas al corazón de los problemas de los españoles”. ¡Bárbaro!

Por desgracia, no es la única vez en tan exiguo período de gobierno que las instituciones, a las que hay que reforzar y proteger, se han visto vilipendiadas por el azote partidista para persuadir a la opinión pública en una u otra dirección. Tómese como referencia el por todos conocido Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, quien aterrizó en el instituto público con un discurso rupturista y optó por implementar, recuerden, “un nuevo método”, que eliminaba la cocina y se valía únicamente del recuerdo de voto (la cocina es el recurso empleado por los sociólogos y analistas electorales para combatir los distintos sesgos de la muestra). Ante lo inverosímil de los resultados y el alud de críticas desatado por parte del resto de partidos y las demás casas de encuestas, Tezanos se retractó y volvió a la cocina para tratar de recomponer su maltrecha credibilidad.

En la misma dirección, hace unos días, una periodista de reconocido prestigio comentaba, con cierto asombro e indignación, los coqueteos del presidente y de su asesor, Monsieur Iván Redondo, con la cúpula directiva de la Agencia EFE en las jornadas previas al debate del Proyecto de Ley de Presupuestos, cuando todo pendía de un hilo y dependía aún de la posición última y definitiva de los independentistas catalanes. Entonces se decidió que podría ser una buena idea filtrar una serie de fechas “tentativas” para la posible convocatoria de Elecciones Generales (con el objetivo de redoblar la presión sobre el bloque independentista).

Sin embargo, lejos de lo que pudieran creer, este tipo de prácticas no son exclusivas del PSOE ni de la era Sánchez, sino que se extienden, a izquierda y a derecha, por todo el arco parlamentario. Piensen en el bloqueo por parte de la Mesa del Congreso, dominada por una mayoría de PP-C’s, de más de una treintena de iniciativas parlamentarias impulsadas por el Ejecutivo socialista con el beneplácito de la mayoría que apoyó la moción de censura. Un bloqueo que no ha estado exento de crispación y que ha derivado en un recurso ante el Tribunal Constitucional por la dilación de plazos y en la calificación como “órgano político” de la Mesa de la Cámara Baja.

En un plano algo más trascendente, que roza el plano de la filosofía política, piensen también en la sonada manifestación en Colón del pasado 10 de febrero. Abrazados a la bandera y a la protección de la Constitución, las tres derechas convocaron y movilizaron a la ciudadanía para “plantar cara”, dijeron, a la rendición del Gobierno a las exigencias independentistas para la ruptura de España. Y allí leyeron un manifiesto. En virtud de los artículos 20 (libertad de expresión) y 21 (reunión, asociación y manifestación pacífica) de nuestro marco constitucional, pudieron hacerlo, claro. Pero ¿Hasta qué punto es responsable concitar la conflictividad social al amparo de la democracia, “la institución-madre” (podríamos decir), con un manifiesto plagado de acusaciones incendiarias contra el Gobierno, en vez de optar por una posición de diálogo alejada de la crispación?

Son solo algunos ejemplos. Podría ofrecerles muchos otros; se trata de una pequeña selección donde se evidencia que la separación de los espacios político y público-institucional no siempre es tan evidente, con el consiguiente impacto en la calidad de nuestra democracia.

A la luz de los acontecimientos, quizá convenga abandonar el criterio de oportunidad política y repensar el relato y la forma, un tanto particular, de comprometerse con el prestigio y neutralidad de nuestras instituciones y, por ende, de su prestigio y credibilidad.

*Alberto Cuena es periodista y politólogo especializado en comunicación política, corporativa e institucional.