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Conducta bancaria y disparos en el pie
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Conducta bancaria y disparos en el pie

Los problemas de conducta no sólo impactan a los consumidores: afectan también a la reputación bancaria, el pago de multas, la capacidad de cargar comisiones y, por tanto, a la rentabilidad

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Alberto Gil Saldaña es autor del libro “SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. MANUAL PRÁCTICO” y director de la empresa de consultoría Alvarez & Marsal

En España hemos vivido recientemente numerosos casos de mala conducta por parte de las entidades financieras y sobre todo las de crédito: las cláusulas suelo, los gastos de formalización de las hipotecas, las hipotecas en divisas, la venta de derivados a clientes minoristas, el índice IRPH, la venta de subordinadas y preferentes, etc. Algunos de ellos tan sonados que han requerido la intervención del Tribunal Supremo, el cambio de leyes en defensa del cliente bancario y que, en general, han saturado el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. El cual ha visto disminuir significativamente el éxito en su gestión tras la crisis, definido éste como el porcentaje de ocasiones en que las entidades rectifican de acuerdo a informes favorables al reclamante redactados por este organismo y que está recuperando en el año 2017 según la última publicación de la Memoria de Reclamaciones 2017: 63,8% en bancos, 57,5% en cooperativas, 52% en EFCs y 27,9% el resto de las entidades. Es destacable el fuerte incremento anual del 177% en las reclamaciones recibidas en 2017, fundamentalmente por la reclamación de los gastos de formalización de las hipotecas.

Estas acciones judiciales, políticas y administrativas son sin embargo casi siempre reactivas, es decir probablemente se podrían haber evitado en alguna medida si se hubiera realizado una supervisión más cercana de la conducta de las entidades a la hora de vender productos indiscriminadamente entre su clientela en su batalla por la rentabilidad. En España las competencias sobre la conducta y competencia de los bancos están repartidas entre 4 organismos: 1) el Banco de España como supervisor bancario que mantiene competencias de conducta tras el traspaso de poderes al SSM; 2) la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), el supervisor de los mercados y por tanto de todos aquellos productos bancarios cotizados en mercados regulados; 3) La Dirección General de Seguros, como supervisor del mercado de seguros y fondos de pensiones, productos también vendidos por los bancos y 4) la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), encargada de la supervisión de la competencia en el mercado, la cual a su vez comparte objetivos con la Comisión Europea (DGComp) en este ámbito.

Foto: Banco de España. (iStock)

De estos organismos el Banco de España, en principio, partiría en una mejor posición para realizar la tarea de supervisión preventiva de conducta de las entidades de crédito, debido a las sinergias con las labores de supervisión prudencial, sin embargo, en los últimos años ha puesto el foco en resolver los problemas derivados de la crisis, lidiar con los cambios regulatorios subsiguientes, reorganizarse internamente y en general en velar por la solvencia de las entidades. La supervisión de la conducta, aunque ha aumentado su número de actuaciones y recursos como se muestra en el gráfico al final, destacando la gran labor realizada en cuanto a gestión de reclamaciones y en la supervisión de la publicidad bancaria, dista mucho de ser proactiva. Probablemente ante la escasez de presupuesto y con buen criterio, el supervisor nacional se ha visto forzado a priorizar los aspectos prudenciales, habitualmente más urgentes durante la larga crisis y que de hecho han causado numerosas bajas entre las entidades. Lo cual ha creado, por otro lado, una concentración no muy deseable desde un punto de vista de la competencia, pero tampoco de la supervisión prudencial.

placeholder El edificio del Banco de España en Madrid. (iStock)
El edificio del Banco de España en Madrid. (iStock)

La CNMV por su parte, sólo es competente sobre aquellos productos bancarios cotizados, dejando fuera los productos de activo y de servicios. Lo mismo le pasa a la DGS que sólo supervisa el ámbito de seguros. Y, por último, la CNMC, que pese a haber realizado estudios interesantes en cuanto a las comisiones bancarias en tarjetas y cajeros, tiene probablemente responsabilidades muy generales como para hacer el foco necesario en banca y productos financieros.

Los clientes bancarios si tradicionalmente estaban en una situación de inferioridad frente a los bancos a la hora de negociar las cláusulas de los contratos por un doble motivo: 1) la falta de conocimientos financieros de la gran mayoría de los clientes, 2) la visión cortoplacista de muchos de los clientes bancarios, ahora lo están aún más por el incremento de tamaño de los bancos. Adicionalmente, al no haber ningún supervisor que tenga como responsabilidad única la conducta bancaria, nada nos garantiza que no surjan nuevos casos de abusos bancarios generalizados.

Los problemas de conducta de las entidades no sólo impactan a los consumidores, afectan decididamente a la reputación bancaria, a la obligación de pagar cuantiosas multas, a su capacidad de cargar comisiones por servicios prestados y como consecuencia de todo ello a su rentabilidad. Justo en el momento en que, como se sabe, los tipos de interés están tan bajos, la presión regulatoria aumenta y las entidades no son capaces de cubrir el coste de capital en muchos casos. Todo ello afecta a las cotizaciones en bolsa agravando aún más el problema. Y sin embargo los incentivos siguen estando en la dirección incorrecta. Es decir, dada la dura batalla por la rentabilidad existente en el mercado, la escasa supervisión preventiva y el gran tamaño de los bancos la conducta en ocasiones se lleva al límite de lo legal con tal de vender.

Los problemas de conducta no sólo impactan a los consumidores, afectan por la reputación, las multas, a la capacidad de cargar comisiones... a la rentabilidad

Por otro lado, hay que tener en cuenta una dimensión que también afecta a los consumidores: la competencia. En el mercado bancario europeo se subsidian los precios de algunos productos frente a otros con el efecto dañino que esto tiene en las entidades más pequeñas que pueden ser echadas del mercado, reduciendo por tanto la competencia; en otros productos, sin embargo, como el préstamo al consumo, se mantienen precios excesivamente altos. Adicionalmente, el hecho de vender gran parte de la nueva producción por debajo del coste implica que las entidades se disparan en el pie vendiendo a precios que no cubren los gastos, alentadas incluso por el BCE con sus famosas TLTROs.

Un supervisor único de la conducta al estilo de lo que existe en el Reino Unido, la FCA (Financial Conduct Authority) con competencias únicas en la materia, incluyendo la vigilancia de la evolución de los precios para promover una competencia efectiva, actuando en los distintos mercados donde compiten bancos y otras entidades financieras, y con suficientes recursos, contribuiría en mi opinión a: 1) prevenir los problemas de conducta de las entidades, 2) mejorar la reputación de las mismas, 3) mejorar la relación con los clientes minoristas, y 4) incluso mejorar la rentabilidad del sector vía una mejora de la imagen de los bancos y los banqueros. Uno de los temas, por ejemplo, donde la FCA ha sido muy activa además de la publicidad de la TAE es en la comunicación de los bancos con sus clientes y la necesidad de informar sobre alternativas, costes y beneficios asociados en productos tan primarios como las hipotecas (switches), los fondos de pensiones, los préstamos al consumo y los de alto coste.

Un supervisor horizontal a través de todos los proveedores de servicios financieros, no sólo bancos, empresas de valores y aseguradoras, sino también fintechs y nuevos participantes en los mercados (sujetos actualmente a menos supervisión) sería deseable desde el punto de vista de la protección del cliente de servicios financieros y a largo plazo, para la rentabilidad del sector.

Por último, una tabla ilustrativa de comentarios anteriores:

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Alberto Gil Saldaña es autor del libro “SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. MANUAL PRÁCTICO” y director de la empresa de consultoría Alvarez & Marsal

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