¿Para qué está sirviendo el inquilinato?

La vivienda ha sido uno de los principales catalizadores del descontento social durante la crisis, los libros de historia explicarán cómo el éxito de Podemos y de los 'ayuntamientos del cambio' no puede entenderse sin la eclosión de movimientos previos, como la Plataforma Antidesahucios, que condicionaron desde el principio la agenda política estatal. Sin embargo, hoy ocurre lo contrario, son los agentes sociales y los medios de comunicación los que están viéndose contagiados por las luchas partidistas y, como resultado de estas, fallan en fomentar un debate informado o en defender los intereses de las partes y parecen más centrados en luchar las batallas 'proxy' de los políticos.

Como seguimos constatando día a día, la polarización y los juegos de poder paralizan la formación de Gobierno, y con ello no se aprueban ni las reformas sociales que muchos ven como imprescindibles ni se actualizan las partidas económicas de los Presupuestos Generales. Y quienes con más vehemencia se enfundan en la bandera del progreso se convierten en los tontos útiles del sistema que pretendían 'tomar por asalto'.

Ya en enero, Unidas Podemos fue decisivo a la hora de tumbar en el Congreso el real decreto sobre la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si bien posteriormente se aprobó otro precario decreto que incluye un índice de precios y aumentaba los plazos de los contratos de tres a cinco años, no se contemplaban otras como los topes legales a la subida de los alquileres. Estas medidas, existentes en otros países como Alemania, vienen defendiéndose también desde hace tiempo por las asociaciones de inquilinos de diferentes ciudades, algunas de ellas constituidas en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, 'el inquilinato'.

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Sin profundizar ni salirse del eslogan, plantean limitar los precios del alquiler, expropiar o multar a los bancos, socimis y especuladores para que alquilen su parque de viviendas vacías, limitar los pisos turísticos y organizar a los inquilinos en "una comunidad capaz de darse apoyo mutuo y asesoramiento en defensa de sus derechos y de hacer efectivas todas sus demandas".

Desde la derecha, los topes al alquiler se han criticado por diversos motivos, algunos de ellos serían que la medida no puede exportarse sin atender al contexto socioeconómico español, que en Alemania esta ley había supuesto un enorme aumento de la economía sumergida, con subidas de precio abusivas y fuera del control oficial, o que regular los precios ataca el principio básico de la oferta y la demanda de la sociedad de mercado.

Y es que ni lo uno ni lo otro, pero como la cosa va de lanzar eslóganes, vale todo.

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El mercado del alquiler alemán, a diferencia del español, está muy profesionalizado. Los alquileres alemanes normalmente no están gestionados por los propietarios sino por gestorías y grandes agencias, todo poderosas ante el inquilino, tan eficientes en caso de retraso de los pagos como veloces e inmisericordes en el caso de desahucios por impago. Por tanto, la exposición legal que implica un mercado profesionalizado hace que difícilmente estas empresas puedan extorsionar bajo cuerda a los inquilinos. España está viendo surgir esta industria gestora, pero todavía está a años luz, quién sabe si para bien o para mal.

La exposición legal que implica un mercado profesionalizado hace que difícilmente estas empresas puedan extorsionar a los inquilinos

En Alemania, el porcentaje de población que vive en alquiler es (según Eurostat) del 48,6%,; en España, ese porcentaje es solamente del 22,9%. Es decir, el alemán medio de las ciudades vive alquilado, independientemente de su edad, género o signo político. En España, ese mismo ciudadano es mayoritariamente propietario. Dicho de otro modo: en Alemania, la propiedad está concentrada en manos de grandes caseros, en España no.

Es por eso que contrariar a los propietarios (una inmensa mayoría) cambiando la LAU, para que establezca precios máximos a los alquileres, puede salirles electoralmente muy caro a los partidos españoles, si esos propietarios no reciben ninguna ventaja fiscal a cambio. Sin embargo, es algo que ningún partido político alemán puede desdeñar. Fue, de hecho, la coalición de conservadores (CDU) y liberales (FDP) la que en 2012 aprobó la actual ley de arrendamientos federal, que impide que los precios del alquiler puedan aumentar más del 15% de la media del precio de los distritos correspondientes, en el periodo de tres años. Esto no implica que los precios no suban, lo hacen y mucho, pero solamente en los nuevos contratos. Además, tampoco parece que alterar las leyes de la oferta y la demanda esté suponiendo un descalabro económico al país.

Contrariar a los propietarios cambiando la LAU, para que establezca precios máximos a los alquileres, puede salirles muy caro a los partidos españoles

El problema se antoja complicado: la sobreprotección a los inquilinos limitó durante décadas la oferta, y las deducciones fiscales por la compra aumentaron su demanda, hasta consolidar la vivienda en propiedad como uno de los principales pilares económicos de las clases medias, un plan de pensiones complementario y la principal herencia que entregaba una generación a la siguiente.

Ni una crisis tan devastadora como la que hemos sufrido ha sido capaz de cambiar una mentalidad tan arraigada en la sociedad. Ofrecer garantías y facilidades de recuperación de la vivienda a los arrendadores fue la forma de intentar fomentar el alquiler y corregir el enorme endeudamiento privado que supusieron las hipotecas, así como el drama para miles de familias que ocasionaron los desahucios por impago de las mismas durante la crisis.

Hallar un punto intermedio que dé garantías tanto al inquilino como al propietario implica un debate complejo, pragmático y alejado de los sectarismos

Por tanto, encontrar un punto intermedio que dé garantías tanto al inquilino como al propietario implica un debate complejo, pragmático y alejado de los sectarismos que llevan al inquilinato incluso a tirar de victimismo para justificar prácticas incívicas como escraches y empapelamientos de fachadas que denuncian injustamente, sin pruebas ni matices, a supuestos especuladores y potentados franquistas. Véase el sonado caso del desalojo de Argumosa 11 en Lavapiés. Un caso convertido en símbolo político y en el que los jueces han dado varias veces la razón a los propietarios.

Cabe hacer también una crítica de forma al inquilinato. Aparte de ser vago e impreciso en sus propuestas, dado que defiende los intereses de una minoría, no debería sobrar nadie para su causa si realmente lo que quiere es cambiar la situación actual de los precios.

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Al escuchar a su portavoz o al entrar en su web, se comprueba el sectarismo de este sindicato, que utiliza, de forma recurrente, palabras como 'inquilinas', 'nosotras' o 'Estado español', formas que actualmente contienen una enorme connotación ideológica. Torpemente renuncian a ser una herramienta de consenso, a ser un grupo de presión útil e influyente (tal y como se autoproclamaron en su acto de presentación), transversal a todos los partidos, incluyendo PP y Ciudadanos. Al alinearse de forma tan clara con un sector de la izquierda que antepone las políticas identitarias al pragmatismo, han hecho de un problema transversal una nueva trinchera ideológica. Se hacen a sí mismos la zancadilla cuando abandonan a todo el que no comulga con su 'pack' ideológico completo, personas que también están necesitadas de un grupo de presión fuerte, que las defienda ante la subida de los precios del alquiler sin renunciar a sus legítimas creencias sociales, éticas o territoriales.

¿No les interesa representar a los inquilinos conservadores, socialdemócratas, centralistas o liberales? ¿Son acaso un sindicato de clase? ¿De qué clase? ¿No se dan cuenta de que precisamente, al abandonar a más de la mitad de sus potenciales miembros, a quien más beneficia su maniqueísmo es a los grandes propietarios y a los fondos buitre? Desde luego, vistos los resultados, parece obvio que su estrategia no está surtiendo ningún efecto y mientras tanto los inquilinos siguen afrontando mes a mes las “subidas abusivas” y los “precios desorbitados” que ellos mismos denuncian.

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La votación del 22 de enero, como la fallida investidura del 25 de julio (en la que a Podemos se le ofreció el Ministerio de Vivienda) demuestran la imposibilidad de sacar adelante un Gobierno que impulse alguna medida de contención de los precios en un contexto de extrema polarización política, donde las emociones y las líneas rojas cuentan más que una realidad transversal. Mientras tanto, los precios del alquiler no bajan. En otro escenario, en el que partidos e 'inquilinatos' precisaran sus propuestas y no intentaran instrumentalizar cualquier causa para su batalla ideológica, sería mucho más fácil llegar a consensos como el alcanzado con los partidos de derecha alemanes.

Pero seamos por un momento igual de cínicos que ellos, aquí no hay una vocación sincera de solucionar el problema, ya que el esfuerzo no parece estar dedicado a buscar puntos de encuentro desde los que legislar sólidamente. La discusión está centrada en demostrar la legitimidad y la pureza ideológica de las ideas defendidas sin conceder nada al contrincante. Y es que a la extrema izquierda le encanta eso de montar organizaciones y asociaciones que aparentan ser “herramientas de la sociedad civil”, cuando realmente son brazos políticos del partido y su verdadera función es que este conquiste el poder. Precisamente por eso el inquilinato no es una herramienta útil, porque aunque nos mienta, ni es ni quiere ser transversal. De haberlo sido, habría presionado públicamente (como hacen en otras ocasiones) para que, por ejemplo, hoy hubiese Gobierno progresista.

*Fernando Caballero Mendizabal y Jaime Caballero Mendizabal son arquitectos.