Valor y precio de la Función Pública Española

Desde hace tiempo las políticas retributivas ponen en serio peligro la excelencia del funcionariado español. Conviene no descuidar la enorme incidencia que tienen sobre la Función Pública

Foto: Reunión de la mesa General de la Administración General del Estado. (EFE)
Reunión de la mesa General de la Administración General del Estado. (EFE)

Sostiene Max Weber en su memorable 'Economía y Sociedad' que los Estados precisan de un cuerpo funcionarial profesional para evitar degenerar en una situación de “terrible corrupción o de una mediocridad vulgar”. En España hemos venido aplicando con rigor los criterios de Weber y consecuencia de ello es que dispongamos de un cuerpo funcionarial que poco o nada tienen que envidiar al Civil Service británico o a los enarcas franceses. Al menos hasta ahora.

Desde hace tiempo se observa que las políticas retributivas seguidas en los últimos años ponen en serio peligro la actual excelencia del funcionariado español. Conviene no descuidar la enorme incidencia que la retribución tiene sobre el nivel de la Función Pública, ya el propio Weber incluía entre los atributos básicos del funcionario profesional la percepción de una retribución suficiente. A idéntica conclusión se llega de la mano de los actuales tratadistas de Recursos Humanos, quienes insisten en que sin una adecuada política retributiva es estéril cualquier intento por captar y retener el talento profesional. Máxima que, siendo las Administraciones Públicas una suerte de empresas de servicios, se entiende plenamente aplicable al Sector Público Estatal. Conforme a ello, y con el propósito de que la modernización de la Administración del Estado no implique el menoscabo de su excelencia, es necesario plantear tres retos retributivos cuya satisfacción no admite mayor demora.

El primero de ello se refiere a que los funcionarios recuperen el nivel adquisitivo previo a la ‘Gran Recesión’, pérdida que, atendiendo a la evolución que tuvo el IPC entre el 2009 y 2019, puede cifrarse para los funcionarios de mayor nivel, los A1, en una medida 140 euros al mes. Cuando el país lo necesitó los funcionarios fueron los primeros en sacrificar parte de su salario y, en este sentido, hay que recordar que la alta función pública no secundó los llamamientos a reiterar protestas como las que en 1997 se hicieron contra medidas mucho menos gravosas que las adoptadas en 2011. No se hizo por sentido de lealtad y ello pese a tener razones sobradas puesto que los recortes se hicieron de forma progresiva y no proporcional. Ello supuso que los funcionarios de mayor nivel soportaran el mayor peso del que equitativamente hubiera correspondido. Tan excesiva fue esa progresividad que produjo situaciones tan difíciles de justificar como que haya complementos salariales con mayor importe para los funcionarios de menor nivel que para los de escala superior. Esa peculiar política retributiva que a menor responsabilidad otorga superior retribución todavía persiste en la actualidad.

Es cierto que ya se han adoptado las primeras medidas para recuperar el nivel de vida que la Función Pública vio reducido durante la crisis, pero se observa en ellas un matiz que implica una grave discriminación. Si los recortes se acordaron progresivamente, su reversión no se está realizando con recíproca progresividad, sino de un modo proporcionado. Ello supone que, salvo rectificación, haya funcionarios que sí van a ver íntegramente restablecido su nivel adquisitivo, mientras que otros solamente la van a recuperar de un modo parcial. Esta discriminación carece de fundamento y urge que esos recortes sean íntegramente deshechos. Si esos recortes fueron progresivamente establecidos, su compensación ha de hacerse con idéntica progresividad.

Una segunda medida a adoptar sería potenciar la carrera horizontal. La, llamada, España vaciada se vacía también de funcionarios y es frecuente encontrar en la Administración periférica funcionarios completamente desincentivados ya que las únicas perspectivas de promoción que se les ofrecen implican un cambio de residencia. Para paliar estas circunstancias numerosas Administraciones locales y autonómicas, e incluso alguna de ámbito estatal como la Agencia Tributaria, han adoptado acuerdos para desarrollar la carrera horizontal, gracias a los cuales se ha podido desvincular la promoción personal del traslado a una gran capital. Este tipo de acuerdo deben ser generalizados, no solo para fomentar la carrera horizontal, sino también para acabar con situaciones como aquellas en las que dos funcionarios que realizan funciones equivalentes, cuando no idénticas, perciben retribuciones muy diferenciadas, con cargo ambas a los Presupuestos Generales del Estado, y sin otra justificación que el sujeto pagador.

Finalmente se observa que desde algunos foros se defiende el incremento de la retribución por objetivos como medio para procurar una indirecta reducción del total de los costes salariales al transformarse en variables retribuciones hasta entonces fijas. Esta estratagema es absolutamente rechazable, puesto que en ocasiones estos complementos se emplean como procedimientos disciplinarios encubiertos y, a veces, como un mecanismo para postergar a los molestos y premiar a los serviles. Por tanto, debería ser ineludible que estos complementos variables se hagan de forma motivada y con cargo a objetivos previamente determinados.

En suma, la retribución de los funcionarios públicos en España viene decreciendo sistemáticamente desde los últimos años y desde 1980 se constata una pérdida del nivel adquisitivo superior al 40%. Resulta, pues, ineludible abordar esta cuestión antes de que tenga consecuencias sobre el nivel y calidad de una Función Pública que es unánimemente aplaudida en ámbitos internacionales. Y es que, la economía nos ha enseñado, que cuando el precio es inferior al valor, o bien se incrementa el precio o ineludiblemente el producto se devaluará hasta el nivel de su precio. Conviene no olvidarlo, como tampoco la corrupción y mediocridad que Max Weber pronosticaba a los Estados que descuidaban su Función Pública.

* Federico Pastor es vicepresidente de Fedeca y Abogado del Estado.

Tribuna
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