¿Quién pagará el capitalismo sostenible y la economía verde?

La resaca de Davos 2020 ofrece un repertorio de buenos propósitos para que las multinacionales y la élite global de empresarios y directivos contribuyan a contrarrestar el auge del populismo, recuperar la confianza en las instituciones políticas y mediar en las guerras comerciales que se avecinan. Todo en el mismo recetario, basado en un conjunto de declaraciones sobre la reducción de las emisiones de carbono, la incorporación de la diversidad a los consejos de administración o la revisión de los modelos de crecimiento para atajar la desigualdad. Ahora es el momento de detallar y rendir cuentas sobre cómo incorporar estas preocupaciones a la toma de decisiones, alinear los intereses corporativos con los sociales y reducir los riesgos políticos.

No soy un ingenuo. La sostenibilidad y el compromiso político de las compañías globales se han asentado en la misión directiva, pero no bastará con una campaña de relaciones públicas o el perfeccionamiento del 'greenwashing marketing' que tanto gustó en los años ochenta del siglo pasado. Porque ahora el riesgo de ignorar estos fenómenos políticos y sociales tiene consecuencias directas en la cuenta de resultados. Algunas industrias dejarán pronto de ser rentables, porque el coste de las cadenas globales de suministro es superior a la digitalización de los servicios o por un cambio en los patrones de consumo de los 'millennials'. Los populismos volverán a elevar las barreras artificiales al comercio y expropiar bienes "nacionales" en una alocada carrera hacia la desglobalización. Los inversores institucionales se olvidarán pronto de la métrica del PIB de la felicidad y de la banca ética, si no encuentran incentivos para el cambio. Y así todo. Por eso, no parece que el compromiso político de los empresarios de Davos sea una realidad, si no viene acompañado de medidas específicas. El activismo político de los directivos no puede ser un asunto de tuits y declaraciones sentidas.

Es clave que el Banco Mundial, la CE y los gobiernos nacionales avancen en sus políticas la variable del cambio de modelo hacia un sistema más verde

El punto de partida es el análisis del coste económico de la transformación de las compañías o, al menos, la inclusión en los balances del riesgo de ignorar las variables sociales (huelga de los chalecos amarillos en Francia, manifestaciones en Chile) o el cambio climático (la anunciada tasa al carbono en frontera y la fiscalidad sobre las energías, incluyendo las fósiles), así como las modas (tanto el 'flygskam' popularizado por Greta Thunberg como la reducción de permisos para las aerolíneas) o el activismo de las marcas (consumo responsable de moda o el uso de vehículos compartidos). Podemos denominarlo el "coste del propósito" y, ahora, preguntarnos quién pagará la fiesta de la sostenibilidad y el capitalismo verde. No podemos esperar que recaiga sobre los accionistas o contra las remuneraciones directivas vinculadas al crecimiento y la cuenta de resultados. Así, es necesario que el Banco Mundial, la Comisión Europea y los gobiernos nacionales avancen en sus políticas económicas e industriales la variable del cambio de modelo económico hacia un sistema más verde, más sostenible, más inclusivo.

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El Pacto Verde Europeo, presentado por la nueva Comisión en diciembre de 2019, puede ser el instrumento que apalanque el cambio y dote de estímulos para un nuevo modelo económico. El objetivo es alcanzar los 100.000 millones de euros para el septenio 2021-2027 y destinarlos a la neutralidad climática, reducir las emisiones de CO2 al 50% en diez años y facilitar una transición económica. Es una apuesta concreta que necesita que las palabras de los directivos que gustan de visitar Davos sean compromisos tangibles, vinculados a su remuneración y evaluados por las grandes auditoras y los bancos de inversión. Este tipo de colaboración entre compañías privadas, el sector financiero y el regulador es la primera garantía para que el coste del propósito no recaiga solo en los accionistas y se desvanezca. Las políticas industriales en la explotación de recursos minerales o marítimos, el coste de los seguros y reaseguros ante desastres medioambientales, los incentivos fiscales para la innovación en agricultura o las tasas al carbón para aminorar el uso del avión son mensajes claros a los consejos de administración: el capitalismo sostenible tiene un precio ahora, con incentivos y apoyo público, o más adelante, sin tiempo para adecuar la producción sin energía fósil o la cadena de suministros.

El reto social de las empresas es emprender un liderazgo transformador y con propósito, pero con bases económicas solventes

Es el tiempo del compromiso cívico de las firmas y habrá que tomar decisiones que afecten a las operaciones (¿cerrar negocios de plásticos?, ¿incrementar el consumo local y reducir las exportaciones hortofrutícolas fuera de temporada?, ¿de verdad necesitamos importar quinoa o aguacates?, ¿mejorar los salarios?). En el trabajo que hemos publicado Borja Bergareche y yo mismo en el laboratorio de ideas de Kreab, señalamos que hay que ir más allá del CEO activista o justiciero que tuitea a deshora. El reto social de las empresas es emprender un liderazgo transformador y con propósito, pero con bases económicas solventes. De otro modo, el fantasma de Milton Friedman volverá a escena para recordarnos que la brújula del propósito es la enésima moda de quienes prefieren un capitalismo de accionistas, aunque la desigualdad, los estallidos sociales y el cambio climático nos lleven por delante.

*Juan Luis Manfredi es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Twitter: @juanmanfredi