Taxonomía europea e inversiones sostenibles: una realidad que ya está aquí

Este año, la ya muy conocida carta que Larry Fink (CEO de Blackrock) dirige todos los años a los Consejeros Delegados, recogía una frase particularmente relevante: "Creemos que la inversión sostenible será la piedra angular de las carteras de los clientes de ahora en adelante".

Pero ¿qué es una inversión sostenible? El pasado mes de diciembre, mientras todos los ojos estaban puestos en la celebración de la COP 25 en Madrid, en el seno de la Unión Europea las instituciones alcanzaban un acuerdo político sobre una materia de especial trascendencia: la taxonomía europea. Se trata de un pilar indispensable de la estrategia de liderazgo que la Unión Europea ha venido adoptando en materia de cambio climático, ya que podría contribuir al aumento de inversiones para proyectos sostenibles.

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Su origen se remonta al 'Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible' presentado por la Comisión Europea en marzo de 2018, y ofrece un sistema de clasificación con un doble objetivo: evitar la fragmentación en el mercado europeo y poner freno al llamado 'greenwashing' o 'blanqueo verde' de algunas actividades que se atribuyen la etiqueta de ser medioambientalmente sostenibles sin tener ninguna acreditación que lo justifique.

El proyecto de reglamento, que afronta sus últimas fases, afecta, por un lado, a las medidas que adopten los Estados miembros con requisitos para los participantes de los mercados financieros o los emisores de productos financieros que se pongan a disposición con la clasificación de medioambientalmente sostenible; por otro, a los participantes de los mercados financieros que pongan a disposición productos financieros; y, por último, a las empresas sujetas a la obligación de publicar declaraciones no-financieras o información no-financiera consolidada.

La normativa propuesta señala que, para ser considerada sostenible, una actividad deberá contribuir significativamente a uno de los seis objetivos siguientes: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición a una economía circular, con prevención y reciclado de residuos; prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Pero adicionalmente, no deberá causar un perjuicio notable a ninguno de los otros cinco, y deberá cumplir con los estándares sociales mínimos y con los criterios técnicos pendientes de establecer.

El Reglamento excluye a los combustibles fósiles de su ámbito de aplicación, pero deja la puerta abierta a otras fuentes de energía como el gas o la energía nuclear (el papel de Francia fue lógicamente relevante), mediante las llamadas categorías de transición o facilitadores. Estas actividades no están excluidas 'per se' del sistema de clasificación, pero deberán demostrar que no causan un perjuicio considerable al medio ambiente.

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¿Y en qué punto estamos? La realidad es que el acuerdo alcanzado es la primera piedra sobre la que hay que construir todo el sistema de clasificación, ya no solo por cada uno de los referidos objetivos, sino también, en clara muestra de la dimensión global y de la importancia de esta regulación, para muy diferentes sectores económicos: el agrícola, el forestal, el manufacturero, el energético, el del transporte, el agua y los residuos, la edificación y las tecnologías de la información y de la comunicación.

Empieza ahora una fase muy intensa de debate y trabajo puramente técnico y de gran trascendencia para todos los agentes económicos. Tras los acuerdos políticos alcanzados por la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo, corresponde a la Comisión Europea desarrollar los llamados actos delegados. Estará asistida por la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, un grupo formado por representantes del sector público y privado que tomará el relevo del Grupo Técnico de Expertos que ha realizado las propuestas sobre las que se basa el actual borrador de reglamento.

Desde 2018, la Comisión Europea pretende evitar la fragmentación en el mercado único y poner freno al llamado 'greenwashing' o 'blanqueo verde'

La taxonomía para los objetivos relativos a la mitigación y adaptación al cambio climático deberá estar concluida a finales de 2020 para que pueda ser aplicable a finales de 2021. Los otros cuatro objetivos tienen un plazo más dilatado ya que el sistema de clasificación ha de estar listo a finales de 2021 para su implementación a finales de 2022.

La taxonomía europea se ha presentado como un lenguaje común para inversores y reguladores. Este lenguaje común ha de servir de puente entre el discurso político y la carga simbólica que para la Unión representa la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático y la necesidad de convertir esa aspiración en una realidad económica.

* Elena Ortiz de Solórzano dirige la práctica europea de Vinces de EU Affairs desde Bruselas.

* Jorge Villarino es socio responsable del Departamento de Regulación y dirige la práctica de Energía y Sostenibilidad