El arbitraje doméstico, asignatura pendiente

El número total de laudos recaídos anualmente en arbitrajes administrados por las cortes de arbitraje es ínfimo si se compara con el número de sentencias dictadas por juzgados de primera instancia

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En cierta ocasión una vecina comentó a mi mujer su extrañeza ante mi dedicación profesional al arbitraje, cuando siempre me veía ir al trabajo de traje y corbata. Probablemente su desconocimiento de este sistema de resolución de conflictos fuese semejante al que tenía del fútbol, puesto que nadie con mi edad (de mi forma física mejor no hablar) suele estar en condiciones de andar por ahí sacando tarjetas o revisando el VAR.

Esta anécdota es, sin duda, un caso extremo pero puede servir de base para plantearse si realmente el arbitraje ha calado en nuestro país. Los que nos dedicamos a la materia --caso va, caso viene, congreso va, congreso viene-- podemos correr el riesgo de caer en la autocomplacencia, pensar que las bondades del sistema son compartidas por todos y que el arbitraje en España va bien. Y aunque no falten motivos de satisfacción, lo cierto es que todavía queda un buen camino por recorrer.

El arbitraje, recordemos, es un sistema por el cual las partes de una controversia, en lugar de acudir al juez correspondiente, deciden que sea un particular (un árbitro) quien la decida. Y, porque la legislación así lo prevé, la decisión del árbitro tendrá los mismos efectos que una sentencia judicial. Podrá ser objeto de ejecución forzosa, si el condenado no la cumple voluntariamente y producirá efectos de cosa juzgada. Las partes, por así decirlo, deciden acudir a la medicina privada en lugar de a la Seguridad Social. Y no hay aquí ni la más mínima crítica al sistema público de salud, como tampoco la hay a la justicia que imparten los jueces y tribunales que integran la Administración de Justicia. Antes al contrario, como luego veremos.

"Falta conocimiento de la institución del arbitraje por la ciudadanía en general y de formación específica de nuestros abogados en particular"

Las ventajas del arbitraje son evidentes cuando las partes son de distintos países, puesto que nadie quiere litigar en el país de su contrario. Por seguir con el símil futbolístico, nadie quiere jugar a partido único como equipo visitante. Esta es la razón de que se acuda recurrentemente al arbitraje internacional, que permite la elección de una sede neutral y la aplicación de unas reglas de procedimiento comúnmente aceptadas, en lugar de aplicar la siempre compleja legislación procesal civil. En nuestro mundo global el arbitraje no es una opción más, sino el único sistema eficaz de resolución de disputas. El árbitro es el verdadero juez natural del comercio internacional.

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando las dos partes del contrato tienen su domicilio en España. En este caso, el arbitraje es una opción alternativa a la jurisdicción. Y lo cierto es que, a día de hoy, el arbitraje doméstico no ha terminado de calar entre nuestros conciudadanos. El número total de laudos recaídos anualmente en arbitrajes administrados por las cortes de arbitraje de nuestro país es ínfimo si se compara con el número de sentencias dictadas por los miles de juzgados de primera instancia. Analizar con un mínimo rigor las causas de este acusado desequilibrio excede con mucho del propósito de este artículo, pero quizás se puedan apuntar dos de ellas.

La primera causa es que los justiciables acuden a los tribunales porque, al igual que sucede con la sanidad pública, la justicia en nuestro país funciona. Podría funcionar mejor, incluso mucho mejor (sobre todo si tuviera más medios), pero decididamente funciona. En términos generales, es una justicia de calidad, independiente y accesible para todos. La otra causa principal del desequilibrio anteriormente apuntado es menos feliz y está motivada por la falta de conocimiento de la institución por la ciudadanía en general y de formación específica de nuestros abogados en particular.

"El arbitraje tiene indudables ventajas, también en el ámbito doméstico, como la rapidez, la flexibilidad, la especialización o la confidencialidad"

El desconocimiento de los abogados empieza con su (falta de) formación. Salvo honrosas excepciones, el arbitraje se despacha con unas pocas lecciones en los estudios de grado. Y, desgraciadamente, el tratamiento que recibe en los másteres de acceso a la abogacía no es mucho mejor. La consecuencia de ello es que los abogados, que se mueven como pez en el agua en los juzgados (conocen la ley de enjuiciamiento y conocen muchas veces cómo enjuician los jueces titulares de los juzgados donde actúan), no tienen familiaridad alguna con el arbitraje, donde no hay una ley con plazos prefijados ni un juzgador predeterminado, sino que cada caso es un traje a la medida. Ese desconocimiento y esa flexibilidad provoca recelos en el abogado no especializado e impide que pueda ofrecer la solución del arbitraje a su cliente. Urge replantearse la cuestión y reforzar la formación en arbitraje en facultades, escuelas de práctica jurídica y Colegios de Abogados.

El arbitraje tiene indudables ventajas, también en el ámbito doméstico. La rapidez, la flexibilidad, la especialización o la confidencialidad no solo son buenas en el comercio internacional, sino para cualquier pequeña o mediana empresa y, cómo no, también para cualquier justiciable. Que si cualquiera de ellos decide dirimir sus conflictos ante la jurisdicción sea por convencimiento en las virtudes de aquella, no por no haber sido debidamente informado de la existencia de un mecanismo alternativo que puede resultarle más conveniente.

David Arias es socio de arbitraje en Herbert Smith Freehills, Madrid.

Tribuna
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