La UE ante el Consejo Europeo: mejor un Fondo con deuda perpetua que eurobonos

Las negociaciones europeas para el diseño de una respuesta conjunta a la crisis económica derivada del coronavirus avanzan correctamente. Tras la aprobación en el Parlamento de la propuesta de la Comisión para movilizar 37.000 millones de euros para la respuesta exclusivamente sanitaria, la pasada semana se reforzaron estas cantidades con otros recursos adicionales que aún estaban por ejecutar en el presupuesto comunitario. Además, el Banco Europeo de Inversiones avanza en la puesta en marcha de su programa de garantías y avales por más de 200.000 millones de euros, el Ecofin adelanta un acuerdo rápido para la cobertura de los sistemas de desempleo (SURE) con deuda comunitaria por 100.000 millones, y el Consejo Europeo debería respaldar la activación del MEDE para la cobertura de los gastos directos e indirectos del coronavirus sin condicionalidad macroeconómica.

Con todas estas medidas, junto a las compras de deuda del Banco Central Europeo y la relajación temporal de las normas prudenciales bancarias, Europa avanza en una estrategia común. Ahora bien, en estos momentos, el cierre del paquete depende críticamente de la discusión pendiente sobre la creación del Fondo de Reconstrucción, que se empezará a debatir en el Consejo Europeo de mañana.

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Es importante reconocer las dificultades estructurales para la puesta en marcha de ese fondo, especialmente de su capacidad para emitir deuda común. La deuda europea siempre ha sido una cuestión tabú en los debates comunitarios. Aún a pesar de que tanto el Banco Europeo de Inversiones o el MEDE emiten deuda mutualizada, o que la Comisión ya ha apalancado el presupuesto comunitario emitiendo deuda común en el European Financial Stability Mechanism (EFSM), e incluso lo han propuesta ahora en el marco del SURE, la posibilidad de diseñar un programa masivo de inversión financiado vía deuda sigue teniendo obstáculos políticos muy notables.

Recordemos que Estados Unidos tardó un siglo en emitir deuda común y solo lo hizo tras la guerra civil que devastó a las antiguas colonias en la segunda parte del siglo XIX. Así pues, estamos ante un momento histórico para la Unión y, reconociendo las dificultades estructurales, todo apunta en la buena dirección, aunque se necesitará aún algo de tiempo para madurar el salto. No dramaticemos la urgencia porque todavía hay muchos detalles que acordar, más allá de la propia creación del fondo.

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En primer lugar, hay que acordar si el fondo se integre o no en el marco financiero plurianual de la Unión. Algunas propuestas encima de la mesa, véase el papel francés, apuestan por el diseño de un vehículo 'ad hoc' que no se vea sometido a las limitaciones legales del presupuesto europeo, y se arbitre a través de un acuerdo intergubernamental. Esta opción eliminaría las dudas sobre la posibilidad legal de emitir un billón o billón y medio de deuda para financiar este instrumento. Sin embargo, su naturaleza intergubernamental eliminaría de la mesa de la negociación el método comunitario y, por ende, al Parlamento Europeo. De este modo, en términos institucionales sería más oportuno seguir las preferencias alemanas, y situar este fondo en el marco financiero plurianual (MFP).

En segundo lugar, y para acomodar el fondo en el MFP, el presupuesto comunitario debería incrementarse extraordinariamente. La Comisión ha sugerido una revisión de su propuesta inicial, elevando su dotación hasta el 2% del PIB comunitario. Este incremento elevaría el techo de recursos propios más allá de los límites de gastos comprometidos, y permitiría efectivamente fondear este instrumento de inversión en los guarismos que la economía europea necesita. En todo caso, todo apunta que el fondo pudiera diseñarle al amparo del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que minimizaría la participación del Parlamento en esa función, aunque no en el destino de los recursos. Habría, pues, que mitigar estos posibles problemas institucionales.

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En tercer lugar, hay que acordar también qué tipo de deuda podría emitir, cuál es la garantía y cómo se podría vehiculizar los recursos obtenidos hacia la economía real.

Por una parte, la deuda debería tener el mayor periodo de amortización posible para que sus pasivos futuros comprometan lo menos posible el margen de maniobra del presupuesto comunitario, que tiene prohibido incurrir en déficit en virtud del TFUE. La deuda perpetúa, como ha propuesto el gobierno español en un magnífico papel, se perfila como la mejor opción.

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Por otra parte, con deuda perpetua o a muy largo plazo, aunque solo sea por el pago de intereses, el presupuesto comunitario deberá hacer frente a esos gastos. Esto refuerza el debate sobre la dotación del marco financiero plurianual, que debe incrementar su base de recursos propios, más allá de posibles garantías adicionales de los Estados. La propuesta de la Comisión ya elevaba la relevancia de los recursos propios, pero este debate aún tiene recorrido en medio de las negociaciones para disponer de una base común y consolidada en el impuesto de sociedades, desplegar impuestos digitales, aprobar un ajuste en frontera sobre el carbono importado o poner a disposición de la Unión los beneficios del BCE.

Por último, bajo estas tres cuestiones pendientes, el Fondo de Reconstrucción no debería transferir los recursos obtenidos a los Estados miembros vía crédito, como sucede en el EFSM o en el SURE. Aquí nos encontramos con otra cuestión central. Los Estados acabarán esta primera fase de la lucha contra la pandemia con unos niveles de deuda pública lo suficientemente elevados como para alimentar dudas sobre su sostenibilidad en algunos países. Además, los mecanismos ya acordados de liquidez ofrecen créditos suficientes. Ni siquiera la emisión conjunta de deuda nacional, una de las versiones de los eurobonos, sería oportuna en esa situación, porque eleva de igual modo los pasivos individuales de los gobiernos (amén de los contingentes). Necesitamos, pues, deuda comunitaria cuya transferencia a los Estados no recargue aún más los pasivos de los gobiernos nacionales, por lo que su traspaso debería inspirarse en el funcionamiento de los fondos estructurales, que ofrecen aportaciones directas.

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Finalmente, y no por ello menos importante, hay que negociar cuál sería el destino del Fondo de Reconstrucción. Por un parte, parece claro que debería alinearse con las estrategias europeas vinculadas al New Green Deal y al proceso de reindustrialización y digitalización de la economía, ambas iniciativas en la actual estrategia de la Comisión. Quizá por ello habría que buscar otro adjetivo para definir este instrumento que debe acompañar el proceso de modernización de la economía europea. Pero su distribución territorial tendría que incorporar un análisis de convergencia, a la vista de los efectos asimétricos del 'shock' sanitario. Y a su vez, el fondo debería dar un apoyo especial a aquellos sectores de actividad que van a sufrir más negativamente los efectos a medio plazo de los cambios de las pautas de consumo que esta crisis va a inducir.

Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen mañana en el Consejo Europeo, con un paquete de medidas de liquidez bastante maduro. El debate sobre el Fondo de Reconstrucción solo ha hecho que empezar y dado el cambio histórico en que puede devenir será necesario aterrizar aún más todas estas aristas por resolver. Confiemos en el avance de las negociaciones en la forma más inclusiva posible, y esperemos un mayor liderazgo por parte de la Comisión. Y no perdamos de vista, por cierto, el debate paralelo sobre la revisión de la regulación de ayudas de Estado, que debe seguir garantizando el 'level play field' en el mercado único. Adelante.

*Jonás Fernández Álvarez. Diputado del Parlamento Europeo y portavoz del grupo socialista europeo en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.