Transparencia y objetividad para restaurar la solvencia de las pymes

Los programas de recuperación y transformación del tejido económico tras la pandemia de covid-19 suponen un enorme desafío para el Gobierno y para las administraciones territoriales, que en los próximos meses deberán asumir su responsabilidad de distribuir con diligencia 140.000 millones de euros procedentes del Next Generation EU. Sin duda, se trata de una oportunidad única para hacer de España una economía más resiliente, ecológica y sostenible; pero para sentar los cimientos de ese futuro prometedor es necesario fortalecer el tejido productivo actual, enfocando la estrategia de financiación pública a restaurar la solvencia de las pymes y dotar a todo el proceso de transparencia y objetividad.

Las pymes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad por la crisis sanitaria: una de cada cinco empresas está en riesgo inmediato de insolvencia. Los avales del ICO resolvieron los problemas de liquidez en un principio, pero la prolongación de la pandemia y las medidas restrictivas para mitigarla están teniendo ya sus efectos negativos sobre los recursos propios, de tal forma que muchas pymes ven limitadas sus posibilidades de invertir y, en última instancia, de sobrevivir. Esta dramática situación no solo se está produciendo, como podría pensarse, en micropymes y pequeñas empresas, sino también está afectando a las 24.000 empresas medianas que soportan el 20% del PIB de nuestro país. El deterioro de su solvencia puede suponer una pérdida irreparable de competitividad para la economía española.

Es prioritario articular fórmulas de financiación atractivas para aquellas empresas que, aun siendo viables, hayan elevado su endeudamiento

La estrategia de financiación pública debe combinar, por tanto, medidas para mitigar los efectos de la pandemia a corto plazo con otras actuaciones que contribuyan a recapitalizar las pymes y a dinamizar la economía a medio y largo plazo. En este sentido, es prioritario articular fórmulas de financiación atractivas para aquellas empresas que, aun siendo viables, hayan elevado su endeudamiento por la pandemia y se vean obligadas a congelar sus inversiones hasta que consigan restaurar su solvencia. Este estímulo público es fundamental para lograr la recuperación porque sin inversión no hay futuro.

Una de las fórmulas más interesantes para dotar de confianza y solidez a las empresas es la concesión de préstamos participativos, un instrumento financiero a caballo entre la financiación de fondos propios y los préstamos a largo plazo. El Estado ya hace uso de esta modalidad financiera para potenciar la inversión en pymes (ENISA 4 y FOND-ICOpyme) con recursos muy limitados, pero con la colaboración de bancos y fondos de inversión es posible ampliar el capital para llegar masivamente a las empresas que lo necesiten, lo que redundaría en beneficio de la economía y del empleo. Una muestra de esta colaboración público-privada es el fondo valenciano de impulso empresarial Impulsa I, que está ayudando a la reestructuración de la deuda de las medianas empresas.

La transparencia de la calificación crediticia

Sea cual sea el instrumento financiero elegido para restaurar la solidez de las pymes, lo que parece evidente es que el estímulo público debe ser selectivo y otorgarse siguiendo los criterios de transparencia y objetividad que deben regir todas las actuaciones públicas.

En la concesión de financiación pública, la calificación crediticia se erige en el instrumento más adecuado para valorar el riesgo de impago y como el mejor mecanismo de control para evitar arbitrariedades. Además, su utilización despeja el camino a la inversión en capital privado en España, todavía embrionaria en comparación con otros países: mientras que en EEUU la inversión en capital privado supone el 10% de los activos de los fondos de pensiones y en Europa ronda el 5%, en España representa menos del 1%. En definitiva, el uso de la calificación crediticia en la financiación pública podría servir para atraer capital, agilizar los trámites en la concesión de ayudas y aportar a todo el proceso las necesarias objetividad y transparencia.

*Alberto Sánchez Navalpotro es consejero delegado de INBONIS, una agencia de calificación crediticia especializada en pymes.