Gastar bien la ayuda a empresas y autónomos

El anuncio del Gobierno de destinar un paquete de ayudas por valor de 11.000 millones a los sectores más afectados por la pandemia es una oportunidad. Pedro Sánchez, a quien le preocupa únicamente el relato y no la realidad, comunicó el paquete sin explicar en qué consistía. Lo que sí declaró fue el objetivo: reforzar la solvencia de empresas y autónomos. Un objetivo que compartimos.

La información que hemos conocido hasta la fecha indica que el Gobierno prefiere que la ayuda se canalice mediante quitas en los préstamos avalados por el ICO en lugar de a través de ayudas directas. Como resultado, la posibilidad de quitas del ICO ha devenido una batalla entre el Gobierno y la banca sobre quién debe asumirlas.

En mi opinión, ese no es el debate relevante.

En primer lugar, porque las líneas del ICO solo cubren una pequeña parte de la financiación de las empresas: según un estudio reciente del Banco de España, cubrieron un 35% de las operaciones de crédito de las pymes entre marzo y junio de 2020. Lógicamente, fuera de este periodo, su peso es probablemente aún menor. Enfocar las ayudas únicamente en las líneas del ICO dejaría fuera a un gran número de autónomos y pequeñas empresas.

En segundo lugar, porque el café para todos, una restructuración generalizada para todas las empresas que han recibido créditos del ICO, no permitiría diferenciar entre empresas viables y no viables, y, en consecuencia, desembocaría en una mala asignación de capital. El resultado sería el uso de dinero público para empresas a las que, o bien no les hace falta o bien para las que ese dinero sería un despilfarro si no pueden evitar el cierre, mientras que empresas que sí lo necesitan para sobrevivir podrían verse excluidas.

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Por último, una quita generalizada a un cierto número de préstamos del ICO podría tener consecuencias inesperadas en la credibilidad del propio ICO, así como un impacto negativo en la posición de los bancos españoles respecto al resto del sistema bancario europeo, donde la exposición del sector a la insolvencia covid es más limitada por la (mucha) mayor generosidad de las ayudas directas a empresas.

Que el árbol no nos impida ver el bosque. Las quitas a préstamos del ICO, en el mejor de los casos, deberían ser una pata de un menú de opciones, no la iniciativa principal.

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El Gobierno debería centrarse en tres pilares fundamentales: reformar los mecanismos concursales y preconcursales, en particular los de autónomos y pequeñas empresas; involucrar a los acreedores públicos en los acuerdos de restructuración de la deuda (no solamente el ICO, sino potencialmente también la Seguridad Social) y acompañar dichas medidas con ayudas directas.

1. Reformar los mecanismos concursales y preconcursales de autónomos y pymes

El pasado 30 de enero, publiqué en El Confidencial una propuesta para desarrollar un mecanismo de restructuración de deudas para pequeñas empresas y autónomos ágil, eficaz y menos costoso. Desde entonces, el debate ha ido avanzando y hemos conocido que el Ministerio de Economía trabaja en una propuesta similar.

Los mecanismos concursales españoles no están preparados para gestionar la previsible avalancha de solicitudes de insolvencia de 2021; todavía menos en el caso de pequeñas empresas. Basta recordar que solo ha habido 93 acuerdos extrajudiciales de pagos de autónomos y pequeñas empresas entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2020, ¡una media de 18 cada año!

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Teniendo en cuenta que los mecanismos preconcursales son clave para que autónomos y pequeñas empresas puedan abordar sus problemas de solvencia antes de que sea demasiado tarde, es indispensable que reformemos el sistema concursal. Para ello, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda la obligación de transponer la directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas. Es fundamental acometer esta reforma para que esté lista antes de que la moratoria concursal expire.

2. Incluir automáticamente a los acreedores públicos en las restructuraciones

Para que el mecanismo de restructuración sea suficientemente atractivo y eficaz para autónomos y pequeñas empresas, es indispensable que se incluya a los acreedores públicos en los acuerdos de restructuración de la deuda (avales del ICO, deudas a Hacienda y Seguridad Social).

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Las entidades públicas, con el objetivo de incentivar las reestructuraciones, deben aceptar automáticamente quitas iguales, e incluso mayores, a aquellas que acepten los bancos. El Estado no tiene la capacidad administrativa ni la información necesaria para distinguir entre las empresas que son viables y las que no lo son. Pero los bancos sí. Por eso, los bancos deben negociar caso a caso las restructuraciones de deuda gracias a la información detallada que disponen sobre las empresas. Para que dicha restructuración sea eficiente y tenga buenos incentivos, el banco debe asumir también parte de la quita; de lo contrario, tendría incentivos para proponer quitas generalizadas a todas las empresas y así poder recuperar el máximo posible de sus créditos.

3. Incluir las ayudas directas

Por último y más importante, las restructuraciones de deuda no serán suficientes para mantener las empresas a flote. Sobre todo, en los sectores más golpeados por la pandemia.

Como en los demás países de nuestro entorno, el Gobierno debe aumentar el apoyo directo a las pequeñas empresas con ayudas que les permitan cubrir sus costes fijos. Hay motivos para la esperanza, puesto que la Comisión Europea publicó el 19 de febrero que había autorizado al Gobierno a realizar ayudas de Estado. El esquema gubernamental consiste en ayudas directas para cubrir costes fijos que no estén cubiertos por otro mecanismo (como los ERTE) a empresas que hayan tenido una caída de facturación superior al 30%. La ayuda llegaría hasta el 70% de los costes fijos no cubiertos excepto para pequeñas empresas, a las que se les cubriría el 90%.

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En última instancia, la clave para conseguir solucionar el problema de solvencia de empresas y autónomos es no perder de vista la prioridad que comparten Gobierno, empresas, banca y trabajadores: minimizar el cierre de las empresas viables para evitar la destrucción de empleo.

*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.