Dependencia: lejos del óptimo

El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones publicado el pasado martes (4/02/20) sobre Envejecimiento activo y saludable traslada una serie de alertas en materia de dependencia en la Unión Europea. La atención a domicilio profesionalizada sigue sin estar suficientemente desarrollada, mientras que los cuidados en el entorno familiar continúan en aumento por la falta de alternativas a precio asequible. Entre otros aspectos destacas también (i) la falta de personal con cualificación necesaria para atender a las necesidades prestacionales y (ii) la persistencia de una clara fragmentación entre los servicios sociales (los que atienden a la dependencia) y la asistencia sanitaria que, en definitiva, afecta a la eficiencia de ambos sistemas.

A nivel nacional, estas alertas coinciden con las conclusiones del último Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta asociación, que constituye un referente en materia de información económica sobre la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD) en las comunidades autónomas, lleva años advirtiendo de las debilidades del sistema y las dificultades financieras que viene atravesando. Teniendo en cuenta que la financiación del SAAD estaba concebida inicialmente al 50% entre Estado y CC.AA., con una participación más reducida de los usuarios a través de los copagos, el Real Decreto Ley 20/2012 supuso un recorte significativo con la supresión del mínimo acordado (o convenido) entre Estado y CC.AA..

Esta norma supuso un punto de inflexión en la implantación del sistema de dependencia, con distinta intensidad entre las CC.AA. en función del compromiso final de cada una de ellas. De hecho, el proceso de recuperación iniciado en 2015, tras el ajuste de los años previos, ha sido posible gracias a la contribución de las CC.AA. y de los propios usuarios. De los aproximadamente 8.250 millones que supone el SAAD en 2018, el 67% está financiado con presupuesto autonómico y el 20% con los copagos de los usuarios. El resto de la financiación, corresponde al nivel mínimo que aporta el Estado que, de acuerdo con el marco legal, debería constituir el 50% de la aportación pública al sistema. El recorte de la Administración General del Estado (AGE) en términos acumulados se estima en unos 5.400 millones de euros, según cálculos del Observatorio.

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No obstante, la situación actual entre CC.AA. pone de manifiesto importantes desigualdades, buena parte de ellas como resultado de una normativa muy distinta en aspectos clave: la determinación económica de las aportaciones de los usuarios y su regulación, el alcance final de las prestaciones o el modelo de gestión por el que se ha optado en cada caso. Esta situación normativa compleja y diversa, sumada a las diferencias regionales de oferta de recursos, con una limitada infraestructura pública e incluso privada para la demanda actual y la que se prevé, provoca que un número significativo de dependientes reconocidos no hayan accedido todavía a las prestaciones, ocasionando un aumento importante en las tasas de limbo, como se le conoce a esta ratio. A cierre de 2019, esta cifra se situaba en el 19% de las personas con derecho a prestación en media regional, con una diferencia entre la máxima y la mínima de 24 puntos porcentuales, lo que evidencia una gran disparidad en el acceso a un servicio social esencial en el que, sin duda, está siendo determinante la comunidad autónoma de residencia del solicitante de este servicio.

A todo ello hay que sumar el progresivo envejecimiento que subrayan todos los organismos internacionales y nacionales. Teniendo en cuenta que la dependencia está estrechamente vinculada a la edad, con datos que avanzan una proporción de dependientes del 50% cuando se superan los 80 años (Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2008), el reto es aún mayor si consideramos que la previsión de crecimiento de los mayores de 80 años es del 21,5% para el periodo 2018-2030 y del 28,5% para los mayores de 65 años.

No obstante, las proyecciones por CC.AA. advierten de una fuerte dispersión desde máximos previstos de crecimiento casi cercanos al 50% a otras en donde su población más envejecida se prevé que registre un fuerte estancamiento. Esta evolución demográfica, sin grandes cambios por flujos migratorios en los próximos años, va a tener sin duda un impacto desigual en las necesidades de dependencia entre CC.AA., y más si se mantienen las diferencias actuales en implantación del sistema.

Gasto en cuidados de larga duración en algunos países miembros de la OCDE (% sobre PIB), 2007, 2016 y 2017

Teniendo en cuenta que el gasto en España en cuidados de larga duración se sitúa en el 0,7% del PIB en 2017 (último dato disponible), a un punto porcentual de distancia de la OCDE, y más de dos y medio con respecto a algunos países nórdicos con modelos de dependencia más desarrollados como el de Noruega o Suecia, es de esperar que las administraciones públicas españolas aspiren a dar una mayor respuesta a las necesidades de un sector cada vez más amplio de la población. Para ello, es imprescindible realizar una planificación de las necesidades, de la oferta de servicios y de infraestructuras, y contar con más información oficial sobre la gestión actual del sistema, que adolece de detalle en materia económica y procedimental.

Por otro lado, el esfuerzo presupuestario no debe recaer única y exclusivamente sobre el sector público, sino que el sistema debe orientarse cada vez más hacia un esquema mixto, en el que los usuarios asuman una parte del coste económico que suponen sus cuidados de larga duración. Este esquema mixto es, por otro lado, el más frecuentemente observado en el análisis comparado internacional. Dado que los flujos de rentas de los solicitantes de este tipo de ayudas pueden no resultar suficientes, resulta imprescindible impulsar el papel de la industria aseguradora, que ya hoy ofrece soluciones a través de una serie de productos financieros y actuariales, entre los que se encuentran los planes de pensiones, los Planes de Ahorro a Largo Plazo (PALP), los Planes de Previsión Asegurados (PPA), los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), las Rentas Vitalicias, las Hipotecas Inversas o los Seguros de Dependencia, entre otros.

Las claves, por lo tanto, para hacer frente a este reto de la dependencia serán aumentar la financiación, mejorar la coordinación entre las diferentes AA.PP. y la información económica y de gestión sobre el sistema, así como impulsar la complementariedad entre el sector público y la industria aseguradora.

*César Cantalapiedra es socio de Afi; Susana Borraz y María Romero son consultoras de Afi.