La tarifa eléctrica española: tres aspectos importantes sobre los que habría que actuar

El extraordinario incremento que ha sufrido el precio de la electricidad en España desde primeros de año ha generado una voluminosa producción de análisis, artículos y declaraciones públicas en que no han faltado, felizmente, algunas consideraciones muy acertadas y oportunas. Por ello, resulta difícil y hasta osado tratar de añadir más opiniones a este intenso debate.

Sin embargo, es inevitable tener la sensación de que, como suele suceder con los temas muy sensibles, se ha hecho una vez más realidad el viejo principio de que los árboles ocultan el bosque. En este caso, la impresión es que la ruidosa discusión registrada hasta el momento tiende a dejar en segundo plano importantes anomalías —que tampoco parecen abordar las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno— que afectan a la tarifa eléctrica en España y que muy probablemente son, si no la causa, sí al menos un factor esencial en la génesis del problema.

Los consumidores españoles, más afectados

Se ha insistido, muy justamente y hasta la saciedad, en que resulta paradójico y hasta extravagante que el fenómeno del fuerte encarecimiento de los precios en el mercado mayorista que afecta a todos los países europeos —impulsado por los extraordinarios incrementos de los precios del gas y del CO2— haya perjudicado sensiblemente más a los consumidores españoles que a los del resto de los países continentales. La paradoja se produce porque lo cierto es que, por directriz comunitaria, los mercados de generación de todos los países de la Unión Europea funcionan según un mismo modelo marginalista, con diferencias entre sí más bien secundarias.

Sin embargo, lo que se dice menos es que en el caso español hay una diferencia esencial: en España, el importe de la tarifa regulada depende, casi de manera inmediata, de las oscilaciones que se registran constantemente en ese mercado marginalista, cosa que no es común a los demás países europeos.

Es normal que en todos los países europeos haya tarifas reguladas, pero suele tratarse de tarifas para proteger a los clientes más vulnerables

En otras palabras, que la tarifa regulada española —destinada en principio a proteger a los consumidores que no desean asumir los riesgos del mercado libre— depende plenamente de las variaciones que pueda registrar un mercado que no está diseñado en absoluto para fijar los precios de consumo. Muy al contrario, ese mercado está concebido para fijar el 'despacho' de las diferentes tecnologías energéticas, mediante un proceso parecido a una subasta, en el mercado de generación en que operan los grandes agentes del sistema.

¿Es lógico que el precio que pagan los consumidores que debieran estar más protegidos esté dictado por las oscilaciones y volatilidades de un mercado diseñado para otra cosa muy diferente? Resulta dudoso. Y, a expensas de conocer con mayor detalle la fórmula, su posible indexación con el mercado a más largo plazo quizá modere el problema, pero difícilmente lo solucionará.

Lo cual nos lleva a otra anomalía del mercado español. Es normal que en todos los países europeos haya tarifas reguladas. Pero se trata habitualmente de tarifas para proteger a los clientes más vulnerables; esto es, equivalentes al bono social existente en España. En nuestro país, a esas tarifas reguladas están acogidos cuatro de cada 10 consumidores domésticos, es decir, un total de 11 millones de clientes.

Así pues, tenemos una tarifa regulada que depende de las oscilaciones de un mercado marginalista que muestra frecuentes periodos de fuerte volatilidad y a la que está acogido el 40% de los consumidores. El panorama se asemeja demasiado a una bomba de relojería.

Diseño y estructura de la factura, ¿cómo afecta?

Hay más: la interioridad de la propia tarifa, es decir, su diseño y estructura. Se habla con todo acierto de la necesidad de 'limpiarla' de los extracostes fiscales y de política energética que pesan muy fuertemente sobre su importe. Sin embargo, rara vez se subraya que pesa también en ella de manera excesiva un elevado término de potencia, propio de una época pasada en la que los costes fijos de la generación de electricidad eran muy elevados, en lugar de dar mayor margen al consumo real y efectivo de electricidad que se fija a través del término de energía.

A corto plazo, la subida del gas y del dióxido de carbono hace que los precios no sean sostenibles por el lado de la demanda

La conjunción de todos estos aspectos y del actual contexto hace que el precio de la energía eléctrica se enfrente a retos muy distintos, tanto a corto como a largo plazo, que ponen en cuestión la supervivencia del actual modelo de mercado marginalista si no se llevan a cabo algunos cambios. A corto plazo, la subida del gas y del CO2 hace que los precios no sean sostenibles por el lado de la demanda, y, a largo plazo, con el crecimiento previsto de las renovables, no serán sostenibles por el lado de la oferta, que requerirá pagos por capacidad para mantener un nivel mínimo de rentabilidad.

Se ha intensificado en España un fuerte debate sobre los precios eléctricos. Excesos aparte, esto es bueno. Pero sería aún mejor si se pusiera un mayor foco en las importantes anomalías que diferencian la tarifa eléctrica española de las vigentes en los demás países comunitarios y en la propia estructura interna de esa tarifa. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que los retos energéticos de un mundo que apuesta por la descarbonización y la electrificación requieren profundos cambios en toda la cadena de valor de la energía.

*Gastón Durand es socio responsable del sector Energía en Mazars.