Gasolineros abandonados

Ya hace más de un mes que ha entrado en vigor el Real Decreto 6/2022, que recoge las medidas urgentes que el gobierno ha determinado para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias que la intolerable invasión de Ucrania por parte de Rusia está teniendo en la economía española.

Una de las medidas estrella es, sin duda, la bonificación de 20 céntimos en todos los suministros de combustible, y parece evidente que puede producir un cierto alivio en las economías familiares y sobre todo en los profesionales que tienen que usar sus vehículos para realizar su actividad.

Sin embargo, parece que se ha obviado que lo que repentinamente ha decretado el gobierno, tiene que ser llevado a cabo por las empresas que se dedican al suministro de esos combustibles, a las que en ningún momento se les ha consultado y las que se encontraron con que en un plazo de 36 horas se les obligó a adelantar un dinero que no tenían en la mayoría de los casos y a poner patas arriba todos sus procesos operativos para adaptarlos a lo que aparentemente el Real Decreto estipulaba.

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Digo aparentemente, porque en la improvisación de la medida ni siquiera se marcaron unas pautas para su puesta en marcha. No se sabía cómo había que hacer un ticket o una factura y nadie era capaz de explicar o aclarar cómo había que hacerlo, y en algunos casos incluso quién era el “colaborador” y cuando digo nadie, me refiero a la propia administración, a la que me temo le pilló esta medida igual de desprevenida que al sector de distribución de combustibles.

La situación actual se puede resumir fácilmente: asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica.

Casi a mediados de mayo, seguimos sin ser recibidos por representantes del Gobierno y la mayoría de las empresas no han cobrado el dinero adelantado en los litros vendidos durante el mes de abril. El anticipo que la mayoría de las empresas pidieron, y que se cobró entre el 5 y el 10 de abril, cuando ya se llevaba desde el día 1 adelantando dinero, cubrió de media hasta el día 20 de abril debido a la falta de criterio y mala información cuando se planificó, por lo que cada gasolinera lleva puesto de su bolsillo más de 25.000 €.

Las delegaciones de la Agencia Tributaria están gestionando el cobro con criterios diferentes, sin duda por la falta de planificación y de información una vez más, lo que está llevando a situaciones absurdas, pero tras las cuales está la angustia de unos empresarios que no saben si mañana van a poder abrir sus empresas y que están acudiendo al crédito privado, con los consiguientes costes, para que sus clientes puedan seguir beneficiándose de la subvención que tan generosamente ofrece el gobierno con el dinero de los empresarios del sector de las estaciones de servicio.

Hay pocas empresas muy grandes, que suponen alrededor del 30% de las instalaciones

Los procesos informáticos aún no se han podido adecuar al 100%, la casuística de medios de pago y descuentos que se ofrecen en una gasolinera son muy variados, fruto de una liberalización del sector que lleva produciéndose desde el año 1.992 en que dejó de existir el monopolio, y ya han empezado las inspecciones para saber si todo se está aplicando correctamente, lo que sin lugar a dudas va a llevar a sanciones administrativas, ya que es imposible cambiar en unos días procesos de años.

Y a todo esto, sale la ministra de turno diciendo que lo que pasa es que las gasolineras se están aprovechando y están subiendo artificialmente los precios para quedarse con esos 20 céntimos de subvención.

La realidad, mal que le pese a algunos, es que el precio internacional de la gasolina y el gasóleo ha subido debido al conflicto bélico y a las sanciones impuestas a Rusia, lo que estaba descontado y asumido desde el principio, y que las medidas que tome el gobierno español no van a influir en esa cotización internacional, pero parece que lo que se quiere con esas esperpénticas declaraciones es desviar la atención de los ciudadanos y buscar un culpable en los empresarios de estaciones de servicio.

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El sector de las gasolineras está compuesto por empresas de muy diverso tamaño. Pocas muy grandes que directamente suponen alrededor del 30% de las instalaciones y el resto formado por pymes y micropymes, en muchos casos autoempleo, que son la gran mayoría.

Lo que han hecho todas las empresas, grandes y pequeñas, es un esfuerzo titánico para que a los ciudadanos les llegue esa bonificación y mejore en lo posible su economía familiar o empresarial, aún a riesgo de la supervivencia de sus negocios.

Lo que está haciendo el gobierno con su actitud y sus declaraciones es causar un daño muy grave a un sector estratégico y esencial para la economía española.