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Perspectivas para 2023: los procesos de reestructuración, en alza
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Perspectivas para 2023: los procesos de reestructuración, en alza

En este contexto de ralentización económica e inflación, adquiere gran relevancia implementar medidas sociales dirigidas a atenuar los efectos de las reestructuraciones

Foto: Foto: Freepik.
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Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de trabajadores afectados por procedimientos de regulación de empleo entre enero y julio de 2022 ascendió a 191.292 personas. De ellos, la gran mayoría corresponde a medidas de suspensión de contrato (78%) y, de forma muy residual, a procedimientos de despido colectivo (7%); el resto se corresponde con medidas de reducción de jornada (15%).

Si comparamos estos datos con los registrados en el mismo periodo del año anterior, observamos una clara mejoría: el número de personas afectadas por procedimientos de regulación de empleo se reduce un 59% y el número de afectadas por medidas de extinción lo hace en un 55%. Estos datos se sustentan en el buen comportamiento de la economía en la primera mitad del año, mejor incluso de lo esperado, gracias a la recuperación del turismo y la producción industrial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado sus previsiones de crecimiento para este año, pasando del 4% al 4,3%.

Sin embargo, tras los recientes acontecimientos derivados de la escalada bélica entre Rusia y Ucrania, se han encendido todas las alarmas. En su reciente informe ('World Economic Outlook', WEO), el Fondo Monetario Internacional ha reducido en ocho décimas el crecimiento esperado para España en 2023, situándolo en el 1,2%, en línea con las previsiones realizadas por otros organismos como la OCDE (1,5%), Banco de España (1,4%) o BBVA (1%). Recordemos que en abril las previsiones de crecimiento eran del 3,3%, lo que pone de manifiesto la velocidad con que se está deteriorando la economía.

"Europa será la economía más dañada: la eurozona tan solo crecerá un 0,5% (siete décimas menos de lo esperado)"

La situación es incluso peor en los países de nuestro entorno. Europa será la economía más dañada: la eurozona tan solo crecerá un 0,5% (siete décimas menos de lo esperado), con Italia y Alemania previsiblemente en recesión, con un descenso esperado del 0,2% y del 0,3%, respectivamente. A nivel mundial, se prevé un crecimiento del 2,7%, con un estancamiento de la economía estadounidense (1%) y un más que moderado crecimiento de China (4,4%), muy por debajo de la media en los últimos años (9%).

Este contexto de ralentización económica se ve agravado por una inflación que no tiene signos de remitir. Se estima que pueda alcanzar un máximo del 9,5% a nivel mundial, con el riesgo de la temida 'estaflación': caída de PIB y del empleo y aumento de los precios. El incremento de los precios tendrá un importante efecto en los costes empresariales debido a la vinculación de los salarios con el IPC, previéndose conflicto en la negociación de los convenios colectivos. Tampoco debemos olvidar el efecto que pueda tener la subida descoordinada de tipos para controlar la inflación, ya que pueden terminar de ahogar el ya de por sí débil crecimiento económico.

"Estas circunstancias, unidas a la proximidad de la crisis de 2020, hacen prever un aumento de los procesos de reestructuración en nuestro país"

Por su parte, el aumento descontrolado de los precios energéticos seguirá elevando los costes de producción (directos e indirectos), dañando de forma significativa la competitividad de nuestras empresas. A ello debemos sumar las tormentas que comienzan a vislumbrarse en el sector inmobiliario, con una previsible caída de precios antes de finalizar el año y donde se comienza a hablar de una nueva burbuja inmobiliaria.

Todas estas circunstancias, unidas a la proximidad de la crisis de 2020, hacen prever un aumento de los procesos de reestructuración en nuestro país en lo que queda de año, y muy especialmente en 2023. Desde la vuelta de verano se ha incrementado un 400% el número de consultas relacionadas con estos procesos, especialmente en el sector industrial y particularmente en los sectores electrointensivos y manufactureros.

En un contexto como el descrito, adquiere gran relevancia implementar medidas sociales dirigidas a atenuar los efectos de las reestructuraciones sobre las personas y también sobre los territorios.

Programas de recolocación

Tras la reforma laboral de 2012, las empresas que realicen un despido colectivo que afecte a 50 o más trabajadores están obligadas a presentar un programa de recolocación orientado a mejorar la empleabilidad y facilitar la reinserción laboral de los trabajadores afectados. El denominado Plan de Recolocación Externa debe tener una duración mínima de seis meses y ha de contener medidas de orientación e intermediación laboral, así como acciones formativas dirigidas a la capacitación y recualificación profesional.

Nuestro último 'Informe de Outplacement' —donde se analizan 10.593 casos de candidatos que han iniciado un programa de recolocación en 2021— demuestra la alta efectividad de estas medidas. El tiempo medio de recolocación de nuestros candidatos es de 5,4 meses, frente a los más de 14 meses que de media tardan el resto de desempleados en encontrar un empleo. También cabe destacar la estabilidad y calidad de las recolocaciones —el 86% son de larga duración o indefinidas y el 43% mejoran o mantienen su remuneración—, así como el mayor peso que están adquiriendo el autoempleo o creación de negocio, elevando hasta un 12% el porcentaje de personas que optan por esta alternativa.

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de implementar medidas de acompañamiento social que mejoren la empleabilidad de las personas y aceleren su proceso de transición profesional.

Planes de reindustrialización

En muchos casos, las reestructuraciones —especialmente los procesos de deslocalización y/o cese de actividad— tienen un gran impacto no solo sobre las personas, sino también sobre los territorios. Los planes de reindustrialización tienen como objetivo atraer y/o desarrollar proyectos empresariales que restituyan los niveles de actividad y de empleo en las zonas afectadas, que diversifiquen el tejido empresarial existente y que contribuyan a recuperar un dinamismo económico que garantice la cohesión social y territorial.

Francia es un claro ejemplo en la protección de su industria, y en este sentido la ley obliga a las empresas a desarrollar ambiciosos planes sociales y de reindustrialización. Concretamente, para las empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores, la compañía y el prefecto (representante del Estado en un departamento o una región) deben fijar de común acuerdo las medidas de reactivación económica que permitan contribuir a la creación de empleo. En las compañías de más de 1.000 trabajadores, la aportación financiera de la empresa a la reindustrialización no puede ser inferior al doble del importe mensual del salario mínimo profesional por cada empleo suprimido.

"En la nueva Ley de Industria, se plantea la inclusión de medidas que fomenten estos planes en contextos de reestructuración"

Si bien en España la ley no obliga a impulsar planes de reindustrialización, son cada vez más las empresas en reestructuración que apuestan por estas medidas de responsabilidad social corporativa. Entre las más recientes, cabe destacar Nissan, Endesa, Siemens-Gamesa, Danone, Mahle, Vestas, Ardo o Vesuvius, entre otras. Estas iniciativas, en muchas ocasiones propuestas por los representantes de los trabajadores durante el periodo de negociación, facilitan la consecución de acuerdos en los despidos colectivos y contribuyen a mantener la paz social y a preservar la reputación de la compañía.

En la nueva Ley de Industria, se plantea la inclusión de medidas que fomenten planes de reindustrialización en contextos de reestructuración, dentro del objetivo de que la industria alcance el 20% del PIB, al ser este un sector clave para el crecimiento equilibrado y sostenible y para la creación de empleo de calidad.

* Marcos Huergo es SVP LHH South Europe (Grupo Adecco).

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de trabajadores afectados por procedimientos de regulación de empleo entre enero y julio de 2022 ascendió a 191.292 personas. De ellos, la gran mayoría corresponde a medidas de suspensión de contrato (78%) y, de forma muy residual, a procedimientos de despido colectivo (7%); el resto se corresponde con medidas de reducción de jornada (15%).

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