El salario mínimo en España y su evolución previsible durante 2023

Ha llovido mucho desde que en 1894 se estableció en Nueva Zelanda, por primera vez en todo el planeta, un salario mínimo (SMI) para todos los trabajadores. Y, sin embargo, el debate sobre su función, o más bien sobre sus efectos de todo orden continua, sin que hayamos alcanzado un mínimo consenso sobre ello en el ámbito académico ni en el político. En España, como muchos avances del Estado de bienestar, nos llegó tarde, en enero de 1963.

El argumentario sobre los perversos efectos de una subida del SMI sobre el crecimiento económico, y en particular, sobre el empleo, está ampliamente extendido a través de instituciones de todo tipo y de los medios de comunicación. Véanse a este respecto los informes del Banco de España, por ejemplo, en cada ocasión que se decreta por las autoridades económicas competentes una subida del valor de dicho instrumento de política salarial (con o sin consenso con los interlocutores sociales). Y, sin embargo, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones anteriores (por ejemplo, en este mismo periódico el 12/12 de 2016), la evidencia empírica sobre los hipotéticos efectos negativos en el empleo (y, en consecuencia, sobre el Bienestar) no es, para nada concluyente. Es más, en la literatura económica especializada podemos encontrar también abundancia de trabajos que refrendan efectos positivos para el empleo y la evolución socioeconómica de la implantación del SMI, allí donde no existía, o de un incremento del mismo.

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Durante estos días, el SMI vuelve a ser uno de los grandes temas de discusión. Lo cierto es que el debate se ha adelantado en el tiempo porque, como es sabido, la negociación (artículo 27 del ET) solo exige la consulta del gobierno con los interlocutores sociales y se solía realizar durante los últimos días de cada año.

En España, desde su implantación en 1963, el salario minino ha seguido una evolución sujeta a la dinámica de la inflación, a veces, de la productividad laboral, las menos, y de la orientación de los gobernantes, las más. Desde su implantación legal hasta el año actual, su evolución ha atravesado diferentes etapas. En sus cuatro primeros años de andadura se devaluó en un 25%. En términos reales, entre 1966 y 1983 el SMI se multiplicó por 2,5. Pero entre 1984 y 2003 perdió casi un 10% de su valor real. En el sexenio 2004-2009, se revaluó más de un 15%, para volver a caer después en torno a un 5%. Y en el cuatrienio siguiente, se incrementó en más de un 40%. Durante el periodo democrático, los años de crecimientos significativo del valor real del SMI coinciden con la presencia de gobiernos de centro o de carácter progresista (1977-85, 2004-2008 y 2018-2020). En conjunto de este medio siglo, sin embargo, los precios han crecido significativamente más deprisa que el valor nominal del salario mínimo.

El SMI en la actualidad

En el momento actual, como es sabido, a través de diversos procedimientos que han variado a lo largo de los últimos años, en ocasiones con acuerdos de carácter tripartito y en otras a través de acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales, el Gobierno actual ha tratado de impulsar un proceso de crecimiento intenso del salario mínimo de acuerdo con lo establecido en el Programa de la Coalición formada entre el PSOE y Unidas Podemos, al conformar gobierno en 2018.

El objetivo fijado entonces era que el SMI debía alcanzar en España en el horizonte de 2023 un nivel equivalente al 60% del salario medio, de acuerdo con el tradicional objetivo fijado a este respecto en 1996 en la Carta Social Europea.

Por supuesto, teniendo en cuenta el nivel de partida en 2018, alcanzar en 2023 un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio supondría un enorme esfuerzo para aquellas empresas con salarios situados en la parte baja de las retribuciones medias. Esfuerzo que ya se ha ido absorbiendo en los años anteriores, sin que, hasta la fecha, a nuestro juicio, se haya percibido un impacto significativo sobre los niveles de empleo o sobre la dinámica económica. En 2017 el SMI (en 12 pagas anuales) era en España de 825,7 euros y alcanzaba durante 2022, también en 12 pagas anuales, 1.166,7 euros, lo que representaba un incremento del 41,2%. Si a dicho incremento se le añade lo que podría ser el cumplimiento final del objetivo del 60% del salario medio existente durante 2023 como cuantía del SMI vigente el año próximo, podríamos situar el SMI de 2023 en alrededor de 1.050 euros en 14 pagas mensuales (1.225 si el cómputo se hace en 12 pagas mensuales). Ello representaría un crecimiento adicional de alrededor del 5% respecto del nivel actual (a añadir al 41% registrado por SMI en el periodo 2017-2022). A ello habría que sumar el incremento que hayan experimentado los salarios en media, para mantener esa paridad del 60%.

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EFE

Cuando el SMI alcance el nivel socialmente definido como adecuado en relación con el salario medio, un nivel que el gobierno fijó en su día en el 60%, la política de salario mínimo no debería alejarse de la evolución experimentada por el conjunto de los salarios. Téngase en cuenta que, desde el punto de vista económico y en términos comparados, el factor relevante es el nivel de nuestro salario mínimo en relación con la productividad media del trabajo vigente en los países de nuestro entorno. Si, por ejemplo, comparamos nuestra relación de SMI y productividad media del trabajo con la existente en Alemania, Francia y Reino Unido (en torno al 24%) el nivel es ya prácticamente el mismo con el SMI de 1000 euros vigente en 2022. Sin embargo, la brecha desfavorable a España era importante (alrededor de 7 puntos porcentuales) cuando la comparación la establecemos en 2017, antes de que España abordara la política de revalorización intensa del SMI registrada hasta el momento.

Llegados a este punto, merece la pena preguntarse por la estrategia de revalorización del SMI a lo largo de 2023, una estrategia cuya negociación ha abierto recientemente el Gobierno. Al respecto, cabe recordar que países como Alemania y Francia han experimentado importantes subidas en el último año. Aunque con distintos periodos de revalorización en uno y otro país respecto del periodo anual acostumbrado en España, Francia ha revalorizado su SMI en el 7% a lo largo de los últimos 18 meses. Alemania, por su parte, ha incrementado el importe de su SMI en el 8,9% durante el último año (junio 2021-junio 2022) y se propone revisarlo otro 12% adicional en octubre del presente año.

El SMI en 2023

En un marco de negociación salarial que pudiera contemplar algún acuerdo de evolución pactada de los salarios durante 2022 y 2023, el SMI habría de revalorizarse en una cuantía aproximada del 5%, para alcanzar el porcentaje anunciado en su día como objetivo (60% del salario medio) y situar a partir de ese momento la estrategia de revalorización del SMI en un plano de evolución sustancialmente similar a la que registraran los salarios en su conjunto.

Por supuesto, en el contexto del diálogo actual entre gobierno, sindicatos y empresarios, no parece razonable esperar un retorno a un marco que hace bien poco tiempo rindió excelentes resultados cuando el país más lo necesitaba. Sin embargo, la situación actual y la que resulta previsible para el próximo otoño-invierno exige esfuerzos por aproximar posiciones. Al respecto, no hay que dejar de subrayar que la evolución de los salarios registrada en España durante 2022 está produciendo un importante grado de devaluación salarial medido por la diferencia entre los salarios pactados en convenio y la evolución registrada en el nivel de precios. Aunque la variación media pactada hasta junio (2,45%) era superior a la acordada en 2021 (1,6%), queda muy lejos del IPC registrado en ese mismo mes (10,2%). De confirmarse las previsiones actuales en cuanto a evolución de precios, la pérdida de poder adquisitivo superaría a final de año los 6 puntos porcentuales, una caída prácticamente desconocida en el último medio siglo. En este contexto, la subida propuesta del SMI constituiría un contrapeso a esa evolución salarial, especialmente en las rentas salariales más bajas.

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La propia dinámica económica, en particular la evolución de la demanda interna, componente esencial de nuestro modelo de crecimiento, sin duda lo habría de agradecer. Y, más allá de los experimentos de rebajas fiscales que se vienen planteando en algunas comunidades autónomas, mejorará la distribución de la renta en España, lo cual, en general, puede actuar como un incentivo positivo para el crecimiento de la productividad, algo fundamental para una economía como la española.

*Santos M. Ruesga es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y Valeriano Gómez es exministro de Trabajo y economista.