La Unión Europea no puede enfrentarse al reajuste productivo global con las manos atadas

Tras un huracán, ¿alguien podría imaginar un vecino denunciando a otro por reparar su tejado antes de la próxima tormenta? Es más, imaginemos al vecino celoso jactarse de dejar un buen agujero en su tejado, y denunciar al otro por excederse. Esto es exactamente lo que está haciendo la Unión Europea con Estados Unidos. La UE estudia denunciar a EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por estimular la producción de componentes y bienes de consumo para la transformación energética mediante la Inflation Reduction Act y otras medidas.

Históricamente, la crítica dirigida a las economías avanzadas (Europa, Norteamérica y Japón) es que buscan proteger sus ventajas y bloquear el desarrollo de los demás. Como nos cuenta Helleiner, no solo es una postura histórica de antiimperialistas, sino también de figuras tan conservadoras como el Emperador Meiji o el dictador coreano Park Chung-hee. De ahí que sorprenda la invitación de Katherine Tai, la representante de comercio estadounidense: ¡produzcan ustedes también! Es decir, si la transición energética en tiempos de guerra es algo deseable por todos, nada mejor que financiar soluciones a ambos lados del Atlántico. No es un Plan Marshall, pero sí una llamada a la competición sana para producir componentes esenciales para los sistemas energéticos y económicos del mañana.

Los principios del mercado único y la unión monetaria tienen características que convierten a la UE y al BCE en actores imperfectos

La UE lo considera, erróneamente, una distorsión del mercado global. Ciertamente, ha habido avances prácticos en política fiscal y monetaria del bloque europeo. En la crisis de 2020 permitieron una respuesta muy superior a la de 2008-2012. Pero esta reacción a los planes industriales de EEUU demuestra que su teoría económica sigue anclada en el pasado. La Unión Europea, como la conocemos, se forma entre 1990 y 2010, con sus ambiciosas expansiones al Este y el camino desde Maastricht a la "no-constitución" constitutiva del Tratado de Lisboa. Los principios del mercado único y la unión monetaria son hijos de su tiempo y tienen varias características que convierten a la UE y al BCE en actores económicos imperfectos para el mundo actual.

En primer lugar, la necesidad de eliminar barreras entre mercados obvió la importancia de las ayudas estatales y las regulaciones antitrust en economías competitivas. Países miembros con mayor espacio fiscal y menor peso del fundamentalismo económico (Alemania, Finlandia o Suecia) mantuvieron participación pública y colaboración privada en sus planes productivos. En otros países, ya fuera por creencia en la desacreditada "economía de goteo" (trickle-down), o por la falta de espacio fiscal, se apretó el acelerador hacia rutas sin salida. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria.

El optimismo en torno a la integración europea y la ceguera de algunas escuelas económicas contribuyeron a cimentar dos ideas. En primer lugar, que en un mercado global todas las actividades son igualmente competitivas. Lo mismo da diseñar y ensamblar microchips que servir cervezas, si esa es tu especialización regional o nacional. En segundo lugar, que de todas maneras el Estado no puede seleccionar sectores productivos por el riesgo de ineficiencia y/o captura. Para afirmar esto se debe ignorar activamente países como Singapur, Corea o Taiwán que, efectivamente, "se equivocaron con las señales de precios", como indicó Amsden. Gracias a que el Estado rechazó la especialización internacional, esas economías pasaron de exportar productos agrícolas a exportar ordenadores.

Es urgente subsanar los puntos débiles de la UE: su incapacidad de desarrollar una política industrial o política productiva común

En segundo lugar, la supervisión monetaria del BCE agrupó economías muy diversas sin coordinación fiscal, con un mandato que soslaya el pleno empleo y proscribe una función habitual a nivel mundial, adquirir deuda de países miembros. Cierto, estas normas fiscales se han plegado a la influencia política cuando ha sido necesario: rescates de los "frugales" de sus grandes empresas; inyecciones monetarias de Draghi por la puerta de atrás para evitar el colapso. Pero las perspectivas monetarias no están sincronizadas con las necesidades productivas. Por ejemplo: al tratar una inflación energética mediante subidas de tipos generalizadas, se penalizan también inversiones en reservas renovables que bajarían los precios.

En un mundo donde ningún bloque estratégico se cree ya los principios "noventeros" de no intervención en asuntos económicos, la comunidad europea elige enfrentarse al reajuste productivo global con las manos atadas. Nadie quiere regresar al caos mercantil y monetario de los 70 y 80. Como se empeñan en demostrar negativamente los británicos, una integración inteligente puede ser enormemente ventajosa. Sin embargo, es urgente subsanar uno los puntos débiles de la UE: su incapacidad de desarrollar una política industrial o política productiva común.

Una política industrial europea permanente contra los desafíos globales

La política industrial combina mecanismos de coordinación, selección y paquetes consistentes de políticas públicas para la transformación productiva. Por ejemplo, en Alemania la banca pública federal KfW distribuye recursos financieros a las pymes (73 mil millones de euros en 2021); mientras que en los Lander los centros Steinbeis (más de 750) las apoyan con recursos productivos (consultoría, marketing, etc.). Idealmente, empresarios, sindicatos, banca y gobierno se han coordinado para que el diseño de estas y otras políticas permita superar los obstáculos productivos (productividad, demanda, etc.) o de gran alcance (sostenibilidad, digitalización, etc.) que afronta la economía alemana. Así, aunque algunos fundamentalistas separan todavía "estados y mercados", lo cierto es que tanto en este como en otros ejemplos la sinergia público-privada es vital para la prosperidad compartida.

Pese a los sesgos y la falta de sincronía entre política fiscal y monetaria, las capacidades productivas preocupan cada vez más en el mismo seno de las instituciones europeas. Los planes Next Generation combinaban la necesidad de un relanzamiento keynesiano, con la oportunidad de invertir en sectores punta o dinamizadores (vehículo eléctrico, microchips, hidrógeno, etc.). Esto se ha traducido en planes nacionales, que en el caso español han avanzado mucho la concepción de las políticas productivas. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) representan un ejercicio explícito de selección y cooperación público-privada para la transformación estructural. Pero el problema es que están sujetos, por límites financieros y políticos, al ciclo abierto por el covid-19. En realidad, la política industrial debe institucionalizarse de la misma manera que lo está, por ejemplo, la monetaria. Para lograrlo, España y otros países afines deben perseguir reformas a nivel europeo.

Hay que instaurar de forma permanente los mecanismos de Next Generation en la forma de Política Industrial Común

Primero, es urgente reformar políticas de competencia para permitir ayudas públicas enmarcadas en política industrial. No se trata aquí de potenciar "campeones nacionales" deficitarios, o ayudar a empresas en apuros. Se trata de equiparar a la UE con los otros grandes bloques, que carecen de estos límites. Por ejemplo, el Estado de Queensland en Australia ha lanzado un plan milmillonario para crear una infraestructura pública de energía renovable que empleará a millones de empresas y profesionales del sector. Perseguir este proyecto es un mandato electoral del Estado de Queensland que, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones fiscales, no tiene por qué ser castigado por el Banco Central Australiano en Sídney.

Segundo, hay que instaurar de forma permanente los mecanismos de Next Generation en la forma de Política Industrial Común. El gobierno federal norteamericano ha practicado durante décadas el conocido como "keynesianismo de guerra". Con esto se describe la importancia de las instalaciones de defensa y seguridad con fondos públicos que han alumbrado varias generaciones de innovaciones, desde Internet hasta la nanotecnología. Un mecanismo proactivo europeo, con orientación profundamente civil y dedicada a aliviar desigualdades territoriales, haría más por la cohesión que la concepción actual de mecanismos de compensación. La UE puede apoyarse en instituciones existentes, como el Banco Europeo de Inversiones, para financiar estos proyectos.

Solo un cambio de paradigma continental que reintroduzca la política industrial de forma permanente será capaz de generar bienestar

Tercero, es imprescindible la colaboración con aliados internacionales para impulsar un plan de desarrollo global que permita la transición energética, al tiempo que genera nuevos mercados para nuestras empresas. Cada vez oímos hablar más del "colonialismo financiero" de China en países en desarrollo. Sin embargo, no es muy diferente a la presencia que las empresas europeas tienen en África o Asia. Con una diferencia fundamental: los emprendedores chinos se han centrado en infraestructuras con durabilidad a largo plazo. Europa debe ofrecer una alternativa sostenible, que genere valor y no deuda para economías con gran potencial en torno a la transferencia tecnológica.

El continente europeo sigue siendo, con diferencia, la región global que más destaca en los indicadores de desarrollo humano y bienestar. Así, es una exageración hablar de hecatombe económica, cuando numerosos países fuera de la UE se enfrentan hoy a profundas crisis por las subidas de tipos. Sin embargo, en el terreno de las ideas la Unión Europea se está quedando peligrosamente sola. No puede entenderse la negativa a subir la apuesta de EEUU para estimular innovaciones que lideren un ciclo económico más próspero y sostenible. Solo un cambio de paradigma continental que reintroduzca la política industrial de forma permanente será capaz de generar bienestar, empleo y riqueza en un mundo cada vez más incierto.