La solución de la Administración existe desde 1977: los justificantes profesionales

Corría el año 77 en nuestro país. Una España que comenzaba a asentar las bases de su democracia, y con ella, un gran proceso de desarrollo económico y social. Y en esa conjunción, la compra y puesta en servicio del automóvil se dispara. Miles de familias llevaron a su casa los ahora históricos Seat 124 o Renault 12. Aparentemente, todo correcto. Solo un pequeño problema aparecía por el camino: la burocracia. Nuestro carácter latino nos llevaba (y nos lleva) a generar normas que piden cientos de documentos al ciudadano que, por una parte, cuesta recopilar y presentar; y por otra, la administración tampoco era capaz de procesar. Cientos de expedientes de transferencias de automóviles llegaban a las Jefaturas de Tráfico sin poderse procesar con la celeridad que se necesitaba: un vehículo no podía pararse semanas o meses a la espera de documentaciones.

En ese momento, alguien en el entonces Ministerio de la Gobernación lo ve claro: solos, internamente con nuestros equipos, no podemos avanzar. Necesitamos ayuda, colaboración exterior. Y la encontraron: se llamaba Organización Colegial de los Gestores Administrativos. Los que ya se ocupaban de recopilar para los ciudadanos y empresas la ingente cantidad de documentos que la norma requería para tramitar el vehículo eran la solución para impedir esa ‘parada técnica’ del automóvil por esa tramitación. Solo quedaba la herramienta, el canal. Y llegó: se llamaba justificante profesional. Una Circular del Ministerio del 6 de mayo de 1977 habilitaba un sistema por el que colegios y gestores administrativos creaban un modelo de documento (en modelo de talonario) expedido por el gestor administrativo y controlado por el colegio para continuar la circulación del vehículo mientras el expediente se procesaba. Sencillo, simple, rápido, seguro. De especial interés la exposición introductoria de aquel escrito: “La imposibilidad de que en muchas ocasiones los administrados puedan cumplir, ya que los órganos dependientes de la administración exigen arbitrar un sistema para posibilitar que los particulares queden sin documentación alguna que ampare la circulación de sus vehículos”.

Aquella decisión política y la correcta implementación de esta permitieron dar seguridad jurídica en la gestión del automóvil. Hasta tal punto es así que todo el sector del automóvil (aseguradoras, talleres, concesionarios, financieras…) otorgó especial confianza a ese documento y permitió realizar con el mismo todas las operaciones privadas (aseguramiento, financiación, autorizaciones de otras administraciones…).

Todo el sector del automóvil otorgó especial confianza a ese documento y permitió realizar con el mismo todas las operaciones privadas

El tiempo y la digitalización de los procesos de matriculación y transferencia del vehículo no han hecho perder a aquel documento su valor. Todo lo contrario. Convertido en documento electrónico desde el año 2012 (más controlable y verificable), se encuentra cada vez más asentado. Casi 2.000.000 de justificantes se expiden todos los años y ciudadanos y empresas, financieras y aseguradoras, siguen entendiendo el mismo como la garantía del ciclo jurídico del automóvil. Sin él no sería posible la inmediatez con el que el proceso cuenta en la actualidad. Y en los últimos tiempos, con la falta de citas previas en las oficinas públicas, aún más. Los grandes portales del automóvil se llenan de anuncios que recogen en las observaciones del vendedor: transferencia por gestoría. O, lo que es lo mismo, transferencia con justificante profesional de tramitación.

La historia del justificante profesional debe servirnos para entender que la Administración tiene que abrirse a nuevas fórmulas que le permitan salir del colapso actual. Que no es posible que aquel que quiera jubilarse deba esperar tres y cuatro semanas para encontrar una cita. O que el que tenga derecho a asilo tarde meses en obtenerlo. Hay fórmulas, pero hay que salir del método tradicional, explorar nuevas soluciones. Una nueva Ley de Colaboración social administrativa que recoja, permita y habilite este tipo de roles y figuras será la clave que permitirá a la Administración abrir nuevos caminos. Estamos tardando en presentarla.

* Fernando J. Santiago Ollero es presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.