El Banco Popular, los inversores y quienes sabían lo que pasaba

Hace unos días, sorpresivamente, el juez Santiago Pedraz dictó un auto por el que sobreseía provisionalmente las diligencias previas 74/2022 abiertas en su juzgado, en las cuales se investigaban delitos de estafa a inversores del artículo 282 bis de nuestro Código Penal, materializada con motivo de la ampliación de capital del Banco Popular por 2.500 millones de euros en noviembre de 2012.

¿Cuál es la esencia de los delitos de los que se acusa a los administradores del Banco Popular en la querella que el magistrado Sr. Pedraz quiere extinguir?

La de haber ocultado la situación real del banco y no ofrecer a los inversores, a los llamados a aportar el dinero que el Banco Popular necesitaba para sobrevivir, la llamada imagen fiel de la entidad en las cuentas que publicaba.

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Dos apuntes imprescindibles para saber qué sucedía:

1. En aquel momento, las entidades financieras tenían la obligación legal de publicar sus cuentas conforme a la Circular 4/2004 del BANCO DE ESPAÑA. En esa Circular se contienen los criterios para llevar a cabo las provisiones por deterioro de créditos, del activo, préstamos y créditos que el Banco concedía a sus clientes. Es decir, los Bancos y entidades financieras debían publicar sus cuentas conforme al marco contable de Banco de España, definido en esa Circular 4/2004, publicada en el BOE. Forma parte de las funciones del Banco de España emitir las normas de contabilidad obligatorias para el sector bancario.

2. En el Anejo IX de esa Circular ("Análisis y cobertura de riesgos") se dice, en su apartado 2: “Las entidades deberán aplicar, en todo caso, los siguientes criterios: a) Pondrán el máximo cuidado y diligencia en el estudio riguroso e individualizado del riesgo de crédito de las operaciones, no solo en el momento de su concesión, sino también continuamente durante su vigencia, y no retrasarán su reclasificación a una categoría peor por empeoramiento de la calidad crediticia, ni su cobertura adecuada, las cuales se deberán realizar tan pronto como se aprecie la existencia de una situación anormal o de deterioro del riesgo de crédito”.

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Para que se entienda: cuando un banco detecte (por sí mismo o por una inspección del supervisor, el Banco de España) que un crédito es moroso (en cualquiera de sus clasificaciones: dudoso, subestándar o en seguimiento) debe clasificarlo como tal de inmediato.

¿Qué supone esto? Que tiene que provisionarlo, es decir, detraer dinero de la cuenta de resultados y pasarlo a una cuenta de provisiones específica, establecida en la regulación contable obligatoria mediante unos porcentajes también fijados legalmente.

Y a su vez, ¿qué representa esto? Que hay que declarar públicamente menos beneficio o incluso pérdidas si llega el caso.

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Para que el lector de este diario tenga las cosas claras: el magistrado Sr. Pedraz encargó una pericial al Banco de España (el supervisor), y este nombró dos peritos de entre sus inspectores (omito los nombres por no hacer sangre). Estos dos funcionarios del Banco de España han emitido un informe, lleno de contradicciones, imprecisiones y distorsiones de la realidad que más adelante comentaré con algo más de detalle; pero vaya por delante que, en mi opinión fundada en hechos concretos, seguramente por orden de la superioridad del Banco de España, les han querido dar una buena percha al juez y a la Fiscalía para obstruir, en contra de los inversores, una vía muy importante para la recuperación de lo que les fue estafado.

Pero veamos ahora algunos pasajes del informe pericial elaborado por los peritos del Banco de España, con referencia expresa a sus páginas, para que no haya dudas:

En la página 54 de su informe, se inserta una tabla en la cual se detallan las reclasificaciones de créditos entre los años 2008 a 2011 y los deterioros pendientes (provisiones).

En 2008: 2.071 millones de euros.

En 2009: 2.270 millones de euros.

En 2010: 2.891 millones de euros.

En 2011: 2.851 millones de euros.

Es decir, el Banco de España verificó que esas cantidades estaban pendientes al cierre de cada uno de esos años y se lo iba comunicando al Banco Popular, en seguimiento continuo desde 2008.

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Es necesario recordar que los accionistas del Banco Pastor, integrado en el Popular mediante una opa, lo que conocían eran las cuentas del Banco Popular del año 2010, lo que no sabían es que en esas cuentas había 2.891 millones de euros no reconocidos como pérdida incurrida. Conclusión: acudieron a una opa en la cual les mostraron unas cuentas que no representaban, ya entonces, la imagen fiel del Banco Popular. Fueron engañados.

Y a los que acudieron a la ampliación de capital de noviembre de 2012 les mostraron unas cuentas que no reflejaban el gigantesco deterioro de su activo. La sucesión de hechos fue la siguiente, tal y como la relatan los propios peritos del Banco de España:

• En el verano de 2012, Banco de España realiza una inspección sobre los activos del Popular.
• A finales de verano, el Banco Popular era consciente de la morosidad revelada en esa inspección, que ascendía a la cifra de 5.614 millones de euros al 31-12-2011 y 4.796 millones de euros en 2012.
• El 01-10-12, se anuncia la ampliación al mercado mediante un hecho relevante.
• El 08-10-12, el Popular anuncia la convocatoria de la junta general de accionistas para el 10-11-2012 mediante otro hecho relevante.
• El 10-10-12, el Popular presenta al Banco de España el plan de negocio conteniendo los ajustes por deterioro identificados por la Inspección (pág. 57, último párrafo), por lo que queda probado que asumía esa morosidad.
• Al mercado no se presentó ninguna previsión de dudosos en el plan de negocio.

Finalmente, dejaron pendientes de provisionar 2.226 millones de euros, cuestión solamente conocida por el Banco Popular y por el Banco de España y oculta para el mercado y para quienes acudían a la ampliación de capital.

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Y los peritos del Banco de España, los que han suscrito ese informe que ha servido a la Fiscalía para pedir el archivo de la instrucción y que el juez Pedraz ha asumido acríticamente, dicen textualmente, en varias ocasiones (páginas 45, 47, 71 y 111): “Considerando todo lo anterior, concluimos que las CCAA de BPE de 2011 y 2012 no cumplían, en nuestra opinión, con el marco contable de Banco de España en lo que respecta a la clasificación contable de las operaciones crediticias”.

Si no cumplen con el marco contable del Banco de España, y si el Banco de España dicta las normas contables obligatorias: ¿podían representar las cuentas del Banco Popular entre los años 2008 a 2012 la imagen fiel de la entidad? No, resulta obvio.

¿Quiénes conocían esa realidad? El Banco Popular y los responsables de la Dirección General de Supervisión del Banco de España.

¿Podían conocerla los inversores que solo conocían las cuentas publicadas del Popular? NO. No tenían acceso a esos informes.

¿Fueron engañados, se ocultaron datos a los accionistas de Banco Pastor y a los inversores que acudieron a la ampliación de 2.500 millones de euros de 2012? Sí, sin duda alguna.

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Pero la Fiscalía —la teóricamente garante del principio de legalidad— ha pedido el archivo, como si nada hubiera pasado, y el juez Pedraz ha asumido esa petición sin valorar lo que tiene en sus manos, en la propia instrucción de la causa, sobre todo, teniendo en cuenta que lo que aquí se expone es una pequeña parte de las múltiples irregularidades cometidas y que a los peritos no les ha quedado más remedio que incluir, pues están en los más de 20 informes de seguimiento realizados en esos años por los sufridos inspectores del Banco de España que realizaban su trabajo y comunicaban a sus superiores los resultados.

Téngase en cuenta que, si la verdad florece, alguien tendrá que pagar los daños causados y resarcir a quienes invirtieron inocentemente en una entidad que tenía su balance podrido. Y la mayor parte de esos inversores son personas humildes, no grandes empresarios ni familias acaudaladas. Y es precisamente ahí, en quiénes tendrían que pagar a esas víctimas inocentes, donde se teje la gran tela de araña para impedir que este pleito siga adelante.

Como abogado defensor de los pequeños accionistas que fueron —a mi juicio— estafados, tengo la obligación de defenderlos y, a pesar de los enormes intereses económicos y de responsabilidad cooperativa de determinados cargos que aún están como tales en el Banco de España, hoy incluso en puestos de mayor responsabilidad que los que tenían entonces coordinando la inspección al Banco Popular y a los cuales no les conviene nada que esto se sepa, yo tengo la obligación moral y legal de hacerlo público. En nombre de la Justicia. Pero tengo para mí que aquí se está urdiendo una gigantesca operación de blanqueo de responsabilidades, no solo de quienes entonces dirigían el Banco Popular, sino —como digo— también de determinados responsables del Banco de España y de políticos que, en lugar de haber rescatado el Banco Popular, como hicieron con las cajas de ahorros, le permitieron seguir engañando y estafando a los inversores.