Las peripecias del procedimiento penal por la ampliación del Banco Popular de 2012

De todos es conocido lo poco que cambian las estructuras de poder con relación a lo que subyace en estos tiempos de materialidad extrema: el dinero. Resulta más difícil que nunca vencer en el campo de juego de los poderosos.

El pasado viernes, día 8, el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional dictó, por segunda vez, un auto ordenando el archivo provisional de la causa penal abierta por delitos de estafa a inversores por los que están investigados el expresidente del Banco Popular, Angel Ron y otros miembros de su Consejo de Administración, en relación con la ampliación de capital que, por dos mil quinientos millones de euros, se llevó a cabo en el año 2012.

¿Qué es lo que se ha probado hasta ahora en la Instrucción?

• Que el Banco Popular tenía un déficit de provisiones, por deterioro de créditos en su cartera, de 2.226 millones de euros en el momento de solicitar dinero al mercado mediante una ampliación de capital; y que ocultó al mercado un hecho tan grave como ese.
• Que el Banco de España lo sabía y miró para otro lado; y así figura en sus informes, que ahora conocemos.
• Que los inversores y el público en general, no lo sabían.

Esas son las premisas básicas. La causa es muy compleja, tan compleja que el Magistrado Titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional ha decidido, sin apenas razonamiento alguno, que no merece la pena seguir instruyéndola. Lo hizo ya el pasado mes de noviembre y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó parcialmente su auto de sobreseimiento, con orden de reapertura y práctica de diligencias, concretamente y entre otras, que testificaran los inspectores del Banco de España que llevaron a cabo un muy polémico informe pericial. Un informe plagado de contradicciones y elaborado con ánimo exculpatorio por la falta de diligencia del propio Banco de España en su tarea supervisora en los años en los que se fraguó la —a nuestro juicio— gran estafa a los inversores que, confiando en un sistema supervisor que teóricamente les protegía y en una entidad aparentemente sana, acudieron confiadamente a una ampliación de capital de un banco cotizado. Sí, cotizado, porque tampoco hay que olvidar el papel de la CNMV en todo esto.

Los accionistas e inversores acudieron a la ampliación de capital de un banco cuyos activos estaban en descomposición

¿Quiénes serían los que quedarían en evidencia y tendrían que responder ante la Justicia si se lograra saber la verdad en torno a este enorme escándalo financiero que ha supuesto que el Banco Popular y las autoridades colaboradoras hayan dejado en la estacada a miles y miles de confiados inversores?

1. Los autores directos: toda la Cúpula que entonces manejaba el conjunto del Banco Popular.
2. El Auditor: Rice Waterhouse Coopers
3. El sucesor a título universal del Banco Popular: el Banco Santander
4. Los responsables del Banco de España, muchos de los cuales ocupan hoy puestos de alta dirección en esa entidad y en otras como El Fondo de Garantía de Depósitos; y entre ellos, alguna persona que incluso se postula para gobernar el Banco de bancos.

¿Y quiénes son los realmente perjudicados si se aborta la continuación de la Instrucción del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional?

Los accionistas e inversores (muchos de ellos pequeños ahorradores) acudieron a la ampliación de capital de un banco cuyos activos estaban en descomposición. Y el sistema, claro, que confiaba en los supervisores bancario y bursátil (Banco de España y CNMV).

El auto del juez Calama

Hace unos días, el día 4 de marzo, el Magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, dictó un auto de 178 páginas donde, extensa y detalladamente, realiza la tarea propia de un instructor, investigando todos y cada uno de los extremos e indicios delictivos y analizando desde la óptica jurídica y fáctica cada una de las cuestiones puestas de manifiesto a lo largo de la instrucción que, por ser una cuestión tan dificultosa, ha durado algo más de 6 años, plazo sin duda largo, pero lógico si se tiene en cuenta la complejidad de lo actuado, el enorme volumen de dinero del que se trata y los muchísimos afectados por la presunta estafa. En dicho auto hay un apartado, en su primer Fundamento de Derecho donde, con una solvencia jurídica fuera de toda duda, se fundamenta la obligación para los Bancos de cumplir las normas emitidas por el Banco de España y que "los delitos se perpetran no cuando los descubre la policía sino cuando se comete el hecho prohibido por la norma".

Un auto trabajado y contundente, que coloca en fuera de juego las afirmaciones realizadas por los peritos que han informado en la causa por la ampliación de 2012, que vinieron a decir que no había que cumplir con lo que no se había requerido por la Comisión Ejecutiva del Banco de España, y en lo cual se apoya el titular del Juzgado número 5 para insistir en archivar la causa y dejar de investigar.

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Además del análisis jurídico detallado que en ese auto del Magistrado Calama se lleva a cabo en relación con la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa contable, se explica, paso a paso, cómo se produjeron los hechos delictivos. El fruto de la laboriosidad de un Instructor Judicial, cuyo contenido contrasta frontalmente con la Resolución del titular del Juzgado número 5.

Pues bien: La situación del Banco Popular en la ampliación del año 2012 era exactamente la misma en sentido cualitativo, y muy parecida en el terreno cuantitativo.

A los inversores que acudieron confiadamente a la ampliación se les ocultó que el Banco Popular tenía un déficit de provisiones de 2.851 millones de euros al cierre de 2011 y de 2.226 millones en el momento de la ampliación de capital. En la página 45 del informe pericial sobre esta ampliación de capital, los peritos concluyen que la situación del Banco Popular en 2011 y 2012 era la de una entidad que tenía miles de millones de euros sin provisionar y que:

El Popular ocultó información al mercado y el Banco de España lo sabía y no hizo nada

Considerando todo lo anterior, concluimos que las CCAA de BPE de 2011 y 2012 no cumplían, en nuestra opinión, con el marco contable de Banco de España en lo que respecta a la clasificación contable de las operaciones crediticias.

Es decir, en la misma página los autores de la pericial dicen:

• Que al final de 2011 el Banco Popular tenía que haber reclasificado 5.614 millones de euros
• Que al cierre de 2012 (año de la ampliación) el BP tenía que haber reclasificado 4.796 millones de euros.
• Que esas cifras son materiales (significativas, con impacto en las cuentas)
• Que las cuentas del Banco Popular Español "no cumplían con el marco contable del Banco de España".
• Y afirman que como no se envió el escrito de requerimientos, no había que realizar las dotaciones. Ese criterio expuesto por estos peritos ha quedado absolutamente desacreditado por las conclusiones del fino análisis jurídico realizado por el Magistrado Sr. Calama en su auto.

El resumen del resumen es que:

1. Los administradores del Popular ocultaron esta información al mercado.
2. El Banco de España lo sabía y no hizo nada, con pleno conocimiento de que se planteaba una ampliación de capital de 2.500 millones de euros.
3. El auditor (PWC) no hizo salvedad alguna en las cuentas del popular.

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Todas estas cuestiones están presentes en las diligencias previas, cuyo archivo ha sido decretado, en total contraposición con lo instruido por el Magistrado Calama, por el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional mediante afirmaciones de carácter genérico como, por ejemplo, que "las diligencias propuestas no resultan procedentes por cuanto exceden notoriamente del marco de la investigación a la que deben contraerse las presentes diligencias previas, pues, de practicarse no aportarían dato relevante alguno a la causa". Una explicación absolutamente estereotipada, que puede servir para este caso (tan complejo) como para el hurto de una gallina en un corral. Con un espíritu absolutamente acrítico respecto de la gravedad de los hechos presuntamente delictivos y cuyo volumen de dinero desaparecido y de personas estafadas parece no importar; contando, además con un informe pericial ya incorporado a la causa, elaborado por un prestigioso catedrático especialista en la materia, dónde se expone "negro sobre blanco" esta situación y que determina con claridad meridiana cuáles son los delitos presuntamente perpetrados en lo que, a nuestro juicio, es una gigantesca estafa.

Somos conscientes de la talla de nuestros adversarios procesales. Nosotros seguiremos perseverando en la defensa de los intereses de los perjudicados por esta situación, nuestros clientes, aquellos que no tienen el poder ni la influencia de la gran banca, una gran auditora o el propio Banco de España, pero que, a pesar de decisiones como el segundo auto de archivo de esta importante causa, confían en la justicia, con letras mayúsculas y en que hechos tan relevantes como los que aquí se ventilan no queden impunes. No están desamparados, mientras haya abogados que sabemos y queremos pelear por lo que es justo.

*Miguel Durán Campos. Abogado y principal acusación particular del caso de la ampliación del Banco Popular de 2012.