El caso Taguas: una enmienda a la España decente de Zapatero

Si en vez de leer a Pettit, tan alejado del ruedo ibérico, leyese a Victoria Camps, tan próxima como olvidada, Zapatero sabría que la deslegitimación de los gobiernos no sólo se produce por vulnerar leyes. "Es la incoherencia ideológica, el incumplimiento de lo prometido, la inacción política, la omisión de respuestas, lo que desilusiona a los electores y hace que cunda el descrédito" (El malestar de la vida pública, 1996).

Ahí encaja la memoria fotográfica de Fernández Bermejo, un ministro socialista rodeado de ciervos abatidos en costosas jornadas de caza. O la de la vicepresidenta De la Vega, autofustigada por retratarse con un polígamo del Africa profunda pero ciega ante cierto empresario español que transforma en lucro la explotación laboral de mujeres nigerinas. Y para fotos sonrojantes, la de los inmigrantes alquilados por jornales de miseria en las madrugadas de la madrileña plaza de Atocha.

Todo ello, en la España próspera donde "la riqueza brota de la inteligencia y no de la mano de obra barata y descalificada", o en la España decente que "destierra cualquier discriminación". Es doctrina oficial del presidente del Gobierno. La expuso en su reciente discurso de investidura (8 abril), en el que, curiosamente, su "España decente" no dedica una sola línea al buen gobierno, la transparencia de la vida política o el amontonamiento de lo público y lo privado, que ya es un mal endémico de la política nacional.

Por ahí resopla el más reciente desmentido a la España decente glosada por Zapatero al iniciar su segundo mandato. De inequívoca aplicación a David Taguas, que en apenas una semana pasó de asesor económico del presidente (director de la Oficina Económica) a gran jefe del lobby de la construcción (SEOPAN) con la posterior conformidad del Gobierno (Oficina de Conflictos de Intereses, de Administraciones Públicas).

Solo Izquierda Unida ha ejercido el derecho al pataleo, mediante una moción que esta tarde será sometida a debate y votación en el Congreso. Habla de "burla a la voluntad del legislador", pues, una vez más, la ley (Incompatibilidades, 2006) cae en la trampa (reglamentación y desarrollo), aunque el espíritu y la letra estén claros: evitar que estos 'fichajes' se conviertan en pago de favores y prolongar durante dos años la garantía de imparcialidad de un cargo público.

La moción de IU puede tener más recorrido del que parece. Pone a prueba el modelo de gobernabilidad decidido por Zapatero: avanzar sin costaleros parlamentarios fijos. Eso por un lado. Por otro, obliga a retratarse a los diputados socialistas que se rasgan las vestiduras por el daño que el escándalo Taguas causa a la imagen del PSOE. No ya por un discutible supuesto legal de incompatibilidad, sino por las razones éticas y estéticas que ya entraron en bancarrota en la última etapa del felipismo.

La ética y la estética podrían irse esta tarde por el piadoso sumidero de una votación contraria a la iniciativa de IU, si el portavoz socialista, José Antonio Alonso, consigue concertar los apoyos o las ausencias de diputados de otros grupos. En el mejor de los casos, tampoco serviría de mucho que prosperase porque, al no ser vinculante, se quedaría en una carta a los Reyes Magos, en la que se reprueba la luz verde del Gobierno al nombramiento de Taguas y se pide reformar la Ley de Incompatibilidades. Pero, prospere o no prospere la moción de esta tarde, muchos ciudadanos ya habrán tomado nota de que no es oro todo lo que reluce en la España decente de Zapatero.