Ira contra el mensajero y presunción de inocencia en el discurso del PP

Además de la ira contra el mensajero, el PP apela a la presunción de inocencia para bajarse de la picota. La presunción de inocencia es para los tribunales. En los medios de comunicación es, en todo caso, una buena práctica, siempre que no impida la función social de los mismos. Eso les obliga a verificar cada día si los gobernantes son ejemplares en su comportamiento y merecen la confianza otorgada por los ciudadanos. Somos quienes, al fin y al cabo, les pagamos el sueldo. Tenemos derecho a exigirles exposición pública y ejemplaridad. No solo ante los órganos de control parlamentario. También existe el control social y, por supuesto, el judicial (sometimiento a las leyes).

Si asumimos que la honradez de un gobernante debe ser aparente, además de real, el gobernante no puede ni debe rehuir las preguntas de los informadores, como está ocurriendo con el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps. Y mucho menos las de un juez, como ya ocurrió con el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y volvió a ocurrir ayer con los ex alcaldes de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y Arganda, Ginés López. Por no hablar de los nuevos escritos que el diputado Luis Bárceneas, tesorero del PP, ha remitido al CGPJ y la Fiscalía, amén de los que ya había remitido al director de El País y al propio juez Garzón. En ellos discrepa de su implicación en la trama Gürtel y, de paso, se permite acotar la función jurisdiccional del juez, e incluso explicarle cómo debe proceder en las investigaciones policiales. Algo osado, ¿no?

Si en la mascletá del PP solo hay pólvora mojada, nada que temer, don Mariano. Pero entonces no se entiende la ira contra sus porteadores. Dejen ustedes que el juez Garzón, el sastre Tomás, el ministro Rubalcaba y el diario El País se estrellen contra la verdad de Camps, la de Aguirre y la de Bárcenas. Que los agitadores de la conjura contra el PP hagan el ridículo y muerdan el polvo de la reprobación ciudadana. O sea, doctrina Rubalcaba. Presente las facturas el presidente de la Comunidad de Valencia y se acabó el problema. Pregúntese a Luis Bárcenas si está metido en este lío (efectos indeseables de sus relaciones con Correa) y, si no está, se acabó el problema. Sentido común.

Por cierto, el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, debió saltar del asiento al oír a su compañero de partido, el diputado Ignacio Cosidó, cuando acusó al ministro de esmerarse más en perseguir al PP que a los criminales. En ese momento Granados le hubiera cortado la lengua al diputado (y él sabe porqué lo digo), cuando ya estaba liquidada la comisión parlamentaria sin mayores consecuencias políticas ¿Recuerdan algún ataque de Aguirre, o de Granados, al ministro Rubalcaba en relación con el caso del espionaje?

De todos modos, es verdad que el caso del espionaje empieza y termina en el entorno político de Esperanza Aguirre y tiene escasa relevancia penal. Lo de la operación Gürtel es otra cosa. Sobre todo si el último informe policial entregado a Baltasar Garzón sobre la conexión Bárcenas de la trama crea las condiciones para la inhibición del juez en favor del Tribunal Supremo. Es el último episodio de un culebrón que se ha convertido en la cara B, la fea, del buen momento político que está viviendo Mariano Rajoy desde las elecciones del 1 de marzo. Y que puede arruinarse si no marca distancias. No parece que sea su intención.