El caso escocés, entre el deseo y el miedo al contagio

Por mucho que llevemos el caso escocés a las páginas de información nacional, azotadas por el vendaval segregacionista, Cataluña no es Escocia ni España el Reino Unido. Allí no hay españoles ni catalanes, y de haberlos no habrían alcanzado tan apaciblemente el acuerdo firmado ayer en Edimburgo por el premier británico, el conservador David Cameron, tan distinto del conservador Mariano Rajoy, y el ministro principal de Escocia, el nacionalista Alex Salmond, tan distinto del nacionalista Artur Mas.

No obstante, se entiende la tentación de fijarse desde aquí en la apuesta del Gobierno de Londres por si cunde el ejemplo, que unos desean y otros temen. Cameron ha puesto todo su peso político en la maniobra. Consiste en retener a Escocia como en los últimos 700 años, desactivando la cantinela separatista de una región que goza de unas cotas de autogobierno desde 1998 muy por debajo de las que el Estado español otorga a Cataluña desde 1978. Tan alto se dispuso ese nivel de autogobierno en Cataluña como claro se plasmó el dogma civil de la soberanía única en el pacto constitucional de la transición. De la misma fuente de legitimidad beben la Generalitat y el Gobierno central. Y el mismo ordenamiento jurídico les obliga.

Los nacionalistas creen que Escocia se beneficiará económicamente con la segregación, aunque lo ven menos claro desde que Londres ha insinuado que la separación supondría la salida de la libra esterlina, la devolución de los subsidios o la restitución de las cantidades liberadas más recientemente por el Banco de Inglaterra para rescatar al Royal Bank of ScotlandPero volvamos al caso escocés. Dicho queda que se ha puesto en marcha una operación destinada a asegurar la continuidad de Escocia en el Reino Unido. Esa es la trastienda del acuerdo que Cameron y Salmond acaban de firmar para la celebración de un referéndum sobre la eventual independencia de Escocia a lo largo del año 2014. El pacto incluye la formulación de una sola y simple pregunta: “¿Está usted a favor de que Escocia abandone el Reino Unido?”. Tan seguro está Cameron del resultado que acepta el voto de los escoceses a partir de los 16 años, dos años por debajo del umbral establecido para el derecho al voto. Lo que no ha permitido de ninguna manera es una segunda pregunta sobre la posibilidad de seguir en el Reino Unido pero con un mayor nivel de autonomía (más competencias), sabedor de que eso sería como ponerles una red a los partidarios de la segregación. Y está claro que Cameron no les va a dar ninguna ventaja.

En el caso escocés ha prevalecido el espíritu del pacto institucional, algo más llevadero donde no hay una Constitución escrita. A partir de ahí, barra libre al contraste de opiniones. Los nacionalistas escoceses y su Gobierno autonómico están quejosos de la influencia del Ejecutivo de Londres en sus asuntos. Creen que Escocia se beneficiará económicamente con la segregación, aunque lo ven menos claro desde que el Gobierno de Londres ha insinuado que la separación supondría la salida de la libra esterlina, la devolución de los subsidios o la restitución de las cantidades liberadas más recientemente por el Banco de Inglaterra para rescatar al Royal Bank of Scotland.