¿A quién molesta el recuerdo de los muertos del Yak-42?

La gente decente siente vergüenza por la soledad de las familias. 62 militares españoles muertos sobre tierra turca en un absurdo accidente cuando regresaban de Afganistán a bordo del tristemente famoso Yak-42, que nunca debió despegar aquel 26 de mayo de 2003. Sus familiares lo recordaron ayer en Zaragoza, junto al monumento en memoria de los fallecidos, casi en la clandestinidad, como si ante los gobernantes y el resto de la clase política fueran unos apestados.

El Gobierno, del mismo signo político que aquel, huye de los testigos vivos de una indignidad. El Ministerio de Defensa, cuyo titular era Federico Trillo, encargó el vuelo a una agencia de la OTAN. Pero nadie se hizo responsable de la contratación, cuyas tres cuartas partes del coste total se fueron en comisiones (Félix Sanz, director del CNI, dixit). Y nadie pagó políticamente por tratar a unos servidores de su país como si fueran reses en un transporte militar plagado de irregularidades, ni por aquel bochornoso proceso identificador de los cadáveres que tanto dolor produjo a sus familias y que se saldó con la condena judicial de tres militares (uno de ellos, fallecido), indultados el pasado mes de abril por el Gobierno.

El delito fue “falsedad en documento”, endosado a quienes se ahorraron el molesto trámite de identificar correctamente los restos de 30 de los fallecidos porque corría prisa la celebración de un funeral televisado. Hablamos de la brutal derogación de la identidad del hijo, el padre, el hermano. La memoria de sus seres queridos, abolida de un plumazo. Los sentimientos más íntimos, sacrificados a la prisa del gobernante por pasar página.

Nadie pagó políticamente por tratar a unos servidores de su país como si fueran reses en un transporte militar plagado de irregularidades, ni por aquel bochornoso proceso identificador de los cadáveresEs verdad que desde un punto de vista técnico este tipo de delitos afectan a quien los comete en primera persona. En este caso, los abajo firmantes de los documentos de identificación (general Navarro, comandante Ramírez y capitan Sáez). Sin embargo, a la luz del principio de obediencia debida, conviene recordar que los máximos responsables pertenecían al estamento político y no al militar. Claro que las firmas de José María Aznar y Federico Trillo no aparecían en el soporte documental de la identificación y traslado de los 62 féretros. Pero sí fueron ellos quienes decidieron la celebración del funeral apenas cuarenta y ocho horas después de accidente, sin tiempo material para efectuar una correcta identificación de los cadáveres.

El malestar de los familiares se extiende incluso a la Justicia española. Nunca aceptaron el carpetazo de la Audiencia Nacional, contra el criterio de la Fiscalía, ni la reciente negativa del Tribunal Constitucional a la reapertura de la causa. Ello no les ha dejado otra salida que un próximo recurso al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo para “poner fin a diez años de impunidad” y tener allí “el juicio justo que no hemos tenido en España” (presidente de la Asociación de Familiares, Miguel Ángel Sencianes).