La juez Alaya y sus extrañas preimputaciones

Hay una clara responsabilidad política en todos los responsables mayores o menores del circuito oficial por el que discurría el dinero destinado a ayudar a trabajadores y empresas en apuros. Por acción o por omisión. Por complicidad o por prolongada falta de diligencia a la hora de detectar lo que ocurría delante de sus narices. El desempeño del cargo les obligaba a saber si esos fondos públicos se malversaban o no. Y eso afecta tanto a la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ya imputada, como a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, señalados ayer por la juez Alaya.

Aquí ya no hay política. No debe haberla, al menos. En el terreno judicial todo está mucho más tasado. La estricta aplicación de la ley no puede, no debe, causar situaciones tan confusas como la generada por el extraño auto firmado ayer por la juez Alaya sobre el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción en la Andalucía socialista. Tan confusas que hasta la propia Fiscalía piensa recurrir el auto y considera la posibilidad de denunciar a la juez por mal uso del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (tratamiento de aforados).

No les imputa, pero los trata como imputados y les comunica que sus nombres se incorporan a la causa “en calidad de imputados”

¿Auto o resolución, denuncia o querella, imputación o amago de imputación? La juez imputa, o parece que imputa, a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros “presuntamente relacionados con los hechos que se investigan”, todos ellos aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, en doscasos, ante el Tribunal Supremo, los únicos que pueden imputar y enjuiciar a los siete. Sin embargo, la juez convierte su auto en una especie de denuncia o querella, y así les pide que lo entiendan, pero no remite el caso a esos tribunales superiores.

¿Imputa o no imputa la señora juez? No, porque “formalmente” no puede hacerlo al tratarse de aforados, como ella misma reconoce en el texto. No puede hacerlo, pero lo hace de facto al afirmar que ha detectado en sus respectivos comportamientos, “de forma indiciaria”, delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Así que comunica a los siete que existe “cierta carga incriminatoria contra ellos” para que puedan personarse en la causa “si lo desean”.

¿Y por qué, si aprecia indicios delictivos en los siete aforados, no remite la causa a los tribunales superiores? Ella misma responde: “Porque no es, desde luego, lo que nos ocupa ahora”, precisando que no considera agotadas “las diligencias de la investigación”. Sin embargo, les comunica que sus nombres aparecen implicados en la causa por si quieren participar en las diligencias de la misma o pedir que se practiquen otras a su conveniencia.

En resumen, estamos ante una especie de preimputación. Dicho sea en lenguaje ordinario, y no técnico, porque la preimputación no existe en el ámbito judicial. No los imputa, pero los trata como imputados y les comunica que sus nombres se incorporan a la causa “en calidad de imputados”. Claro que también nos dice que su escrito “no constituye un acto de imputación judicial”, aunque les advierte de que pueden ser imputados por si tienen a bien defenderse en el proceso “por los hechos que pudieran incriminarles”.

¿Imputados o no? No me extraña que ayer fuera el gran debate en las redacciones de los medios de comunicación a la hora de titular la noticia.