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Antonio Casado

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Ni ejemplar ni transparente

La declaración íntegra de la infanta Cristina nos plantea de nuevo la duda de si su conducta ha de valorarse solo en clave judicial, como defienden

La declaración íntegra de la infanta Cristina nos plantea de nuevo la duda de si su conducta ha de valorarse sólo en clave judicial, como defienden quienes, por oficio o por simpatía, se remiten a la presunción de inocencia y el derecho a defenderse, incluido el propio juez Castro: “Todos deseamos la verdad pero, si la verdad la compromete, usted no está obligada a decirla”. Generales de la ley. “Usted puede decir que no contesta y no tiene por qué dar explicaciones”, le aclaró el juez al inicio de su deposición del 8 de febrero en los Juzgados de Palma.

Esa prerrogativa del imputado no cuenta fuera del recinto judicial. No como única vara de medir. La perspectiva de la gente es irremediablemente ética y estética, como muy bien sabe el padre de Doña Cristina y suegro de Iñaki Urdangarin, el rey Don Juan Carlos, cuando solemniza sus apelaciones a la “ejemplaridad” y la “transparencia” de los miembros de la Familia Real.

Bajo esa luz se hace imposible encajar la declaración de la Infanta en el patrón de conducta recomendado por el Rey en sus mensajes navideños. Ni es ejemplar ni es transparente. Una prueba de amor a su marido, no de amor a la verdad. De confianza en Urdangarin, pero no de fe en la Justicia, como se desprende de esas 579 respuestas evasivas contabilizadas. A saber: 412 veces “no sé”, 82 “no lo recuerdo”, 58 “lo desconozco”, y otras tales como “no lo sabía”, “no me consta”, “no tenía conocimiento”.

Se hace imposible encajar la declaración de la Infanta en el patrón de conducta recomendado por el Rey en sus mensajes navideños. Ni es ejemplar ni es transparente

Así no hay forma de poner la mano en el fuego por ella. En términos éticos y estéticos, se entiende. De hecho no la pone ni su familia, pues de lo contrario no la habrían retirado de todos los actos oficiales desde que estalló el escándalo. De la estructura societaria creada por su marido y el socio, Diego Torres, para desviar dinero público a sus empresas privadas y defraudar al fisco ella no sabe nada. No puso dedicación, dice, pero es público y notorio que puso la cara (la imagen de la Familia Real como gancho de los negocios de Nóos). Y también puso la mano para los ingresos de la empresa familiar (Aizoon, caja registradora de los beneficios del Instituto Nóos).

Al irse por los cerros de Úbeda, Doña Cristina recuerda a tantos y tantos personajes públicos pillados en falta. Se apela al derecho de defensa en igualdad de condiciones. Pero ella tiene el privilegio y la servidumbre de no ser una ciudadana cualquiera. Al menos desde el punto de vista ético, donde nos movemos quienes no fuimos juez ni parte en el interrogatorio de Palma.

El ámbito judicial es de carácter técnico. Conoceremos el desenlace cuando toque. Mientras tanto, los ciudadanos tienen derecho a emitir su parecer en el plano moral y formar criterio con sentido común: la esposa de Urdangarin es una mujer de su tiempo, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York. Sin embargo, alega ignorancia respecto a los negocio de su marido y, de la propia sociedad familiar, dice que firmaba sin mirar lo que aquel le ponía delante y no sabía que hacía gastos personales como si fueran gastos de explotación.

¿Nos lo creemos? Mejor que no, para no dejarla por lela. Es preferible tomarla por mentirosa. Sale ganando.

La declaración íntegra de la infanta Cristina nos plantea de nuevo la duda de si su conducta ha de valorarse sólo en clave judicial, como defienden quienes, por oficio o por simpatía, se remiten a la presunción de inocencia y el derecho a defenderse, incluido el propio juez Castro: “Todos deseamos la verdad pero, si la verdad la compromete, usted no está obligada a decirla”. Generales de la ley. “Usted puede decir que no contesta y no tiene por qué dar explicaciones”, le aclaró el juez al inicio de su deposición del 8 de febrero en los Juzgados de Palma.

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