La gran chapuza del caso Rato

Al criterio de ustedes queda creerse o no creerse la impregnación política de un caso todavía pendiente de asignación judicial

Foto: El presidente del Gobierno con Rodrigo Rato en una imagen de archivo. (Reuters)
El presidente del Gobierno con Rodrigo Rato en una imagen de archivo. (Reuters)

El estallido del caso Rato nos llevó inicialmente hacia la hipótesis de la conjura, enseguida avivada por el antimarianismo interior con la imprevista colaboración del presidente de Galicia, Núñez Feijóo (si los resultados de mayo son adversos, Rajoy debería reflexionar). Por si caía esa breva, ciertas voces de la derecha ilustrada volvieron a enseñar la patita con la cantinela del déficit de liderazgo y de rumbo en el PP.

En una segunda fase, cuando los miembros del Gobierno y los dirigentes del PP empezaban a dar testimonio creíble, evidente, clamoroso, verificable, documentado, de haber sido arrollados por los acontecimientos, se abrió paso la teoría de la descoordinación. Acabáramos: no era conspiración, sino desbarajuste. A Esperanza Aguirre le oí utilizar otra palabra: “chapuza”. La más acertada, a poco que nos adentremos en la trastienda del caso. 

El mal estaba hecho. Si ya era tóxica la teoría de la conspiración, casi lo era más la teoría de la desconexión entre distintos órganos del Ejecutivo. Convenía plantar rosales sobre la boñiga y hacer de la necesidad virtud. El ensañamiento con Rodrigo Rato, casi prescrito en un argumentario de partido donde no se apelaba a la presunción de inocencia y se instaba a los dirigentes del partido a mostrarse abochornados por la conducta del exvicepresidente, se convirtió entonces en prueba viva de una firme actuación al servicio de la ley.

Ni conjura interior (absurda) ni declaración de guerra a los corruptos en nombre de la ley (un poco tarde), sino desbarajuste

Al servicio de la ley, ojo, no al servicio del gobernante de turno. La cuestión era demostrar como algo verosímil que incluso el presidente Rajoy podía haberse enterado por la prensa. Que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no sabía que a Rato se le estaba investigando porque entre el modelo 750 de 2012 (DTE, más conocida como “amnistía fiscal”) y el modelo 720 de 2013 (declaración de bienes en el extranjero) había un sospechoso desfase. O que la filtración masiva de datos confidenciales de un contribuyente llamado Rodrigo Rato pudo ser cosa de cualquier subalterno (“La información pasa por tantas manos…”, le oí decir ayer a un a cierta ministra). Ahí estamos. Al criterio de ustedes queda creerse o no creerse la impregnación política de un caso todavía pendiente de asignación judicial.

Ahora que el presidente del Gobierno, los ministros y los dirigentes del PP se hacen los encontradizos con los periodistas, podemos seguir el relato oficial sobre lo ocurrido estos últimos días en torno a la figura de Rodrigo Rato ya en su tercera fase, la que se remite al buen funcionamiento del Estado de derecho y a la prueba de que el Gobierno del PP lava más blanco en la lucha contra la corrupción y el separatismo fiscal.

Si quieren saber mi modesta opinión, comparto la segunda de las hipótesis: la de la descoordinación. Ni conjura interior (absurda) ni declaración de guerra a los corruptos en nombre de la ley (un poco tarde), sino desbarajuste. Una nueva entrega de la chapuza nacional. Eso descarta una cuarta hipótesis de escasa circulación: una sofisticada maniobra del Gobierno para convertir al otrora poderoso personaje en chivo expiatorio de la derecha limpiadora caiga quien caiga. Hubiera sido tirar piedras contra el propio tejado en unas frenéticas vísperas electorales. De hecho, el caso Rato está perjudicando al PP. Es impensable que el Gobierno estuviera detrás moviendo los hielos. Qué disparate.

Al Grano
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