Corrupción y política en vísperas del 27-S

Bienvenidas sean las motivaciones políticas si sirven para destapar la inmoralidad en la vida pública. Ergo, malditas sean las motivaciones políticas que sirven para ocultarla. El argumento de doble filo despeja la mirada ante los casos de corrupción ligados a CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). Los que acaba de levantar la Guardia Civil en vísperas de la gran traca separatista (cuenta atrás del 27-S) y los que se pasaron por alto cuando Jordi Pujol era un amigo del Estado (Banca Catalana, primero, y el 3% denunciado por Maragall, después).

“¿Quién coño es la UDEF?”, se preguntó el exhonorable cuando la Policía del Estado husmeó en los negocios de su familia ¿Cómo se atreven? A los independentistas de misa diaria se les cayó la cara de vergüenza. Pero tampoco colaba lo de la fortuna familiar al servicio de la patria. Así que lo disimularon con la consabida apelación a las motivaciones políticas.

Se vinieron arriba denunciando una operación oportunista de Madrid contra la Cataluña grande y libre (“rica” y “plena”, que viene a ser lo mismo). Y cuando el ministro de Hacienda informó al Congreso de los Diputados sobre la situación fiscal del clan Pujol, ahora hace un año, obviaron que el expresidente de la Generalitat pasaba por corrupto y mentiroso, mientras disparaban contra Cristobal Montoro por confundir su tarea de ministro con la del fiscal anticorrupción.

Las actuaciones contra Rato en vísperas de unas elecciones territoriales permiten a Rajoy salir ileso de la acusación de motivaciones políticas contra CDC

Algún analista se preguntó entonces si el ministro hubiera sido tan duro con los “cientos de pujoles” que hay en el PP; Bárcenas, el más mencionado. Mal traída comparación porque el extesorero del PP ya había pisado la cárcel y, por otra parte, no era caudillo de nada sino un chorizo sin causa, un pícaro sin coartada épica que le transcienda, mientras que Pujol era el santo padre de una ideología que se dedica a arrastrar a la gente en pos de una idea política.

El cuadro se repite ahora. Los trazos son parecidos. Una nueva entrega sobre la corrupción en el seno de CDC, obra predilecta de Jordi Pujol liderada hoy por Artur Mas. Otro fascículo del tres por ciento. Ese IVA clandestino (mordidas a cambio de contratos de obra pública) que financiaba al partido y llenaba los bolsillos de unas cuantas familias. Sobre todo Pujol y Sumarroca, los dos grandes apellidos fundacionales que han gobernado Cataluña como una finca de su propiedad, según queda documentado en el reciente libro de Antonio Fernández (Pujol & Puig), compañero de El Confidencial. Un viaje a las alcantarillas del nacionalismo catalán cuya lectura recomiendo.

En ese entorno vuelve a hablarse de motivaciones políticas para explicar esa última entrega de la corrupción convergente en vísperas de las elecciones “plebiscitarias” del 27 de septiembre. Al Gobierno Rajoy, en este caso, le han puesto fácil la apelación al funcionamiento del Estado de Derecho caiga quien caiga. Las llamativas actuaciones policiales y judiciales contra el exvicepresidente, Rodrigo Rato, en vísperas de unas importantes elecciones territoriales, le permite salir ileso de la acusación. Y si no fuera así, lo dicho: bienvenida la presunta motivación política del cerco legal a las cuentas de CDC y su fundación, CatDem, si sirve para destapar un caso más de la insoportable corrupción de la vida pública.