Muy de acuerdo con Puigdemont

En dos cosas acertó de pleno el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su discurso institucional del viernes por la noche. Una, cuando se puso estupendo al advertir de que “si los valores fundacionales europeos están en riesgo en Cataluña, también lo están en Europa”. Otra, cuando denunció el “intento de liquidar la democracia en Cataluña”.

Al revés te lo digo para que me entiendas. El 'president' respondía así a la aplicación del 155, aunque la verbalización es exactamente la misma si nos referimos al reto soberanista, “el peor ataque a las instituciones democráticas desde los tiempos de Franco”. Esas palabras pertenecen al discurso redundante del consejero de la Presidencia del Govern, Jordi Turull, ayer, en la radio pública catalana.

Sigamos su lógica entrecomillada. Como el Govern se ha puesto “fuera de la ley” en aplicación de una normativa tramposa, el Gobierno del Estado se compromete a ser “respetuoso” con el “mandato” de los “representantes del pueblo democráticamente elegidos”.

Tiene mucha razón el señor Puigdemont. Y admitamos también que seduce a grandes estadistas. Algunos de fuera, como Maduro

Ergo, “España será lo que decida el Parlamento, el representante legitimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros”. Él dice Cataluña y Parlament, pero en lo demás vale todo.

Así que, “por dignidad institucional”, la intervención temporal de las competencias autonómicas de la Generalitat se llevará a cabo si así lo decide el Senado de la nación en el pleno convocado para el viernes 27 de octubre.

En este punto, confesión de parte: uno cree modestamente que la “dignidad institucional” del Govern no es de mejor condición que la del Estado. Sin embargo, admitamos que el peligroso discurso supremacista del nacional-populismo amenaza a Cataluña, a España y a Europa.

En el plano estrictamente político, es muy lógico que el rodillo constitucional del Parlamento español se haya lanzado al rescate de una Cataluña partida

Tiene mucha razón el señor Puigdemont. Y admitamos también que seduce a grandes estadistas. Algunos de fuera, como el venezolano Nicolás Maduro y el belga Charles Michel, amén de los líderes ultraderechistas europeos. Y algunos de dentro, como Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián, Pablo Manuel Iglesias o Ada Colau, que ven un golpe de Estado en la aplicación del 155 y no lo ven en la ya larga secuencia de actos sediciosos. (Básicamente, la invención de una fuente de soberanía para reventar el Estado con la absurda pretensión de que el Estado colaborase y la no menos absurda de coronar la ruptura en base a los resultados de un referéndum ilegal, sin garantías y cocinado por una de las dos posiciones en liza).

En eso, los compañeros de viaje coinciden con los agitadores del 'procés'. Se ponen estupendos hablando del trauma que la aplicación del 155 puede causar a la sociedad catalana, pero ni media palabra sobre el trauma que su no aplicación podría causar, la quiebra del Estado en el conjunto de España.

Renunciar a esos u otros artículos aplicables en supuestos de sedición o desobediencia sería como arrojar al arroyo el principio de autoridad del Estado

No solo el artículo 155 de la Constitución. También el 472 del Código Penal, si llega el caso, pensado para quienes intenten “derogar, suspender o modificar la Constitución” o, en otro de sus puntos, para quienes declaren la independencia de “una parte del territorio nacional”. Renunciar a esos u otros artículos aplicables en supuestos de sedición, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos, sería como arrojar al arroyo el principio de autoridad del Estado.

En el plano estrictamente político, es muy lógico que el rodillo constitucional del Parlamento español (Gobierno, PP, PSOE y Ciudadanos) se haya lanzado al rescate de una Cataluña partida en dos por la irresponsabilidad de unos aventureros sin escrúpulos legales, antes de que la división política, la fractura social, el declive económico y el aislamiento internacional acaben devastando este querido rincón de España, legítimamente sentido como nación por una parte de sus ciudadanos.