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Cárcel o destierro: el dilema de los cinco de la fuga
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Antonio Casado

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Cárcel o destierro: el dilema de los cinco de la fuga

Dos sartenazos en el bajo vientre de Puigdemont. Uno, la retirada de la euroorden. Otro, el artículo 23 del reglamento del Parlament

Foto: Meritxell Serret, Joaquim Forn, Clara Ponsati, Carles Puigdemont, Meritxell Borras, Antoni Comin y Dolors Bassa. (Reuters)
Meritxell Serret, Joaquim Forn, Clara Ponsati, Carles Puigdemont, Meritxell Borras, Antoni Comin y Dolors Bassa. (Reuters)

Dos sartenazos en el bajo vientre del poco honorable 'expresident' de la Generalitat. Uno, la retirada de la euroorden, que le deja el andamio de su mesianismo pero le quita la escalera. Y dos, el artículo 23 del reglamento del Parlament, que le obliga a presentarse en Barcelona si quiere adquirir la condición plena de diputado. En otras palabras: cárcel o destierro.

Es el dilema de Puigdemont y sus cuatro 'exconsellers' (Comín, Puig, Serret y Ponsati), hasta ahora de turismo vigilado en Bruselas, tras la inesperada pero muy oportuna decisión del juez Llarena, cargada de razón, sabiduría jurídica, sentido común y compromiso con la legalidad. Propia de un buen servidor del Estado, que hace valer el principio de soberanía nacional. Estaría en cuestión si la Justicia belga hubiera puesto condiciones por la entrega de los reclamados.

La decisión del juez Llarena, cargada de razón, es propia de un buen servidor del Estado, que hace valer el principio de soberanía nacional.

Otras consecuencias de la decisión del juez del Tribunal Supremo que instruye el conjunto de causas inescindibles sobre la fallida operación independentista. Menos agua en la piscina para que Bélgica aparezca como arbitro judicial en el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Y menos agua en la piscina para el candidato Puigdemont, que seguirá haciendo el ridículo en Bruselas mientras los acontecimientos fluyen sin contar con él. “Me trae sin cuidado lo que haga”, nos decía el presidente Rajoy, en los pasillos del Congreso, solemnizados ayer en el cumpleaños de la Constitución.

Lo político y lo judicial, caras de la misma moneda. En todas las escalas. La catalana y española, por supuesto. Pero también la europea. Véase que la decisión del juez Llarena se previene ante un eventual mentís belga al principio de cooperación judicial, basado en la confianza mutua. Al quedar suspendida la euroorden, Bélgica pierde lo que hubiera sido una absurda capacidad de arbitraje político por vía judicial (¿debería decirse al revés?) en un conflicto interno de España.

Bélgica ya no aparece como árbitro judicial para España y Puigdemont sigue con el ridículo mientras los acontecimientos fluyen sin contar con él

El Reino de Bélgica no es quien para decidir por qué delitos se puede juzgar en España a los cinco huidos y por cuáles no, so pena de desatender la “euroorden” cursada por nuestro país. No es admisible que un tercer país influya o quiera influir en un proceso penal español. El juez belga estaba a punto de cumplir la petición si a los cinco no se les juzgaba por rebelión, o sedición en su caso, por supuesta falta de parangón en las leyes de ese país.

De no haberse retirado la orden de detención y entrega, se podía haber dado el absurdo jurídico de una respuesta penal diferente a procesados por el mismo presunto delito de rebelión (“Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, según el punto 5º del articulo 472 del Código Penal) ¿Sólo porque unos se fugaron y otros dieron la cara?

Ya no tiene sentido reclamar su detención, se supone que vendrán a tomar posesión ¿O van a dejar a sus votantes con tres palmos de narices?

También el juez Llarena se apropia de una prueba política que justifica la decisión judicial. Los cinco fugados son candidatos a las elecciones del 21-D. Y eso le sirve como parte de la coartada para retirar la orden de detención. “Los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España para tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”, dice en su auto.

Ergo, ya no tiene sentido reclamar su detención, pues se supone que vendrán a tomar posesión si son electos. O no. ¿O van a dejar a sus votantes con tres palmos de narices? La duda nos remite al teatro de la farsa, sobre cuyas tablas interpreta Puigdemont el papel de gran timonel que sueña con restablecer el gobierno legítimo de Cataluña y recuperar las estructuras de Estado derrocadas por Rajoy ¿Y el sueño caduca si sigue viva, como es el caso, la orden de detención de los cinco en cuanto pisen suelo español? Continuará.

Dos sartenazos en el bajo vientre del poco honorable 'expresident' de la Generalitat. Uno, la retirada de la euroorden, que le deja el andamio de su mesianismo pero le quita la escalera. Y dos, el artículo 23 del reglamento del Parlament, que le obliga a presentarse en Barcelona si quiere adquirir la condición plena de diputado. En otras palabras: cárcel o destierro.

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