El Estado, frente al peligro amarillo

Burdos desafíos al Estado revestidos de apelaciones a la legalidad, libertad de expresión y derechos de participación política que arrinconan el derecho del resto de ciudadanos a convivir

Foto: Manifestación independentista este domingo en Barcelona. (EFE)
Manifestación independentista este domingo en Barcelona. (EFE)

Se lo oí decir al fiscal Maza, dos semanas antes de morir: “El Estado deber ser magnánimo, pero no débil ni claudicante”. La frase está cargada de actualidad frente a las provocaciones del independentismo. La más reciente, proferida anoche por Puigdemont. Sostiene este prófugo de la Justicia que la aplicación del 155 fue ilegal. Y que “el Estado español no juega limpio”.

Viva está aún la mendaz y prevaricadora decisión del Parlament de querellarse contra el juez Llarena por prevaricación. El Estado contra el Estado por vía penal. Qué absurdo. Y de ayer mismo es la confiscación de la calle para doblar el brazo de la Justicia en favor de presuntos delincuentes exhibidos como “represaliados”, “presos políticos”, exiliados” y “rehenes”.

Son coartadas de la marea amarilla que inundó el Paralelo barcelonés por confluencia de cientos de autocares y trenes de cercanías procedentes de toda Cataluña. Menos multitudinaria de lo previsto. Ningún parecido con otras marchas ‘indepes’, a pesar de los añadidos 'transversales'. Léase Espai, otra 'marca blanca' del soberanismo, según cuenta Antonio Fernández en El Confidencial. Compañeros de viaje como UGT, CCOO, los comunes y grupos de muy distinto pelaje asociativo. No independentistas sino partidarios del diálogo y contrarios a la 'judicialización' del conflicto.

“Es momento de puentes y no de bloques”. Así justificaron los líderes de las dos grandes centrales sindicales la asociación con el nacionalismo tribal

“Estamos aquí porque es momento de puentes y no de bloques”. Así justificaron los líderes catalanes de las dos grandes centrales sindicales, Ros y Pacheco, la inesperada asociación de la clase trabajadora a la causa del nacionalismo tribal. Debió ser hiriente para muchos sindicalistas ver las históricas siglas mezcladas con banderas esteladas y los ataques al Estado. No les consolará entender que el sincretismo de la marcha de ayer puede haber sido el empujón que esperaba Puigdemont para asumir la búsqueda de un candidato viable y evitar las elecciones.

A la espera de ver si eso se confirma, según lo dicho desde Berlín por el ‘expresident’, la marcha volvió a ser otra provocación a la legalidad. Una nueva amenaza del peligro amarillo. Como los sucesivos intentos de sentar en la Generalitat a quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia. Burdos desafíos al Estado revestidos de apelaciones a la legalidad, libertad de expresión y derechos de participación política que arrinconan el derecho del resto de ciudadanos a convivir pacíficamente en un marco legal estable y no sometido al asalto de unos aventureros.

Torrent, en la manifestación de este domingo. (EFE)
Torrent, en la manifestación de este domingo. (EFE)

A Roger Torrent (ERC), presidente del Parlament, le pareció “inconcebible” que el juez Llerena no permitiera a Jordi Sànchez intentar la investidura por segunda vez. Pero lo inconcebible en cualquier cabeza ordenada es que un juez incumpla la ley y alfombre el camino de un presunto delincuente hacia la reiteración en el plan concertado para declarar la independencia en parte del territorio nacional.

Véase la extravagante interpretación que la recadera de Puigdemont y diputada de JxCAT Elsa Artadi hizo del reciente frenazo judicial a la investidura de Sànchez, uno de los máximos responsables de la trama civil por la Cataluña una, grande y libre. Artadi habló de “golpe de Estado en el que los jueces sustituyeron al Ejército”.Tal cual. Dicho en público, a la luz del día, con generosa cobertura mediática, mientras se habla de represión y “delitos inventados”.

Lo inconcebible en cualquier cabeza ordenada es que un juez incumpla la ley y alfombre el camino de un presunto delincuente hacia la reiteración

Se impone afrontar con cabeza fría esa valoración de los hechos, muy extendida en la parte del independentismo que no quiere recuperar el autogobierno sino vivir de la confrontación. En buena lógica, los costaleros de Puigdemont deberían estar encantados. Si la negativa de Llarena a permitir la investidura de Sànchez fuese un “golpe de Estado”, como ellos dicen, significaría que tienen al juez de su parte en la tarea de acabar con este Estado represor que encarcela a patriotas catalanes por sus ideas.

Pero el insensato discurso del secesionismo catalán está reñido con las leyes de la lógica, Y con las otras. Son sus dirigentes los que han probado con hechos, palabras y disposiciones que aspiran a dinamitar el vigente marco legal. Está documentado en la ley de transitoriedad, la de referéndum, la declaración de independencia, los llamamientos a la desobediencia y tantos actos sediciosos que han terminado partiendo en dos Cataluña y emitiendo señales de 'ulsterización'. De momento, solo visibles en el volquete de documentos, vídeos, fotografías y testimonios fehacientes que la Fiscalía alemana ha descargado sobre los despachos de la Audiencia territorial de Schleswig Holstein.

Al Grano

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