Llarena, "cruel y vengativo" según el soberanismo

El desconcierto tiñe de victimismo y lágrimas de cocodrilo el último ataque de contrariedad de los 'indepes' por la suspensión automática, provisional y tasada de seis diputados de su cuerda. Cinco encarcelados (Junqueras, Romeva, Sànchez, Rull y Turull) y uno declarado en rebeldía (Puigdemont), provisionalmente suspendidos en el ejercicio de sus funciones.

Los independentistas no pierden ocasión de arremeter contra la Justicia española. “Sigue haciendo política”, según Puigdemont. Otros dicen que atenta contra el fuero institucional del Parlament. Ignoran a sabiendas que, aunque no podrán ejercer temporalmente, conservan el acta y nada les impide delegar sus funciones en “otros integrantes de sus candidaturas”. Por tanto, las mayorías del Parlament siguen donde estaban.

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Su tramposo discurso vincula la decisión a un capricho del juez Llarena respecto a estos seis dirigentes procesados por rebelión. Tachan de “cruel” y “vengativo” al magistrado, sugiriendo además que actúa a las órdenes del Gobierno. Y desde Alemania, el expresidente de la Generalitat se permite aludir a la “falta de calidad democrática del Estado”.

No ha sido un acto arbitrario, sino estricta aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a presos preventivos sobre los que pesa un auto de procesamiento firme por presunto delito de rebelión. El juez instructor no podía hacer otra cosa al dictar el consabido auto de conclusión del sumario, casi nueve meses después de que el fiscal Maza (qepd) presentase las correspondientes querellas contra los responsables políticos y civiles del plan secesionista. El llamado 'procés', que culminó en la ilegal proclamación de la república de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

Otra mentira aireada en las últimas horas por los predicadores de la ruptura con España es que la suspensión automática y temporal de un preso preventivo (sin sentencia firme) solo es aplicable a delitos de terrorismo.

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Cierto que una sentencia del Tribunal Constitucional (199/1987) asimila el concepto de rebelión al de terrorismo. A saber: “La rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”. Pero también es verdad que, como es el caso, persiste la finalidad de atentar contra el orden constitucional. Y el juez Llarena encaja esa conducta en el tipo de 'rebelión', aunque no haya uso de armas de guerra o explosivos, según la moderna doctrina sobre el golpe de Estado 'posmodero'.

Eso le obliga a aplicar el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone la aplicación automática de la suspensión a terroristas, integrantes de banda armada o 'rebeldes' que estén encarcelados preventivamente. Son las tres excepciones sobre las que un juez puede dictar suspensión provisional de cargo público sin que haya una sentencia firme. En cualquiera de las tres, “el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

No veo por ninguna parte el retorno de los 'indepes' al autonomismo. Ni la voluntad de encontrar un encaje de Cataluña en el Estado

La reacción del independentismo a estos efectos del cierre del sumario por el 'procés', que ahora pasa a depender de la sala de lo penal del Tribunal Supremo en la llamada “fase intermedia”, me remite a lo que ya escribí el lunes pasado ("Sánchez-Torra: claves de la cita en Moncloa") sobre los gestos de confrontación del soberanismo que responden a los gestos de distensión del nuevo Gobierno socialista. Lo último es que el presidente del Parlament, Roger Torrent, podría proponer a la Cámara desobedecer al alto tribunal.

Así que no veo por ninguna parte el retorno de los 'indepes' al autonomismo. Ni la voluntad de encontrar un encaje de Cataluña en el Estado. La nube negra sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso, aunque lo asumamos con una sonrisa y hagamos como si avanzásemos en la solución del conflicto.