Montesquieu y el salto a la fama del juez Marchena

Si el Parlamento es bueno para elegir al Gobierno de la nación, también lo es para elegir al gobierno de los jueces (CGPJ)

Foto: Fotografía de archivo de Manuel Marchena. (EFE)
Fotografía de archivo de Manuel Marchena. (EFE)

La Justicia emana del pueblo. Por tanto, es razonable, legal, justo y necesario que al Consejo General del Poder Judicial lo nombre el pueblo a través de sus legítimos representantes. Pura lógica democrática. Si el templo de la soberanía nacional vale para elegir al Gobierno de la nación, también valdrá elegir a los miembros del gobierno de los jueces. Entre jueces, magistrados y juristas de prestigio. La Constitución dice 'entre' y no 'por'.

Eso no va contra la independencia judicial o el dogma civil de la separación de poderes. No nos empeñemos en mezclar poder judicial (uno de los tres poderes del Estado) con gobierno del poder judicial. Son extravagantes las alusiones a la muerte de Montesquieu en boca de quienes piden a los políticos que quiten sus manos de la Justicia. Confunden el fuero jurisdiccional (independencia, inamovilidad) con tareas básicas de inspección, nombramientos, ascensos y régimen disciplinario.

Por otra parte, los legítimos representantes de la ciudadanía, diputados y senadores, no son entes platónicos al servicio de una idea superior, sino piezas de unas maquinarias de poder facultadas como coartada del pluralismo. Hablo de los partidos políticos. Dado su carácter constitucional de instrumentos de participación y cauces de la voluntad popular, nadie debería escandalizarse si se ponen de acuerdo en los nombres de los 20 vocales llamados a ser elegidos por las Cortes Generales (10 en el Congreso, 10 en el Senado).

Sin embargo, eso sí, sobran los motivos para escandalizarse por la inclusión del presidente del CGPJ, que lo será también del Tribunal Supremo, en las negociaciones del Gobierno con el PP. Es técnica y estéticamente impresentable. A diferencia de los vocales, que han de ser directamente elegidos por mayorías cualificadas en cada una de las Cámaras, al presidente lo eligen directamente los vocales, unos días después de constituirse el Consejo (art. 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). ¿Cómo no escandalizarse si ha sido elegido sin electores? El nombre de Manuel Marchena ya estaba en boca de todos este lunes, sin que haya Consejo.

En otras ocasiones también se amontonaron en la negociación los nombres de los vocales con el del presidente, aunque sean dos procedimientos de elección diferentes. Pero se guardaron las formas. Es decir, se guardó el secreto. O ninguna de las partes lo desveló de forma explícita como ahora.

En el PP acusan al Gobierno de la filtración. Por imprudencia irresponsable, incompetencia, ingenuidad, y no por mala fe, dicen en Génova. Pero las aguas bajan turbias en ese sentido y servidor no descarta que en el Gobierno alguien esté jugando a aprendiz de brujo. Dicho sea por los antecedentes.

Una semana antes de que Moncloa y PP pactasen el nombre de Marchena, todavía presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en medios socialistas ya se había filtrado con la intención de quemarlo. Primero, a favor de una mujer (se hartaron de decirlo). Y segundo, porque se interponía en la política desinflamatoria de Sánchez en Cataluña. Algún cráneo privilegiado debió pensar que, a esos efectos, era mucho mejor tener a Marchena como presidente del Supremo y no como ponente en el venidero juicio del 'procès'. Así se entendería la facilidad con la que luego Sánchez aceptó un candidato tan bien visto por el PP.

Entonces también habría que atribuir a una precipitada valoración del soberanismo catalán su declarada hostilidad contra la candidatura de Marchena. Sobre todo si reparan en el perfil más ‘progresista' del magistrado Andrés Martinez Arrieta, quien remplazará a aquel como ponente en el juicio oral contra los 18 procesados por el intento secesionista.

Al Grano

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