Más razón que fuerza en el órdago español a la UE

No profieras amenazas si no estás dispuesto a cumplirlas. Una regla de oro. En la política internacional y en la vida. Ambas responden al resultado de una relación de fuerzas determinada por el tener y el saber. Lo siguiente es hacerlo valer. A ver si nos luce ser tan europeístas.

El entusiasmo de la UE y sus socios con la reclamación española sobre Gibraltar es muy escaso. Si la cuarta potencia económica en un club de 27 países echa un órdago por razones de 'interés nacional', el resultado debe compadecerse con esa relación de fuerzas. No se compadecerá si el desenlace es, como tantas veces, el derecho al pataleo o el premio de consolación.

He ahí los riesgos frente al estado de opinión en las cancillerías europeas, incluida la británica. No acaban de tomarse en serio la amenaza. Creen en el arreglo de última hora porque no se hacen a la idea de que España pueda permitirse reventar la cumbre convocada para el domingo en Bruselas.

Sánchez no debe claudicar ante la regla de que la cuerda siempre se rompe por la parte débil. Nos asiste el derecho internacional y la doctrina de la ONU

Las partes siguen negociando la forma de desactivar la posición española sobre los efectos del Brexit en Gibraltar. Se trata del veto a una declaración política (26 páginas y 147 apartados) basada en el respeto mutuo entre los dos ordenamientos legales, el británico y el europeo, después de haber colado 'con nocturnidad y alevosía' que el territorio de Gibraltar forma parte del ámbito territorial donde impera el ordenamiento británico.

Es decir, se ignora nuestro derecho a intervenir en la regulación de las futuras relaciones de la colonia británica con la UE. España pide que ese derecho se reconozca expresamente. Aunque sea en documento anexo, pero con efectos jurídicos. Y no en amables declaraciones verbales del negociador europeo, Michel Barnier, y la premier, Theresa May.

No hay prepotencia ni exceso en la postura española. Es la mera apelación a las directrices generales fijadas al principio de las negociaciones. A saber: "Ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido se aplicará a Gibraltar sin el acuerdo previo entre Londres y Madrid". Ese reconocimiento previo de nuestra última palabra sobre el estatus de un Gibraltar excluido de la UE se niega implícitamente en el artículo 184 del borrador de acuerdo de desconexión (el de las 585 páginas, que no necesita la unanimidad del Consejo Europeo), donde se declara el mutuo respeto a los respectivos ordenamientos legales.

No hay prepotencia ni exceso en la postura española. Es la mera apelación a las directrices generales fijadas al principio de las negociaciones

La posición de España es clara, firme y contundente. Exige la plasmación por escrito de dicho reconocimiento. Si no, la cumbre fracasará porque esa declaración política (no confundir con el acuerdo técnico para la desconexión) quedará rechazada por el veto español.

La posición de Moncloa hace muy visible a España en el terreno de las relaciones internacionales. Si el Gobierno de Sánchez mantiene la firmeza, expresamente apoyado por el principal partido de la oposición (las declaraciones de Pablo Casado, líder del PP son inequívocas), contribuirá a mejorar la autoestima de unos españoles resignados a ir de pardillos en el tablero de las relaciones internacionales.

Sánchez no puede claudicar en estas horas de intensas presiones sobre los negociadores españoles en Bruselas. No debe claudicar ante la averiada regla universal de que la cuerda siempre se rompe por la parte débil en una relación de fuerzas. Nos asiste el derecho internacional y la doctrina de la ONU, sobre el carácter Gibraltar como territorio pendiente de descolonización con derecho preferente (tratado de Utrecht, 1713) ante eventuales cambios en el estatus jurídico de la población de la roca.