Franco y el Cristo de Beobide, incompatibles

Nunca como ahora se había alterado tanto la serrana quietud del llamado Valle de los Caídos. Nunca desde que el gran Ignacio de Zuloaga encargase al escultor nacionalista vasco, Julio Beobide, un Cristo crucificado que representase en la basílica de Cuelgamuros la “conciliación entre los españoles”, tal y como le había pedido el general Franco, pero ocultando el nombre del cliente.

En una visita a Zumaya (verano de 1940), cuando Bildu, Pedro Sánchez y Vox todavía eran criaturas nonatas en las indescifrables entrañas del tiempo, el dictador se encaprichó del crucifijo que reinaba en la capilla de la casa solariega del pintor. Y quiso una talla gemela para el altar mayor de su proyectada basílica, sin importarle ni poco ni mucho que el artista fuese un declarado adicto a la causa del nacionalismo.

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Durante los últimos 44 años, la talla de Beobide ha escoltado la tumba de Franco. Pero hasta aquí hemos llegado, por decisión del Gobierno socialista, cautelarmente bloqueada por el Tribunal Supremo a instancias judiciales de la familia. Entiende Pedro Sánchez que Franco es incompatible con ese Cristo de la 'conciliación' cuyo rostro sereno no muestra dolor alguno y se ofrece lleno de paz.

Vienen a decir en Moncloa que solo es cuestión de tiempo el traslado de los restos del dictador para que dejen de reposar junto a sus víctimas. Lo que tarde el Tribunal Supremo en decidir sobre el fondo de la cuestión. Pero el Gobierno en funciones está convencido de que este recurso contencioso-administrativo de la familia Franco seguirá la misma suerte que los anteriores, todos desestimados hasta ahora.

Debe resolverse a la luz del principio de legalidad, sin que los intereses generales salgan perjudicados

Más allá de esta previsión voluntarista, es la propia resolución del Supremo la que centra el asunto en una pura colisión del interés particular de la familia con el interés público invocado por el Ejecutivo. Eso debe resolverse a la luz del principio de legalidad, sin que los intereses generales salgan perjudicados, ni siquiera por un excesivo retraso en decidir sobre el fondo de la cuestión.

Lo que legalmente es el interés general invocado por el Consejo de Ministros, que en agosto del año pasado decidió el traslado de los restos de Franco con un notable grado de improvisación y torpeza jurídica, políticamente es un problema de salud pública. El que cursa en el sentir de buena parte de la sociedad española como una deuda con la media España derrotada en la Guerra Civil y humillada por la otra media durante los 40 años de un régimen de infausta memoria.