Franco, un dictador mal enterrado
El Estado lo enterró y el Estado se dispone a desenterrarlo. Con buenos motivos. Nada tan irreprochable como la anteposición del interés general al de una familia
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No hay lugar para el enaltecimiento de un dictador en un sistema democrático. Muerto, pero mal enterrado. Ese era el problema. Ese es el problema todavía, 24 horas después de que el Tribunal Supremo haya respaldado la decisión del Gobierno de la nación, no contrariada por ninguna fuerza política de base parlamentaria, respecto a la exhumación y traslado de los huesos del dictador.
Mal enterrado, insisto. El principal responsable de la Guerra Civil, por implícito reconocimiento de quienes le glorificaron como 'caudillo' victorioso de media España contra la otra media, no podía, no puede, reposar junto a sus víctimas.
Un problema de salud pública. De respeto a la España vencida y humillada durante 40 años. Una exigencia debida a la memoria de miles de españoles asesinados por defender unas determinadas ideas. Y nada de eso debe quebrar la rima de 'memoria' con 'concordia', por utilizar los términos que con carácter excluyente suele manejar Pablo Casado, líder del principal grupo de la oposición.
El Estado lo enterró, el Estado se dispone a desenterrarlo. Con buenos motivos. Nada tan irreprochable como la anteposición del interés general al de la familia Franco. O al que pudiera esgrimir el prior benedictino del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, respecto a la pronta y discreta operación traslado que prepara Moncloa sin expresa autorización familiar.
Cantera es un digno sucesor del primer prior de la basílica, fray Justo Pérez de Urbel, adalid de aquel nacional-catolicismo que paseó a Franco bajo palio. Pero la voluntad de Cantera o de la comunidad benedictina de Cuelgamuros no prevalecerá sobre los poderes del Estado reconocidos por la Santa Sede en los acuerdos de 1979.
Un problema de salud pública. De respeto a la España vencida. En memoria de los miles de españoles asesinados por defender unas ideas
Tampoco puede prevalecer sobre una sentencia del máximo órgano jurisdiccional la paralizante disposición de un juzgado madrileño por falta de licencia municipal de obras y los riesgos físicos que entraña el levantamiento de mover la pesada losa que cubre los restos del dictador.
¿Y un recurso ante el Tribunal Constitucional? Ayer lo anunció el abogado de la familia Franco. Un recurso de amparo no exige suspender la ejecución de la sentencia contra la que se interpondría. Pero tampoco hay impedimento legal para que el Tribunal Supremo pudiera suspenderla por consideraciones de 'prudencia', a la vista de reciente jurisprudencia de esta misma sala de lo contencioso administrativo.
Un recurso ante el TC no exige suspender la ejecución de la sentencia. Pero tampoco hay impedimento legal para que el TS lo hiciera
Hecha esa salvedad, el Gobierno ya cuenta con la necesaria cubertura legal para proceder al traslado de los huesos de Franco al cementerio de Mingorrubio “lo antes posible” (Carmen Calvo 'dixit').
Cobertura jurídica para una decisión eminentemente política. Por supuesto. Como se acredita en el hecho de que no fuese asunto de “extraordinaria y urgente necesidad” cuando se puso en marcha por decreto-ley. Pero si es de justicia, siempre hay prisa. También de ley. Véase el apartado recogido en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica: “En el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”. Amén.
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