Ley Montero: el Estado, entre las piernas

La ley de libertad sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí', es la obra predilecta de la ministra de Igualdad, fletada en vísperas del Día de la Mujer (la obra, no la ministra) a mayor gloria de la causa feminista. “Esta es su ley”, dijo ayer Irene Montero.

De momento, un borrador peinado por los servicios técnicos del Ministerio de Justicia para, entre otras cosas, poner en lenguaje jurídico lo que parecía un discurso electoral. Ahora está pendiente de informe en el CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. Con polémica garantizada, incluso antes de que el Gobierno lo remita en su día al Congreso como proyecto de ley.

La regulación de la libertad sexual nace sesgada por una visión únicamente feminista. Y eso parece reñido con la igualdad entre hombres y mujeres

Lógico, porque se trata de otorgar al Estado licencia para meterse entre las piernas de un hombre y una mujer en forma de Código Penal. El Estado como árbitro en el ejercicio del derecho a la libertad sexual con nuevos supuestos delictivos cuya regulación, a mi juicio, nace sesgada por una visión exclusivamente feminista. Y eso parece reñido con el mantra progresista de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

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La propia Montero declaró ayer con naturalidad que son mujeres las inspiradoras del texto, sin perjuicio de los retoques masculinos aportados desde otros departamentos donde había imperdonables olvidos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los tratados internacionales firmados por España, solapamientos con otras leyes e invasión de competencias ajenas.

No creo que las soflamas de una ministra hiperventilada en el feminismo más gesticulante sean aconsejables en una revisión de tipos penales

Tampoco se compadece la pretensión de lo integral del anteproyecto con la insistencia en hacer “un país más seguro para las mujeres” protegiéndolas de la violencia machista. No creo que las soflamas de una ministra hiperventilada en el feminismo más gesticulante sean lo más aconsejable en una revisión de tipos penales. Como ha dicho la socialista Ángeles Álvarez, impulsora del pacto de Estado contra la violencia de género (2017), “las políticas de igualdad no pueden ser campos de pruebas para las ocurrencias de Podemos”.

Si además la ley se presenta en sociedad como “garantía integral de la libertad sexual”, no podemos reducirlo solo a tareas de prevención, acompañamiento y reparación de las víctimas. Lo integral incluye, o debería incluir, la función protectora del Estado frente a las agresiones sexuales (la figura del abuso desaparece), también entre mujeres (lesbianismo) y entre hombres (homosexualidad).

¿Qué papel regulador puede desempeñar el Estado en una práctica sadomasoquista denunciada 'a posteriori' como agresión por una de las partes?

Lo digo porque, uno, el anteproyecto se centra en las relaciones hombre-mujer, y dos, porque tanto el anteproyecto como las declaraciones de la ministra nacen cosidos al apriorismo discutido y discutible de la prevalencia del macho dominador frente a la mujer desvalida. Y aun dándolo por bueno, justo y necesario, lo discutido y discutible es que la victimización de la mujer solo pueda desactivarse mediante el inequívoco consentimiento, no necesariamente verbal.

Sin embargo, nada dice el texto sobre la agresión sobrevenida al consentimiento previo o la violencia física como voluntario acto de sometimiento en una relación sexual que pudo ser inicialmente consentida y finalmente denunciable.

¿Qué papel arbitral puede desempeñar el Estado en una práctica sadomasoquista denunciada 'a posteriori' como agresión sexual por una de las partes? Según el espíritu de la ley, al menos tal y como la explicó ayer la ministra Montero, consistirá en creer siempre a la mujer (no se contempla que el denunciante sea hombre, ni siquiera en una relación con otro hombre), si se remite a la ausencia de consentimiento expreso, inequívoco y concluyente. Pero, insisto, “no necesariamente verbal”.