El espeso caso del CNI, Corinna y Rey emérito

Un espeso expediente sobre el Rey emérito dormía en la Fiscalía Anticorrupción (archivado por “inviolabilidad”), pero el juez García Castellón quiere desempolvarlo. Por otra parte, Corinna Larsen, autodefinida como “comisionista”, se propone llevar a don Juan Carlos ante los tribunales británicos por “acoso y amenazas”. Y Unidas Podemos, ante una comisión parlamentaria de investigación, por “salud democrática”.

El asunto apesta. Y sorprende que cinco días después de la pormenorizada información de un diario suizo sobre el patrimonio secreto del ex rey de España, supuestamente aportado por Arabia Saudí y escondido en una fundación domiciliada en Panamá (hasta 100 millones de euros), nadie haya salido al paso de tan graves referencias al comportamiento del exmonarca cuando todavía ejercía como jefe del Estado.

Sanz Roldán ejerció y ejerce de 'guardaespaldas' del Rey emérito. Y aun ambos fuera de servicio oficial, don Juan Carlos no da un paso sin consultarle

No estoy seguro de que el silencio de Zarzuela sea el mejor modo de marcar distancias. Los españoles tienen derecho a saber la verdad de este maloliente caso en el que aparece implicado el CNI y su anterior responsable, el general Sanz Roldán, que ejerció y ejerce de 'guardaespaldas' del Rey emérito. Y aun ambos fuera de servicio, don Juan Carlos no da un paso sin consultarle.

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Carlos Prieto

Ni el Gobierno ni la Casa del Rey se han dado por enterados de lo que cuentan el 'Journal de Genève', por un lado, y Corinna Larsen por otro (¿un regalo de 65 millones de euros de su amigo el rey de España?). Solo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se ha limitado a recordar la inviolabilidad de don Juan Carlos por hechos anteriores al 19 de junio de 2014, fecha de la abdicación en favor de su hijo.

Lastra apela a la Constitución (art. 56) como dique de eventuales reproches penales y procesos indagatorios en el Parlamento, porque “la democracia es ley y cumplimiento de normas y procedimientos”. Pero también es ejemplaridad, transparencia y equilibrio de poderes, donde ninguno de ellos es absoluto. Detrás siempre hay un contrato. En este caso, de mutua confianza entre el Rey y los ciudadanos que hace innecesario el control, al darse por sentado que la conducta del jefe del Estado será irreprochable, en lo público y en lo privado.

Se apela a la inviolabilidad como dique de reproches penales y comisiones de investigación. La democracia es ley, pero también es ejemplaridad

Pero si los hechos lo desmienten, el contrato se rompe y hemos de revisarlo, porque “la salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes, para que la ejemplaridad presida el funcionamiento de las instituciones”, según irreprochable doctrina del propio rey Juan Carlos en su último mensaje navideño (diciembre de 2013).

La inviolabilidad, como el aforamiento, está pensada para impedir la arbitraria desestabilización de las instituciones por medios judiciales o políticos. No como blindaje de conductas personales de quienes las encarnan, las representan y sirven, porque entonces se estaría violando el dogma civil de la igualdad ante la ley (art. 14), clara y reiteradamente pregonado por el actual rey de España, Felipe VI, en referencia implícita a su cuñado, Iñaki Urdangarin, que cumple condena de cinco años y 10 meses de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, delito fiscal, fraude a la Administración y tráfico de influencias.