Juan Carlos I: la malversación del carisma

El relato de Corinna Larsen ante el fiscal suizo sobre los 65 millones de euros recibidos hace ocho años del entonces rey Juan Carlos, en prenda de gratitud, como quien regala un ramo de flores, para que ni a ella ni a su familia les faltase nunca de nada, produce incredulidad, estupor, rabia y bochorno.

El derecho a no decir la verdad en un investigado, por presunto blanqueo agravado de capitales, genera una historia inverosímil hilvanada en trucos societarios para camuflar el dinero caliente. ¿Dónde mejor que en el dulce regazo de ella, cuya residencia en Mónaco la hacía fiscalmente inaccesible?

A los ojos del ciudadano, hay dos lacerantes verdades en la declaración prestada por Larsen el 19 de diciembre de 2018. Una es constatar que “el tren de vida de don Juan Carlos lo financia el contribuyente español”. Otra, que “el Rey era muy discreto con respecto al estado de sus finanzas”. Aunque no estuviera en la intención de la declarante, son una burla al pueblo soberano, mezclada con la contrariedad que debe sentir al ver cómo nos madruga la Justicia de otro país.

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Quienes defendemos el sistema de monarquía parlamentaria como la mejor forma de garantizar los valores civiles (libertad, justicia, respeto a los derechos humanos, tolerancia, pluralismo, igualdad ante la ley, etc.) no podemos ni debemos contribuir a minimizar el escándalo. Defender ahora la exculpación o el olvido le haría un favor al Rey emérito pero no a la institución que representa.

El asunto tiene tanta carga moral y política que no proceden las razones técnicas, como las alegadas por los letrados de las Cortes respecto a la pérdida de inmunidad del personaje. Y mucho menos las razones patrióticas, compasivas o de gratitud. En cualesquiera circunstancias, salvar la cara del Reino siempre será más importante que salvar la cara del que fue Rey.

En capítulos diferenciados, los historiadores dejarán testimonio de cuándo sirvió a su pueblo y cuándo lo traicionó en la malversación de carisma

Razón de más para redoblar la apuesta en el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley como uno de los valores que inspiran o deben inspirar las actuaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en cuya jurisdicción recae el proceso indagatorio de la trama financiera (las famosas comisiones del AVE saudí) donde se enredaba la trama afectiva de Corinna y don Juan Carlos.

Las explicaciones de la examiga del Rey emérito confirman que en 2012, cuando el Gobierno Rajoy aprobó una amnistía fiscal destinada a aflorar el dinero negro de los contribuyentes, don Juan Carlos era uno de los 31.000 españoles que engañaban al fisco, pero el único amurallado ante las leyes fiscales en su condición de primer mandatario del país.

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Eso supone una doble malversación. La del privilegio de la inviolabilidad constitucionalmente reconocida (la perdió al abdicar en junio de 2014). Y la del carisma del hombre que trajo la democracia y luego la denigró con una reprobable conducta personal.

Conviene matizar: sea cual sea el desenlace de este culebrón, aunque arrastre el estigma del Rey que abusó de su posición para enriquecerse, don Juan Carlos seguirá teniendo su sitio en la historia como el hombre que abrió por dentro las puertas del franquismo para que entrase el aire fresco de las libertades democráticas. Y eso no da derecho al olvido ni al perdón de las irregularidades cometidas en sus ratos libres. En capítulos diferenciados, los historiadores dejarán cumplido testimonio de cuándo sirvió a su pueblo y de cuándo lo traicionó en lamentable malversación de su antiguo carisma.