Cambiar la ley del CGPJ: ¿algo más que una amenaza del Gobierno?

Espero que la rumoreada intención de modificar la Ley del Poder Judicial (1985) solo pretenda convencer al PP de que está constitucionalmente obligado a desbloquear la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018.

Las leyes sobreviven al cambiante juego político. No son herramientas adaptables a la voluntad del gobernante. Sánchez no debe ser Maduro. No sería serio cambiar las reglas del juego según el minuto y resultado de la lucha por el poder. Y menos cuando hasta la UE se muestra preocupada por la creciente politización del estamento judicial en España.

Dicho queda: la reforma sugerida por Moncloa (mayoría absoluta en vez de tres quintos de las Cámaras) politizaría más todavía la elección de los vocales del CGPJ, dando entrada a partidos-escolta, algunos de confesada desafección constitucional. La sistémica 'politización' vigente es la que quiso el legislador al endosar la tarea a una mayoría muy cualificada, precisamente para garantizar un consenso entre los dos partidos centrales del espectro, a derecha e izquierda.

Abierto el melón revisionista, el debate no se limitaría a exigir 176 diputados (o senadores) donde hora se exigen 210 para elegir los 20 asientos. Se llevaría a discutir sobre la constitucionalidad de la reforma, eventuales mecanismos de antibloqueo, quitar o poner funciones al órgano de gobierno de los jueces y, en fin, resucitar la vieja polémica sobre la extracción judicial de 12 de ellos, “entre jueces y magistrados”, como dice ahora la ley, o “por jueces y magistrados”, como sostienen los partidos de la derecha que debería decir.

Con la salud y el bolsillo seriamente amenazados en tiempos confusos, cargados de incertidumbre, los españoles presienten el drama social que anticipan los datos económicos. El país no está para fabricarse urgencias artificiales, encrespar aún más la vida política y distraerse de lo que realmente nos apremia. Vencer al virus. Controlar la pandemia. O, en palabras del propio discurso oficial, “doblegar la curva”.

No es tanto el Gobierno, donde las opiniones están divididas, sino los partidos-escolta del PSOE (bloque de investidura) los que plantean la reforma bajo los efectos del ataque de contrariedad por el bloqueo del PP. Es chocante oír a Jaume Asens, portavoz parlamentario de UP y declarado objetor del régimen del 78, cargando contra el “golpismo constitucional del PP”, al que acusa de corromper las normas de la democracia.

Me explico. El PP desatiende un mandato de la Carta Magna al bloquear la renovación del CGPJ. Conforme. También es un mandato que se haga por tres quintos. Lo uno y lo otro. Es verdad que el bloqueo altera el funcionamiento de las instituciones. Y deteriora la confianza de la ciudadanía en las mismas. Pero no más que el absurdo intercambio de pedradas entre Moncloa y la Comunidad de Madrid por cuenta de la pandemia. No más que los desaires del Ejecutivo al jefe del Estado. No más que unos ministros ciscándose en la Constitución y otros haciendo como si no lo vieran. Que un vicepresidente del Gobierno anunciando al líder de la oposición que jamás volverá al poder. O que un grupo separatista apoye con sus votos la estabilidad del Estado que quiere reventar.

El PP desatiende un mandato de la Carta Magna al bloquear la renovación. También es un mandato que se haga por tres quintos

Hay muchos precedentes de mandatos prolongados en órganos constitucionales por desacuerdo entre el partido que manda y el que aspira a mandar. Sin daño irreparable en las cuadernas del Estado. No es ninguna anomalía. Otra cosa es el proceso de intenciones al causante del bloqueo. Ahora el PP esgrime la indeseable participación de Podemos en el proceso renovador del CGPJ. Otros lo endosan, no sin motivos, el deseo de mantener una mayoría de vocales afines con anclaje en una legislatura del PP. Pero ese argumento ha saltado por los aires con los recientes nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, donde se ha rozado la unanimidad en las votaciones.

De los nueve vocales afines a la izquierda, siete coincidieron con los afines a la derecha (los otros dos votaron en blanco) a la hora de cubrir las seis vacantes congeladas por falta de renovación del CGPJ. Entendieron que por encima de sus afinidades ideológicas está el sentido común. Podemos pasar con un CGPJ en funciones sin que se desmorone el edificio constitucional. Pero las vacantes afectaban al funcionamiento de la Justicia al máximo nivel. Y eso no podía esperar.