Al Grano
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Eutanasia: por fin, el derecho a morir con dignidad
En medio del 'pedropablismo' de la política, un avance real en derechos y libertades. A cinco minutos del BOE está la ley que reconoce este derecho sin que el Estado lo prohíba
Paso adelante en el derecho a morir dignamente en el marco de la sanidad pública. Entre tantas querellas partidistas en la lucha por el poder, por retenerlo o conquistarlo, he aquí un avance contante y sonante en derechos y libertades. Estamos a cinco minutos de ver en el BOE una ley que reconoce el derecho a morir sin que el Estado, la familia o la Iglesia puedan impedirlo.
Sobre el barato 'pedropablismo' de la política nacional se alzan realidades sociales tan venturosas como la tolerancia con el diferente, la ramificación de la fibra óptica o nuestra primacía en donación de órganos. A eso voy. Un país puntero en el mundo a la hora de salvar vidas está sobradamente maduro para asumir y regular el derecho a una muerte digna.
La iniciativa legislativa responde a una demanda de la sociedad. Por no decir a un clamor. Así lo reflejará la amplísima mayoría parlamentaria (200 diputados de los 350 que forman el Congreso), que aprobará la ley de eutanasia en el pleno de la semana entrante, antes de pasar por el Senado, donde también está asegurada la mayoría de respaldo a la proposición socialista.
Una vez más, en materia de libertades, la sociedad va por delante de su clase política, a juzgar por las encuestas que elevan hasta el 89% de la ciudadanía (Metroscopia, julio 2019) el nivel de conformidad con el derecho de un enfermo incurable a irse de este mundo de forma libre, consentida, informada y voluntaria (con peticiones fehacientes y reiteradas), como alternativa a un final doloroso para él y su familia.
Un país puntero a la hora de salvar vidas (donación de órganos) está sobradamente maduro para asumir este derecho
"La dignidad de vivir incluye la de morir", tiene dicho Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica. Es la letra y el espíritu de la ley de eutanasia que, después de haberse quedado en la nevera del PSOE (Gobierno Zapatero) por las elecciones anticipadas de 2011, empezó a tramitarse en tercer intento a principios de año, inmediatamente después de constituirse el Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias.
Ya era hora. España está a punto de figurar entre los seis únicos países del mundo en los que está despenalizada la eutanasia y el suicidio asistido. Como en el caso del aborto, regular no es obligar. El Estado no obliga a nadie a irse de este mundo, pero ni el Estado ni nadie puede obligar a nadie a vivir en contra de su propia voluntad. El individuo es soberano de su propia vida. Incluido el suicidio, respecto al que al Estado solo podría castigar a título póstumo. Y hasta aquí hemos llegado desde las tablas de Moisés, en ninguna parte está escrito que sea obligatorio vivir con sufrimiento.
La persona es soberana de su vida. No es obligatorio vivir con sufrimiento
Más allá de la capacidad regulatoria de los poderes públicos, que en este caso va a alumbrar una ley supergarantista en la práctica del suicidio asistido médicamente, a mi juicio, el asunto es básicamente privado, de rango moral y estricta dimensión humana. Por eso conviene prevenirse frente la contaminación política, ideológica o religiosa del debate que ha dado lugar a no pocos excesos dialécticos.
Aunque la sobrada mayoría que apoya la ley ya se ha conformado en el paso del proyecto por la Comisión de Justicia del Congreso, esos argumentos volverán a repetirse en el debate final de la semana que viene. El PP, por ejemplo, habla de "ingeniería social" y apuesta por los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia, mientras que Vox habla de "asesinato" y acusa al Gobierno social-comunista de haberse convertido en "señor de la vida y de la muerte". Sin comentarios.
Paso adelante en el derecho a morir dignamente en el marco de la sanidad pública. Entre tantas querellas partidistas en la lucha por el poder, por retenerlo o conquistarlo, he aquí un avance contante y sonante en derechos y libertades. Estamos a cinco minutos de ver en el BOE una ley que reconoce el derecho a morir sin que el Estado, la familia o la Iglesia puedan impedirlo.