Claves de la crisis que enfrenta al Gobierno con los jueces
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Antonio Casado

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Claves de la crisis que enfrenta al Gobierno con los jueces

Temerarias acusaciones contra el CGPJ por no esperar a que el Congreso le prohíba hacer nombramientos si está en funciones. Según Carmen Calvo, eso es cuestionar la democracia

placeholder Foto: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Tarea pendiente de los partidos políticos es renovar el Consejo General del Poder Judicial. Con más de dos años en funciones por causas ajenas a su voluntad, sigue obligado a garantizar el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Y hace su trabajo a la espera de que el Parlamento haga el suyo.

En ese sencillo esbozo de la crisis que tensa el trato de Sánchez con los jueces, encajan los nombramientos efectuados en el último pleno del CGPJ (presidentes de cuatro tribunales) y se estrellan las osadas tesis del Gobierno que, por boca de la vicepresidenta Calvo, acusa al órgano judicial de poner en solfa la democracia y no respetar al Congreso.

El CGPJ no puede ser caballo de Troya de los enemigos del sistema. E impedirlo conecta con la voluntad del constituyente

Dos reproches temerarios e injustos. Demasiado gruesos como expresión de un ataque de contrariedad porque los nombramientos no esperaron a que el Congreso se los prohíba a un CGPJ en funciones (no caducado). Enorme atrevimiento es convertirlo por eso en un enemigo de la democracia. Y no menor es el desatino de confundir la voluntad del Congreso con una simple iniciativa legislativa pensada para que el PP retire las excusas que frenan la renovación.

Las excusas de fondo son de mayor cuantía. Muy discutible la que encargaría a los propios jueces y magistrados la elección de los 12 jueces y magistrados como vocales del CGPJ. No la comparto en absoluto. En cambio, parece razonable el veto a Podemos. Nos remite al espíritu y la letra de la Constitución. Sentido común: el CGPJ no puede ser caballo de Troya de los enemigos del sistema. E impedirlo conecta con la voluntad del constituyente. Por eso impuso una mayoría de tres quintos para la elección parlamentaria de los 20 vocales.

Parece muy osado que Iglesias, líder de la cuarta fuerza política, busque en el CGPJ un espacio más de su particular guerra contra el bipartidismo

La conformidad de las dos fuerzas centrales cerraría el paso a la subversión del sistema y haría imposible la entrada en la dirección del Estado de quienes tratan de dinamitarlo. En ninguna parte está escrito que se les prohíba entrar. Es legal, es legítimo, pueden hacerlo, por supuesto, pero solo de conformidad con los pilares del orden vigente, el izquierdo y el derecho. Eso sí está escrito. Y reza para las fuerzas en los extremos del arco parlamentario. Aquí y ahora, Vox y Podemos, partidos-escolta de los dos grandes. Así que parece muy osado que el vicepresidente del Gobierno y líder de uno de ellos, Iglesias Turrión, busque en el CGPJ un espacio más de su particular guerra contra el bipartidismo.

Frente a las apelaciones de Moncloa al pluralismo, el PP rechaza la participación de UP en las negociaciones para renovar el CGPJ y declara la guerra política y mediática a los componentes de la diada "republicana" y "plurinacional" (UP, ERC, Bildu), mientras la vocación inclusiva del Gobierno otorga a sus aliados los beneficios del pluralismo.

El pluralismo democrático no puede convertirse en herramienta desestabilizadora de quienes pregonan su intención de desestabilizar

La pluralidad es un valor a proteger. De acuerdo. También lo es la estabilidad. Incluso por encima. El pluralismo democrático no puede convertirse en herramienta desestabilizadora de quienes pregonan su intención de desestabilizar. Y en eso no engañan a nadie. Sin embargo, el Gobierno se esfuerza en incorporarlos a la normalidad democrática. Y usa la iniciativa legislativa del PSOE, no la suya (un proyecto de ley requiere el informe preceptivo del propio CGPJ), para cambiar las reglas del juego.

Cambiarlas en medio del partido a voluntad del reformador es una forma de filibusterismo político mediante la interferencia de un poder del Estado en el fuero de otro. El movimiento de Moncloa es descarado. Como el PP no se sienta a negociar la renovación de los 20 vocales, se echa mano de reformas oportunistas 'ad hoc' y al CGPJ se le cortan las alas mientras esté en funciones. El riesgo de colapso en el funcionamiento de la Justicia es evidente. Por cierto, que en estos momentos hay una treintena de plazas de magistrados que están vacantes y pendientes de ser cubiertas.

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