Desencierro y confusión del día después

El estado de alarma caducó en el salto del sábado al domingo. A nadie se le ocurrió que cayese en lunes. Así que el hambre atrasada de normalidad se empachó de abrazos, botellones de fin de semana y ganas de comerse la vida a besos.

Lo que no ha caducado, atención, es la pandemia. Las medidas restrictivas (toques de queda, cierres perimetrales y limitaciones de aforo, básicamente) van a seguir siendo necesarias en algunas zonas del territorio nacional, aunque solo se aplicarán si los jueces las autorizan.

Algo falla cuando en un problema de salud pública, por incomparecencia sobrevenida del Gobierno, acaban mandando más los jueces que los médicos y los expertos. Un despropósito. Por el desencierro a la confusión. O al caos. Si los tribunales superiores de las comunidades autónomas se contradicen (véase Euskadi y Baleares, por ejemplo), o responden de distinta manera a una eventual extralimitación del gobernante territorial, es que la norma no está clara. No es culpa de los jueces, que se enfrentan a la pandemia con herramientas averiadas o insuficientes, sino de los legisladores, o de quienes tienen la iniciativa legislativa para hacer leyes claras o reformar leyes ambiguas.

Algo falla cuando en un problema de salud pública acaban mandando más los jueces que los médicos y los expertos

No hay tiempo para contar con la unificación de doctrina en el Tribunal Supremo. Eso va para largo. Ahora la secuencia nos acorrala: si el desencierro supone movilidad y la movilidad supone contagios, nos la estamos jugando de nuevo. De esa lógica solo nos salvan las vacunas, siempre que vayan más deprisa que los contagios.

¿Está el Gobierno, como principal comprador de viales, en condiciones de garantizar que, efectivamente, los pinchazos van a ganar la carrera a los contagios cuando en la mayor parte de España ya se ha decretado el desencierro?

La pregunta viene cargada de intención porque, con unos planes de vacunación que necesitan al menos 100 días más para llegar a todos los adultos, ya no solo está en juego la salud de los españoles. También está la capacidad de los gobernantes para defenderla. Y si por desgracia volvemos a las andadas con una nueva ola de contagios, me parece que nadie culpará al Tribunal Supremo.

Una secuencia nos acorrala: si el desencierro supone movilidad y la movilidad supone contagios, nos la estamos jugando de nuevo

Estamos ante un culebrón político de mayor cuantía. Una incomprensible, absurda e innecesaria forma de poner a prueba el funcionamiento del Estado de derecho. Hasta ahí hemos llegado, señores, por razones no bien explicadas en Moncloa, cuya doctrina se reduce a un emplazamiento tan grosero como este: “El que quiera estado de alarma que se lo curre”. Aunque sea con medidas de hecho no previstas en el derecho, lo cual es un contradiós.

Cualquier cosa, en fin, con tal de evitar otra votación incierta en el Congreso que retrate la fragilidad de las alianzas parlamentarias de este Gobierno. Tal y como han hecho las cosas Pedro Sánchez y su equipo, el desencierro desborda el marco sanitario y pone en manos del poder judicial un problema (desarme jurídico de las comunidades autónomas) que debió haber sido resuelto por el engranaje natural del ejecutivo y el legislativo a la hora de poner en mano de las autonomías las armas legales de lucha contra la pandemia sin recurrir a la legislación extraordinaria (alarma, excepción, sitio, guerra).

Y mientras un encogido Pedro Sánchez se encomienda a santa vacuna del niño Jesús, el crecidito líder del PP, Pablo Casado, no ha perdido ni un minuto en endosarle por anticipado toda la culpa de una nueva ola de coronavirus. No ha sido el único que lo ha hecho en los circuitos políticos y mediáticos del país. La sesión de control del miércoles en el Congreso va a ser de alquilar balcones.